Al sureste de la Comunidad de Madrid hay un colegio privado concertado que ha hipotecado dos veces en 10 años el suelo público sobre el que se asienta para obtener más de 14 millones de los bancos, según datos obtenidos en el registro de la propiedad. No es una excepción. Los concursos que acaba de abrir el Gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso, para levantar dos nuevos centros en sendas parcelas públicas valoradas en más de 11 millones de euros recogen la posibilidad de hipotecarlas para obtener fondos con los que impulsar las obras. Y fuentes del sector reconocen que financiar el negocio privado con la parcela pública como garantía es una práctica habitual. Además de fácil. Los bancos reciben con los brazos abiertos a los peticionarios que buscan liquidez para impulsar su aventura educativa: tienen garantizada la explotación de los terrenos públicos durante décadas (hasta 75 años); la Administración se compromete a financiar las etapas educativas concertadas; y además se pueden obtener más ingresos con los que pagar el crédito a través de la apertura de etapas educativas privadas puras que sufragan directamente las familias.

“Si, efectivamente, las parcelas se hipotecan como garantía de los préstamos para la construcción del edificio, está recogido y permitido en los pliegos de condiciones de cada concurso”, confirma un portavoz de Educare, empresa referente en el sector de la gestión de los colegios concertados, que es titular de seis centros de ese tipo construidos sobre suelo público en la Comunidad de Madrid. Y añade: “Pero al final de la concesión, se tiene que entregar el edificio libre de cargas [pues debe pasar a ser patrimonio público]”.

El negocio es redondo. Como garantía se emplea un suelo que no es propiedad del concesionario, que normalmente está valorado en millones de euros, y por el que los colegios privados concertados pagan (cuando pagan) un canon medio mensual de 1.500 euros a la administración pública concesionaria. Una práctica permitida por los pliegos de condiciones que rigen las cesiones de las parcelas, y que redacta generalmente la Comunidad de Madrid.

“Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones y sobre la propia concesión solo podrán ser hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada”, se lee en los pliegos que regulan el concurso que impulsa el Gobierno de Ayuso para construir los primeros colegios privados concertados de la región desde 2013. “En todo caso, para constituir la hipoteca será necesaria la previa autorización de la autoridad competente para el otorgamiento de la concesión”, se añade. “Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la extinción del plazo de la concesión”, se subraya. Y se remata: “Al término de la concesión, la totalidad de las obras e instalaciones revertirán de pleno derecho a la Comunidad de Madrid, las cuales, deberán estar en perfecto estado de conservación y libres de cualquier carga o gravamen”.

Negocios paralelos

Como avanzó EL PAÍS, el Gobierno de Díaz Ayuso inició en noviembre el concurso para ceder a coste cero dos parcelas valoradas en más de 11 millones de euros en las que las empresas ganadoras deberán construir sendos colegios privados concertados que explotarán durante al menos 40 años, pues la concesión podrá llegar hasta los 75. La decisión, que afecta a las zonas de Valdebebas y Vallecas, marca un punto de inflexión en la política de los Ejecutivos regionales. Así, no solo retrotrae a la Comunidad de Madrid a los tiempos de los presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, puesto que Madrid llevaba sin culminar una iniciativa similar desde 2013. También lleva al Gobierno regional al choque con el central, opuesto a este tipo de prácticas. Y, en consecuencia, provoca las críticas de la oposición sobre el fondo y la forma de la operación, incluyendo que se hipotequen fincas públicas para financiar proyectos privados.

“Es inaceptable utilizar la cesión de suelo público para obtener financiación”, opina María Pastor, de Más Madrid. “Quienes se presentan a estos concursos deben demostrar su solvencia económica [en los casos más recientes con un volumen anual de actividad económica por importe igual o superior a 250.000 euros] y no puede ser que además de regalar suelo público a 40 años, se permita que se hipoteque para el negocio privado”.

“Con el modelo de Ayuso, la educación en Madrid se ha vuelto un negocio”, critica Marta Bernardo, del PSOE. “Empezando con la cesión de las parcelas, por el ridículo pago de 1.500 euros al mes, o incluso de manera gratuita, como en los últimos dos casos que hemos conocido”, añade. “Y siguiendo con que, una vez construidos, se permita la ampliación del negocio a los constructores con negocios en paralelo: alquiler de espacios deportivos, restaurantes…”, recuerda. “Esto tiene que ver en realidad con el negocio de “algunos”. ¿O es que alguien cree que una empresa invierte en la construcción de un centro educativo sin esperar un beneficio empresarial?”, se pregunta.

Una apuesta de los sucesivos gobiernos del PP por los privados concertados que tiene consecuencias, alerta Alejandra Jacinto, de Podemos: “En ningún caso velan por garantizar los derechos constitucionales a la educación o la sanidad, si no en profundizar un plan de negocio que como resultado arroja datos como que en Madrid capital ya hay más alumnos en la privada concertada que en la pública o más seguros sanitarios privados que en cualquier otra Comunidad Autónoma. El Partido Popular antepone los intereses comerciales de sus empresas afines en vez de garantizar los servicios públicos esenciales en la región”.

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