El Poder Judicial inicia la renovación del Constitucional con los conservadores abiertos a pactar
El Gobierno estudia salidas ante el bloqueo ‘sine die’ del Poder Judicial que plantea Feijóo, que pide una promesa de que no se tocará el Código Penal para volver a la negociación
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretenden acelerar esta semana las negociaciones para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tenían que haber designado antes del 13 de septiembre. La mayoría del grupo conservador, que estuvo maniobrando en contra de esas designaciones hasta que Carlos Lesmes dimitió, asegura ahora que está dispuesta a cerrar un acuerdo cuanto antes y ya ha convocado el miércoles a una reunión interna para fijar su posición. Los progresistas se reúnen el jueves por la mañana, también para debatir este asunto. No hay fijado todavía un encuentro formal de la comisión negociadora, pero vocales de ambos grupos han mantenido ya contactos informales en los últimos días y prevén volver a hacerlo a partir del miércoles.
El hecho de que los conservadores hayan fijado su reunión interna para el miércoles, prácticamente el primer día hábil después de que el viernes se confirmara que la negociación entre PSOE y PP para renovar el CGPJ está definitivamente rota, se recibe entre los progresistas como una buena señal. La mayoría de los consejeros propuestos por el PP han alegado durante semanas diferentes excusas para impedir, o al menos dilatar, los nombramientos del Constitucional. Tanto es así que los progresistas dieron por imposible el acuerdo a principios de octubre y pidieron a Lesmes que buscara una vía alternativa que permitiera sacar adelante las designaciones sin contar con el núcleo duro de los conservadores. Lesmes lo intentó, pero necesitaba convencer a al menos tres vocales de los propuestos por el PP y no lo logró, lo que, unido a la imposibilidad de pacto entre socialistas y populares para renovar el Consejo, lo llevó a dimitir.
La renuncia del presidente sí precipitó una negociación entre los dos principales partidos que parecía que por fin iba a acabar bien, lo que hizo que el CGPJ aparcara las designaciones del Constitucional al entender que ya debían ser los nuevos vocales quienes las acordaran. Sin embargo, el PP volvió a descolgarse en el último minuto, esta vez alegando la intención del Gobierno de rebajar las penas del delito de sedición, lo que ha vuelto a poner los nombramientos del tribunal de garantías sobre la mesa del actual Consejo. Y tanto progresistas como conservadores aseguran que se quiere hacer con cierta urgencia.
“El tiempo apremia”, asegura un vocal conservador, convencido de que el asunto se va a poder “reconducir” rápidamente. De ahí que el grupo haya quedado en verse el miércoles con la intención de acordar su estrategia para lo que, aseguran, será la fase final de la negociación. Para algunos miembros de este sector, la figura de Lesmes se había convertido en las últimas semanas de su mandato en un lastre que había intentado interferir en la negociación, por lo que frenaron cualquier posibilidad de acuerdo auspiciado por el presidente. Pero ahora que Lesmes ha renunciado, aseguran, están dispuestos a encarrilar la negociación.
Los progresistas, por su parte, saben que, una vez dimitido Lesmes, la única vía para renovar el Constitucional es retomar la negociación con la mayoría del otro bloque y remar para que haya acuerdo. El grupo se reúne el jueves y su intención es cerrar cuanto antes el pacto con los conservadores y llevarlo a votación en un pleno lo antes posible. El acuerdo roto entre socialistas y populares cuando estaba prácticamente cerrado es un aviso, asegura un vocal de este grupo, para que no vuelva a ocurrir lo mismo en el CGPJ.
“El Gobierno cumplirá con la Constitución”
Mientras, el Gobierno no quiere aún poner el foco en las posibles soluciones al bloqueo sine die del Consejo General del Poder Judicial que plantea el PP después de la ruptura de las negociaciones. El Ejecutivo está concentrado en estos primeros días tras el fiasco del jueves en presionar al PP y en especial a su líder, Alberto Núñez Feijóo. En opinión del Gobierno, Feijóo ha cometido un error de libro y va a sufrir un gran desgaste por ello. Por eso, en estas primeras horas ningún miembro del Gobierno quiere aclarar cuáles serán los próximos pasos. Isabel Rodríguez, la portavoz, esquivó una y otra vez las preguntas en esta dirección durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y se encerró en una frase que es la que repite machaconamente La Moncloa: “El Gobierno cumplirá con la Constitución”.
