Alberto Rodríguez reclama 134.000 euros de indemnización por la retirada de su escaño

Alberto Rodríguez, el exdiputado de Unidas Podemos que fue privado de su escaño tras una sentencia del Tribunal Supremo parcialmente anulada por el Constitucional, ha presentado un escrito en el Congreso reclamando una indemnización de 134.281,55 euros. La reclamación se basa en los sueldos que dejó de percibir desde noviembre de 2021, cuando le fue retirada la condición de diputado, hasta que fue disuelta la legislatura, en mayo de 2023. La solicitud será examinada este martes por la Mesa de la Cámara. En un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, los servicios jurídicos, sin negar a Rodríguez el derecho a ser indemnizado, aconsejan que se desestime su petición por entender que se ha de presentar ante el Consejo de Ministros.

Alberto Rodríguez, diputado por Tenerife, fue condenado en octubre de 2021 bajo la acusación de agredir a un policía durante una manifestación celebrada siete años antes. La sentencia le imponía una pena de un mes y 15 días de prisión, sustituida por una multa de 540 euros (seis euros al día durante 90 días) y “con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo [presentarse a un cargo electo] durante el tiempo de la condena”.

El fallo del tribunal que encabezaba el hasta hace poco presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, resultó muy controvertido. Primero por el estrecho margen con que se adoptó: tres magistrados a favor y dos en contra, cuyos votos particulares llamaban la atención sobre que el policía no detuvo al supuesto agresor, continuó trabajando normalmente tras la patada que aseguraba haber recibido y tampoco acreditó parte de lesiones. Y en segundo lugar porque se entabló una discusión jurídica sobre si la pena obligaba a dejar el escaño a Rodríguez —en aquel momento, también secretario de organización de Podemos— lo que derivó en un pulso de varios días entre el Supremo y el Congreso.

El debate se planteaba porque la inhabilitación para ser diputado iba aparejada a la pena de prisión y esta se había sustituido por la multa. De ahí que, en un primer informe, los letrados de la Cámara dictaminasen que Rodríguez podría mantener su acta de parlamentario. Mientras PP y Vox exigían airadamente la expulsión del diputado, el Supremo envió un escrito al Congreso instándole a informarle sobre el cumplimiento de la sentencia, sin entrar en más detalles. La presidencia de la Cámara pidió entonces al alto tribunal que le explicase con claridad si Rodríguez debía ser expulsado. Marchena se limitó a reiterar lo dicho en comunicaciones anteriores, en un escrito en el que advertía de que la ley “no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia firme”.

El servicio de letrados del Congreso acabó por modificar su criterio, aceptó que Rodríguez debía abandonar su escaño y así lo ordenó el 22 de octubre de ese año la entonces presidenta, la socialista Meritxell Batet. Esa decisión provocó un fuerte enfrentamiento entre las dos formaciones del Gobierno. Dirigentes de Unidas Podemos llegaron a amenazar a Batet con una querella por prevaricación, aunque nunca se llegó a presentar. La coalición izquierdista se negó a cubrir la vacante y el Gobierno se quedó con un diputado menos hasta las elecciones de julio de 2023.

Rodríguez dio la batalla por su cuenta. Primero ante el propio Congreso, luego ante el Supremo y finalmente, en febrero de 2022, ante el Constitucional. El tribunal de garantías no accedió a su solicitud inicial de suspender cautelarmente la retirada del escaño, pero, casi dos años después, en enero de 2024, falló a su favor. Sin anular la totalidad de la sentencia del Supremo, el Constitucional, por siete votos a cuatro, dejaba sin efecto la parte que aludía a la inhabilitación. Según el tribunal, al retirar al exparlamentario el acta se había “vulnerado su derecho fundamental a ejercer funciones representativas”.

Un año más tarde, Rodríguez se ha dirigido al Congreso para reclamar el lucro cesante por el tiempo en que fue indebidamente apartado de su escaño. Calcula 21 meses, a razón de 6.144,64 euros cada uno, lo que arroja un monto total de más de 134.000.

Lo previsible, a la vista del informe de los letrados, es que la Mesa del Congreso rechace este martes la reclamación y remita al exdiputado a elevarla al Gobierno. Los servicios jurídicos reconocen la legitimidad de Rodríguez para pedir la indemnización, pero alegan que la Mesa no es el órgano competente que debe resolver el asunto, sino el Consejo de Ministros. El informe subraya que ese es el método establecido cuando las reclamaciones afectan a decisiones de otro poder del Estado como el judicial. Y añade que el Supremo también estableció esa vía en los casos en que las responsabilidades se exigen al Defensor del Pueblo, un órgano que depende de las Cortes Generales.