El incierto caso del diputado condenado

El día que dejó el Congreso, al diputado popular por Cádiz Alfonso Candón lo paró una de las ujieres más veteranas de la Cámara: “Ya puede usted irse orgulloso, esto no lo habíamos visto nunca”. La víspera, 13 de diciembre de 2018, Candón se había despedido del pleno entre los elogios de sus rivales. Uno especialmente llamó la atención, tanto que, después de que otro parlamentario de Ciudadanos lo difundiese en Twitter, se hizo viral. Provenía de un diputado de Podemos: “Le echaremos de menos. Es usted una buena persona, le da calidad humana a este sitio”.

Este otro protagonista de la escena, un oasis en el desierto de la confrontación parlamentaria, no era uno cualquiera entre los de Podemos. Era Alberto Rodríguez, El Rastas, el más llamativo de la inusitada tropa que tres años antes había transformado el paisaje de aquella vieja Cámara poblada de corbatas y discretos vestidos femeninos. Una imagen sintetizó entonces el comienzo de la nueva era: Mariano Rajoy, entre perplejo y melancólico en su escaño de presidente, viendo pasar a un émulo de Bob Marley de casi dos metros de estatura recién elegido diputado por Tenerife. A la popular Celia Villalobos le entró miedo a los piojos.

Casi tres años después de haber dejado el Congreso, Candón, ahora parlamentario andaluz, aún se refiere a Alberto Rodríguez como “un amigo” y un “tipo estupendo”. Se ha intercambiado algunos mensajes con él y tiene pendiente una conversación después de que el Tribunal Supremo le haya condenado a una pena de un mes y 15 días de prisión, sustituida por una multa de 540 euros, por dar una patada a un policía en 2014. La condena lleva aparejada una suspensión del “derecho al sufragio pasivo” y el Supremo ha informado a la Junta Electoral para que decida si debe ser privado de su escaño. La oposición no tiene dudas y exige retirarle ya la condición de parlamentario. El PP no ha hecho ruido con el asunto, aunque ha presentado un escrito ante la Mesa para pedirlo formalmente. Vox se ha pasado la semana clamando en el hemiciclo contra “el diputado delincuente”.

En 2014, Alberto Rodríguez tenía 32 años, trabajaba de operario químico en una planta petrolera y su conocimiento público no iba mucho más allá de los ambientes del activismo social de Tenerife. El 24 de enero, no faltó a la manifestación junto a la catedral de La Laguna contra el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert. La marcha acabó en choques con la Policía. Hubo varios detenidos y, aunque Rodríguez no estuvo entre ellos, un agente que lo conocía de otras protestas lo denunció por propinarle una patada en la rodilla izquierda. El caso estuvo hibernado durante siete años hasta que llegó al Supremo, por la condición de aforado de Rodríguez. Y allí, la condena.

La sentencia ha escandalizado a Unidas Podemos, que encuentra argumentos en los votos particulares de dos magistrados que discreparon “radicalmente” del fallo. El único testimonio inculpatorio, el del denunciante, resultó “singularmente lacónico”, dicen los jueces discrepantes, y no ofreció detalles más allá de que recibió una patada y “entiende que fue voluntaria”. Los médicos no apreciaron lesiones visibles y los agentes que en su día habían apoyado la denuncia no comparecieron en el juicio. Solo lo hizo el jefe de la unidad y declaró que él no había visto nada.

Tras su condena, Rodríguez no se presentó el pasado miércoles al inicio del pleno semanal del Congreso, cuando la diputada de Vox Macarena Olona emprendió la letanía del “diputado delincuente”, que le valió una reprimenda de la presidenta, Meritxell Batet. “No ha venido a dar la cara ante los españoles”, se agitó Olona. “Parece que solo es valiente cuando patea a nuestros agentes de policía arropado por sus hordas terroristas callejeras”. Rodríguez sí acudió al día siguiente e incluso intervino desde la tribuna en defensa del decreto de prórroga de los ERTE. Vox no dejó de hostigarlo y su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, afeó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se sumase a la ovación que el grupo de Unidas Podemos y algunos socialistas dedicaron a Rodríguez.

El asunto amenaza con otra tormenta parlamentaria. Antes de lo ocurrido con los líderes del procés, no había precedentes de la retirada del escaño a un diputado. Rodríguez entiende que su condena ha quedado saldada con el pago de la multa. Y el PP replica que la sanción económica solo sustituye, no anula, la pena de cárcel ni la privación del “derecho al sufragio pasivo”, que comportaría la retirada del escaño, según los populares. Batet espera a escuchar a los grupos y a los letrados de la Cámara. De la Junta Electoral no hay noticias de momento.

Alfonso Candón no está seguro de si el amigo que conoció en la otra punta ideológica del Congreso “pudo cometer un error en el pasado”. Lo que más duele al exdiputado popular es lo que ha oído estos días: “Todas esas cosas desproporcionadas… Es un poco injusto, la política no está para eso, aunque algunos la hayan convertido en eso. Lo han condenado, y si él lo hizo, en el pecado lleva la penitencia. Pero yo soy creyente y también recuerdo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.