El Congreso suspenderá a los presos tras la inhibición del Supremo

La primera decisión clave de la nueva Mesa del Congreso será suspender a los cuatro diputados independentistas catalanes que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y se encuentran presos, según fuentes jurídicas y parlamentarias. Los reglamentos de las Cámaras y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen esa medida para los parlamentarios procesados en prisión preventiva. La suspensión no será automática sino que mediará un informe de los letrados de las Cortes que abocará previsiblemente a suspenderles de derechos, sueldo y funciones. El Supremo marcó la pauta, pero decidirá el Congreso.

Poco les durarán las funciones de diputados a Oriol Junqueras, de ERC, y a Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya. Los cuatro adquirirán la condición de parlamentarios este martes, cuando se constituyen las Cortes y sus componentes pasan a ser diputados y senadores tras acatar la Constitución. Pero pueden ver suspendidas sus funciones en muy poco tiempo.

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In English: Spanish Congress to suspend jailed Catalan deputies from their seats

No pasarán muchas horas desde este acto hasta la primera reunión en la tarde de este martes de la Mesa del Congreso, que se habrá constituido en esta misma jornada con el nombramiento de la socialista Meritxell Batet como presidenta de la Cámara. Fuentes del Congreso anticipan que en esa misma cita se empezará a tratar el proceso para la suspensión de los recién elegidos parlamentarios. Sobre la reunión de esa Mesa estará el escrito del Tribunal Supremo remitido al órgano de gobierno de las Cámaras para que active la suspensión de los parlamentarios catalanes procesados, en consonancia con los Reglamentos de las mismas y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como exigirán de entrada PP y Ciudadanos.

Los escaños de los cuatro independentistas presos pueden ser claves para la próxima sesión de investidura del presidente del Gobierno, pues, si son suspendidos —y, por tanto, privados de su derecho a voto— y no renuncian al acta, las mayorías en el Congreso cambiarían y el socialista Pedro Sánchez tendría mucho más fácil ser investido presidente. Tanto el Reglamento del Congreso como la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen la suspensión de la condición de parlamentarios a quienes estuvieran procesados y en prisión preventiva. El propio Tribunal Supremo marca esa pauta aunque, para no interferir en el poder legislativo, insta a que sea la Mesa la que ejecute la suspensión. El derecho de participación de los parlamentarios se verá afectado “en la medida en que se pretenda su ejercicio de una manera incompatible con la situación cautelar de privación de libertad en la que este momento se encuentran”, señala el auto del Supremo.

El artículo 21.2 del reglamento establece la suspensión para los diputados procesados en prisión preventiva. Y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la misma medida en el caso de procesados por rebelión en prisión preventiva.

El reglamento alude a la petición del suplicatorio por parte del Supremo al Congreso para iniciar el procesamiento. Pero eso ahora no sería necesario porque los citados ya están procesados, señalan fuentes parlamentarias.

Ese será el camino que tomará la Mesa, según las fuentes jurídicas y parlamentarias consultadas. No habrá conflicto institucional entre poderes del Estado al estar en la misma línea, pero en fuentes parlamentarias reconocen la extrañeza y malestar con la decisión del Supremo, que consideran escapista. Tanto fuentes de la Mesa saliente como de la que se formará este martes coinciden en resaltar la actitud del Supremo al traspasar este polémico asunto al Congreso. Y los interlocutores recuerdan que no es la primera vez. El alto tribunal ya envió a la Junta Electoral Central la decisión sobre la legalidad de la candidatura de Carles Puigdemont.

Sobre el fondo no hay duda. La decisión de la suspensión se tomará, según todos los indicios, aunque en los prolegómenos algunos partidos han adelantado esa exigencia a la Mesa, como si albergaran dudas de cuál será el criterio de la presidenta desde mañana miércoles, la socialista Meritxell Batet.

El hecho mismo de que los políticos secesionistas presos puedan adquirir la condición de parlamentarios este martes resulta un “escarnio” inasumible y “ofensivo” para el PP. “Más que nunca hay que defender nuestra Constitución, la democracia y las libertades”, clamó el presidente del PP, Pablo Casado. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió su “suspensión automática”.

Tras constituirse el Congreso y sin esperar a que por la tarde se reúna la Mesa, Ciudadanos presentará un escrito en el registro para que se les elimine esa condición. “Creemos que personas procesadas, que han intentado dar un golpe y liquidar la soberanía nacional, no pueden sentarse en un escaño ni cobrar un sueldo público”, sentenció Rivera. Desde Vox, la diputada Macarena Olona tachó de “fracaso de la democracia y del Estado de Derecho” su presencia en la Cámara y culpó a los otros partidos por no evitar preventivamente que cinco “criminales y delincuentes” intenten “reventar el Estado desde dentro de las instituciones”.

Dudas sobre el escaño

Vox no está representado en la Mesa, que se compone de tres miembros del PSOE y dos del PP, Cs y Podemos. La cita será la primera prueba a la que someterán a ese nuevo órgano de la Cámara todos los partidos en el inicio de esta complicada XIII Legislatura.

El PSOE aún no ha dicho nada públicamente pero en fuentes de su dirección se invoca el previsible informe jurídico de los letrados. Será la guía. También lo será para Unidas Podemos, que el lunes evitó revelar con claridad cuál será el voto de sus representantes.

Después de la suspensión, el interés de los grupos se fijará en qué deciden hacer los afectados sobre su escaño: si lo mantienen o renuncian y corre la lista para que ocupe su puesto el siguiente. La portavoz de Junts per Cataluña, Laura Borrás, anticipó el lunes que no tienen intención de renunciar por ahora a ninguno sus derechos. Si se mantuvieran firmes en esa posición, ERC y Junts perderían cuatro votos, que también reducirían la mayoría parlamentaria de 176 escaños a 174, por lo que Pedro Sánchez ya no necesitará pedir su apoyo a los independentistas para su investidura. En el grupo socialista reina el escepticismo sobre esa hipótesis.