En la ronda de preguntas, Rodríguez no quiso cerrar ninguna puerta, ni siquiera la que reclaman sectores de Unidas Podemos, en especial alrededor de Pablo Iglesias. Ellos que exigen que se recupere cuanto antes la reforma que el exlíder pactó con Pedro Sánchez en 2020 y que suponía cambiar la ley para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial con mayoría absoluta del Congreso y no con tres quintos, como está ahora. Eso permitiría renovarlo sin el PP, solo con la mayoría de la investidura. Pero Sánchez echó marcha atrás a esos planes en 2020 por la presión de la Comisión Europea, que no veía bien esa salida. Y es difícil que la recupere, aunque no imposible si el bloqueo se hace insoportable.
De momento, el Ejecutivo está en otra prioridad, la misma en la que andaba antes de que la dimisión de Carlos Lesmes abriera la puerta a una negociación con el PP que ahora se ha vuelto a cerrar: la renovación del Constitucional que ahora se retoma. El Ejecutivo aún no ha tomado la decisión de nombrar por su cuenta a los dos magistrados que le corresponden, una decisión polémica y que podría ser tumbada por el propio tribunal, porque aún confía en que el CGPJ nombre a los dos que le corresponden. Lesmes dimitió sin lograr esa renovación, al contrario de lo que había prometido al Gobierno, pero ahora el Ejecutivo confía en que los vocales conservadores se animen a renovar esta vez. Aun así, en el fondo, todo dependerá del PP, que conserva una importante influencia en un sector muy amplio de los vocales conservadores.
Si lograra renovar el Constitucional y cambiar la mayoría a favor de los progresistas para los próximos nueve años, como sucede siempre que se renuevan los dos miembros que corresponden al Gobierno, el Ejecutivo habría conseguido un objetivo fundamental. Y tendría que decidir qué hace con el CGPJ. Ninguna opción es del todo buena, porque la ideal era el pacto con el PP para renovar. Pero el Ejecutivo podría al menos quitar algo de presión si permitiera que el CGPJ pudiera nombrar a jueces del Supremo y desatascara así la situación que tienen algunas salas fruto del bloqueo durante cuatro años de la renovación del CGPJ que empezó con Pablo Casado y se mantiene con Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno sube el tono con el líder del PP, pero toda presión parece inútil. La ministra portavoz aseguró que Feijóo “obedece a los más ultras” de la derecha y ha demostrado que “no tiene legitimidad para reclamar el cumplimiento de la Constitución cuando él mismo la incumple y se declara en rebeldía constitucional”. Rodríguez insistió al ser preguntada por los planes para reformar el delito de sedición en que “no hay ninguna novedad” en este asunto, que es un compromiso que el Ejecutivo y el presidente han repetido muchas veces si hubiera mayoría para lograrlo, y acusó al PP de “utilizar esto como excusa para mantenerse en la rebeldía constitucional”. Rodríguez se refirió a Feijóo como “este señor” y llegó a decir que después de lo que ha hecho con el Poder Judicial ya no se atreve a llamarlo líder de la oposición, porque no ha demostrado capacidad de liderazgo. La portavoz del Gobierno se indignó, además, de que el PP está usando la palabra de Carles Puigdemont, que asegura que enviados del Ejecutivo le han ofrecido un posible indulto, como un referente. “Este señor [Puigdemont] lo que tiene que hacer es venir a España a cumplir con la justicia. Y lo que no es de recibo es que el PP utilice a Puigdemont como argumento de autoridad porque no sabe explicar su debilidad a la hora de cumplir la Constitución”.
Exigencia del PP
Mientras, el PP insiste en que si el Gobierno no renuncia “por escrito” a rebajar el delito de sedición en el Código Penal, no habrá renovación del CGPJ. “El Gobierno tiene en su mano que el PP se siente de nuevo a dialogar y tratar de acordar una reforma de la justicia. Solo necesitamos un gesto muy sencillo. Que Pedro Sánchez se comprometa por escrito, hoy mismo, a que no va a tocar el delito de sedición en España. La negociación estaba muy avanzada, si se puede retomar tiene que ser con este criterio”, afirmó el lunes el coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, en una rueda de prensa en la sede del partido. En el cuartel general de los populares aseguran que las negociaciones están “paralizadas”, pero no “rotas”. El negociador del PP, Esteban González Pons, reconoció también el lunes, en Onda Cero, que se han pactado ya los 20 vocales del CGPJ y habló de “puertas cerradas, pero no con llave”. Sin embargo, el PP sabe que esa condición es imposible, porque el Ejecutivo no va a renunciar a su capacidad legislativa si tiene una mayoría en el Congreso para llevarla adelante. Jamás en ninguna renovación del CGPJ el partido en la oposición pidió al Gobierno que renunciara a reformar ninguna ley. De la misma manera que el PSOE no pidió en 2013 al PP que renunciara por escrito a reformar la ley del aborto para hacerla mucho más regresiva, por ejemplo, el PSOE ahora insiste en que no se puede poner eso como condición para cumplir con la obligación constitucional de renovar el CGPJ.
