Una comisión del Parlamento Europeo analizará sobre el terreno la situación del castellano en las escuelas de Cataluña

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), una institución que actúa como ventanilla de atención al ciudadano para que estos puedan presentar demandas o denuncias ante la institución parlamentaria europea, enviará una misión a Cataluña para analizar la situación de la enseñanza del castellano en las escuelas catalanas, según ha anunciado este martes su presidenta, Dolors Montserrat.

La misión, solicitada por Ciudadanos, que denuncia una “persecución del español en la educación catalana”, debería viajar en el segundo semestre de 2023, en una fecha aún por concretar, para no interferir en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Aun así, coincidirá con la presidencia española de la UE en la segunda mitad del año que viene y, probablemente, con la convocatoria de elecciones generales, lo que supondría contravenir las normas del Parlamento Europeo en esta materia, ha advertido la eurodiputada socialista y coordinadora de su grupo en el PETI, Cristina Maestre, que ha adelantado a EL PAÍS su intención de recurrir la visita. Lo que sí se celebrará en el primer semestre de 2023 será una sesión informativa, con distintas comparecencias para abordar la situación de la lengua española en Cataluña, algo a lo que han dado su visto bueno todos los grupos.

Ciudadanos había solicitado esta visita para denunciar lo que considera un incumplimiento de las sentencias judiciales que obligan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo.

El envío de la misión fue acordado a puerta cerrada antes de una sesión pública por los coordinadores de los grupos políticos que conforman esta comisión, que tiene escaso peso fáctico en el entramado institucional europeo, pero que sirve para ejercer presión política, sobre todo ante los gobiernos nacionales. La eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha sido de hecho acusada en varias ocasiones de usar esta comisión para avanzar los intereses de su partido y llevar a Bruselas, por medio de la denominada comisión PETI, el debate de la oposición española. Una nueva queja formal al respecto —la primera carta data de diciembre de 2020— fue enviada a finales de septiembre a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por Socialistas, Verdes y La Izquierda, que acusaron a Montserrat de actitud “negligente y parcial” durante una votación que afirman impuso en septiembre sobre una petición para debatir el escándalo de abuso de menores relacionado con Mónica Oltra y que presentada por la portavoz del PP en Valencia, lo que además constituye, según los denunciantes, un “flagrante conflicto de intereses”.

La decisión de imponer esta visita en la agenda de este martes, que según Maestre provocó un “debate encendidísimo y muy agrio” entre los coordinadores por contravenir los acuerdos de no enviar misiones a un país en año electoral, demuestra una vez más, dijo en conversación telefónica, el “uso abusivo” de esta comisión por parte de Montserrat y el PP “para hacer ruido y adelantar una estrategia política” nacional en instancias europeas. Es la tercera vez que se trata el tema del catalán en esta comisión, cuando hay “miles”de peticiones ciudadanas pendientes de ser atendidas incluso desde hace décadas, denuncia la eurodiputada socialista.

Por el contrario, la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles e impulsora de esta visita, ha celebrado la decisión. “La angustia por la desprotección, la discriminación y el acoso que sufren a diario estos niños y familias esinjustificada en una Europa democrática”, dijo en un comunicado. También el PP destacó una misión de investigación que, según la eurodiputada Rosa Estaràs, se ha logrado “gracias al liderazgo y a la fuerza del Partido Popular”.

“El Gobierno de España está ausente frente al flagrante ataque al Estado de Derecho que está cometiendo la Generalitat catalana. Esta misión hará posible las familias afectadas sean escuchadas en toda Europa cuando reclaman los derechos de sus hijos”, ha agregado en otro comunicado.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo permite a los ciudadanos remitir sus quejas sobre incumplimientos del derecho de la UE por parte de los distintos Gobiernos nacionales. Está presidida por la española Dolors Monterrat, eurodiputada del PP, cuyos rivales han afeado reiteradamente que utilice esta comisión para atacar al Gobierno español desde Bruselas.

La misión parlamentaria debe permitir a los eurodiputados conocer de primera mano cómo los centros educativos aplican la legislación vigente sobre usos lingüísticos así como las sentencias emitidas. En Cataluña, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y varias entidades contrarias al sistema de inmersión lingüística en castellano denuncian el incumplimiento de las sentencias que obligan a que al menos el 25% de las clases sean en castellano. La Generalitat reaccionó a estas sentencias el pasado verano aprobando una nueva legislación que impide fijar cuotas lingüísticas de ningún tipo y que está siendo examinada por el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, al menos de manera oficial, no se está aplicando el 25% de castellano a excepción de una docena de centros sobre los que sí pesa la orden judicial de impartir este porcentaje en español.

La misión parlamentaria también la han reclamado las organizaciones constitucionalistas y defensoras del bilingüismo en la educación en Cataluña, con el fin de que el Parlamento Europeo analice, según Ciudadanos, “la violación de los derechos civiles de los alumnos que han solicitado judicialmente cursar sus estudios también en español y no solo en catalán, y que ven anulados sus derechos”. Varias de estas organizaciones explicaron su situación el pasado 12 de octubre en la Eurocámara en una jornada organizada por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua.

Precisamente, el pasado jueves, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, le pidió al presidente catalán, Pere Aragonès, que la Generalitat cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que un 25 % de las clases sean en castellano, durante el encuentro que mantuvieron en Bruselas. Según informaron fuentes comunitarias, “Reynders subrayó la importancia de aplicar las sentencias de los tribunales”, mientras que Aragonès “le explicó las cuestiones relacionadas sobre el uso de las lenguas en las escuelas en Cataluña”.

Por su parte, fuentes del entorno de Aragonès, mantienen, no obstante, que el comisario no le pidió expresamente al presidente el cumplimiento de la sentencia del 25 % del castellano, sino que le trasladó una petición genérica de que las leyes deben cumplirse, algo que según las citadas fuentes, la Generalitat está haciendo, por el acuerdo entre ERC, JxCAT, PSC y Comunes para cambiar la ley. Actualmente, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la sentencia de la lengua, después de que aceptase a trámite el recurso del PP y Cs contra el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación.

PP y Cs recurrieron varios artículos del decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para proteger así a los directores de centros, y evita hablar de porcentajes. Dicho decreto fue aprobado por el Govern cuando faltaba un día para que expirase el plazo del TSJC para aplicar la sentencia del 25 % de castellano en las escuelas catalanas

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