Una sucursal del debate político español en la Eurocámara

De todos los puestos del Parlamento Europeo a los que Dolors Montserrat podría haber aspirado, la exministra y cabeza de lista del PP en las elecciones europeas de 2019 sorprendió a muchos cuando solicitó presidir la Comisión de Peticiones, considerada de segundo nivel y de casi nula pegada legislativa. A otros la decisión no les sorprendió tanto: este órgano de la Eurocámara, al que los ciudadanos pueden remitir sus quejas sobre incumplimientos del derecho de la UE por parte de los distintos Gobiernos nacionales, ha sido tradicionalmente un cuadrilátero para la trifulca española, y tiene la ventaja de que en ocasiones permite convertir simples peticiones ciudadanas en grandes titulares en la prensa.

La comisión, conocida por las siglas PETI, es desde hace años una golosina para los eurodiputados españoles de distinto signo (entre otras cosas, porque los españoles están entre los ciudadanos europeos que más quejas presentan). Y eso se ha mantenido —o, según sus adversarios, se ha disparado— durante la presidencia de Montserrat.

“Usa la Comisión como una herramienta partidista en España”, sostiene la eurodiputada danesa Margrete Auken, portavoz del grupo de los Verdes en el órgano.

“Esto ha sido una tendencia durante varios años. Pero ahora se ha desarrollado de forma dramática”, afirma Auken, que es miembro de la comisión desde 2007 y que este pasado verano dirigió un correo electrónico incendiario a la presidenta acusándola de estar “matando” el “espíritu” del órgano al huir de los consensos.

Cristina Maestre, eurodiputada del PSOE y vicepresidenta de la PETI, abunda: “Montserrat está utilizando la comisión para meter el ojo en el dedo del Gobierno [de Pedro Sánchez]”. Pone como ejemplo dos peticiones ciudadanas contra la gestión de la pandemia, presentadas por un abogado llamado Sergio Santamaría Santigosa que resultó ser, además, exparlamentario autonómico del PP catalán; sus peticiones lograron entrar a debate, a pesar de que la secretaría de la comisión recomendó no admitirlas. Y finalmente se convirtieron en titular en algunos medios, que hablaron de una supuesta investigación por parte de la UE sobre la gestión sanitaria de Pedro Sánchez.

Esta misma semana, previsiblemente mañana martes, la comisión presidida por Montserrat se adentra en otros dos asuntos espinosos para el Gobierno español: Venezuela y ETA. Analizará, por un lado, una petición ciudadana sobre el aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y su encuentro con el ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, un asunto que cuajó en la batalla política a principios de año, hasta que la pandemia cambió el rumbo; por otro, se estudiará una antigua petición sobre los asesinatos sin resolver de ETA. Esta se remonta a 2016 y ya ha sido debatida, pero ha regresado a la agenda gracias al voto de los populares europeos, los liberales de Renew y los conservadores y reformistas.

Desde que Montserrat la preside, aproximadamente una de cada cinco peticiones debatidas en la comisión ha sido sobre España. El PP, no obstante, replica con otro dato: durante los últimos tiempos de la anterior presidencia, ejercida por la liberal sueca Cecilia Wikström, el flujo de peticiones españolas era aún mayor. Y es que, en realidad, lo de los ciudadanos españoles como fuente de quejas ante la UE es una verdadera rareza que pocos logran explicarse: España ha batido récords de peticiones presentadas: acumula 2.265 reclamaciones a la PETI en los últimos 10 años, por encima de Alemania (2.245) e Italia (1.975), ambos con más población. En esto están todos de acuerdo: “España es la campeona de las peticiones”, dice la veterana política letona Tatjana ŽDanoka, también de Los Verdes y vicepresidenta de la comisión. “España ha sido nuestro principal cliente”, añade Auken, en cuyo país, según cuenta, a nadie le interesa demasiado este organismo. Pero enseguida vuelve a la carga: “El problema es el sesgo político de la presidenta”.

“Completamente neutral”

Danoka subraya que el maridaje entre quejas ciudadanas y política nacional “no es algo nuevo” en la PETI. En su opinión, el uso sesgado ha sido “bastante habitual” en el pasado. “Ahora es más intenso”, opina. Y protesta por el “doble rasero” de Montserrat en la admisión a trámite de determinados temas: entran más fácilmente cuando tienen que ver con España y ponen en aprietos a sus rivales políticos, sostiene.

“Quiero que quede muy claro: la presidencia es completamente neutral”, se defiende en conversación telefónica Dolors Montserrat. “Siempre he sido ecuánime”. Y puntualiza que no es ella quien toma la decisión final. “La presidencia propone. Quien decide qué peticiones se discuten son los coordinadores [portavoces de los grupos políticos, que han de votar las propuestas]”, explica. Montserrat asegura que muchas votaciones son consensuadas. “Hay mucha mayoría, unanimidad y acuerdo”, dice, y añade que se tienen en cuenta temas como el de Venezuela “porque vulneran normativa europea [una decisión del Consejo Europeo que prohibía la entrada de ciertos políticos venezolanos en territorio de la UE]”.

La exministra del PP explica qué le atrajo de la comisión que preside cuando aterrizó en Estrasburgo, tras años batiéndose el cobre en la política nacional: España, cuenta, es uno de los países con mayor “sentimiento europeísta”, y el órgano que preside “acerca de verdad las instituciones europeas a la ciudadanía”. Los socialistas, sin embargo, denuncian que da prioridad a los temas españoles. Así, afirman, los alemanes lideraron con 203 el número de peticiones ciudadanas presentadas en 2019, pero de momento solo se han visto 25; mientras que de las españolas, la segunda nacionalidad con más peticiones en 2019 (164), se han debatido ya 45.