Bronco debate en el Parlamento europeo por el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez

La bronca política en torno a la controvertida escala en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha aterrizado este martes en Estrasburgo ante el desinterés de una gran mayoría de eurodiputados. Con la tribuna del Parlamento Europeo semidesierta, y en un debate áspero con fuerte acento español —origen de nueve de los 10 intervinientes programados—, Ciudadanos, el PP y Vox han reclamado a las instituciones europeas que tomen medidas contra España por permitir a la dirigente chavista entrar al país en la madrugada del pasado 20 de enero y reunirse con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Los tres partidos estiman que el Gobierno de Pedro Sánchez incumplió así las sanciones comunitarias vigentes contra los altos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro que, entre otras restricciones, tienen prohibido pisar suelo europeo. Y criticaron que si cualquiera puede violar las normas, su existencia carece de sentido.

Otro español, el vicepresidente de la Comisión Europea y su alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, fue el encargado de dar la réplica, trasladando así aún más la sensación de que la trifulca sucedía en la carrera de San Jerónimo y no en la capital alsaciana. El político socialista negó que la Comisión Europea sea competente para abrir un procedimiento de infracción a España. Pero admitió que hay otros organismos que sí tienen competencias para pedir explicaciones a La Moncloa. "El Servicio Europeo de Acción Exterior, tras consultar con la UE donde corresponda, estaría directamente en contacto con los Estados miembros sobre supuestas violaciones para velar por que las sanciones se apliquen de manera homogénea", ha señalado. De momento, no consta que haya habido reproche europeo a España, pero la afirmación de Borrell demuestra que existen instrumentos para que la UE transmita su malestar por el caso.

Tras las palabras de Borrell, los eurodiputados españoles presentes en el desangelado hemiciclo se enfrascaron en un duro intercambio. La líder del PP, Dolors Montserrat, culpó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de abrir las puertas de Europa al chavismo, e instó a Europa a tomar partido. “El Consejo de la UE debe ayudar a esclarecer la verdad para que nunca más se repita un escándalo como este”, pidió.

"Me habría gustado que hubiera actuado como alto representante y no como exministro de Asuntos Exteriores del señor Sánchez", empezó el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, impulsor de la discusión. Pese a que carece de competencias para intervenir, el representante del partido de Inés Arrimadas acusó a la Comisión Europea de no hacer nada y al Gobierno español de mentir. Enfrente, tanto el jefe de la delegación socialista, Javier Moreno, como el dirigente de En Comú Podem Ernest Urtasun, lamentaron que se utilice el Parlamento Europeo para un debate que estiman debe circunscribirse al ámbito nacional. "Están dañando gravemente la imagen de España en este Parlamento", dijo el primero. "Hay un debate aquí que debería llevarse a cabo en el Congreso y pido perdón a los colegas por ocupar su tiempo", se disculpó el segundo. La eurodiputada de IU Sira Rego comparó la insistencia de la oposición en llevar el tema a Estrasburgo con "el berrinche de un niño al que se le ha roto un juguete".

En medio del toma y daca, Borrell repitió el mismo estribillo sobre la falta de competencias de la Comisión Europea, que el propio Ejecutivo comunitario se ha encargado de recordar en las últimas semanas en numerosas ocasiones. Y envió a algunos europarlamentarios de vuelta a clase. "La Comisión Europea no puede iniciar procedimiento de infracción, ustedes deberían saberlo. A un ciudadano normal que no es un experto le puede sorprender, pero a ustedes no debería. Deberían estudiar un poco más".

Así terminó, poco más de media hora después de iniciado, un debate que Ciudadanos logró forzar el día anterior con el respaldo del PP y de Vox y el voto en contra de PSOE y Podemos. El episodio puede tener nuevas réplicas en Bruselas. Los eurodiputados del PP enviaron el lunes una pregunta escrita al Consejo de la UE —el órgano donde están representados los ministros del club comunitario— para saber si están investigando el asunto. Los populares consideran que España debió haber deportado a la número dos de Maduro y no solo no lo hizo, sino que le dio categoría de interlocutora al mantener un encuentro cara a cara con Ábalos. El Gobierno, tras las contradictorias versiones iniciales, defiende en cambio que Ábalos evitó una crisis diplomática y procuró que la vicepresidenta no bajara del avión. En todo caso, no lo consiguió y el Ejecutivo ha reconocido que Ábalos se despidió de la vicepresidenta venezolana en la sala VIP del aeropuerto.