Ni Pablo Casado, ni Alberto Núñez Feijóo. Ninguno de los dos dirigentes que desde 2018 han ocupado el puesto de presidente del Partido Popular ha llevado a término las negociaciones para renovar el Poder Judicial. El PP ha utilizado una larga ristra de excusas para torpedear, incluso en el último momento —como este jueves—, un acuerdo encomendado por la Constitución. El resultado han sido cuatro años y numerosos hitos en los que parecía que el pacto entre Gobierno y PP para cambiar a los miembros del CGPJ era inminente. Todo quedó en agua de borrajas. Este es un recorrido por estos momentos.

2018

Hasta la fecha, el CGPJ permanece con los mismos miembros que fueron nombrados durante la primera legislatura del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en 2013, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta. La Constitución dispone que el mandato del Consejo expira a los cinco años, por lo que lleva caducado desde noviembre de 2018.

El mensaje de Cosidó. El PSOE y el PP de Casado pactaron en 2018 la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, juez de tendencia conservadora. El acuerdo se partió en dos porque se filtró un mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares, justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Marchena renunció y así empezó el bloqueo.

2019

Durante 2019, se suceden dos procesos electorales al Congreso: los comicios generales de 28 de abril y los del 10 de noviembre. También hubo elecciones municipales, autonómicas y europeas. Un año con una campaña electoral permanente en la que no se movieron las posiciones.

2020

Tras los resultados del 10-N, PSOE y Unidas Podemos inician el primer Gobierno en coalición. A principios de enero de 2020 se constituye el Congreso y la legislatura echa a andar. Poco después irrumpe la pandemia.

Podemos critica a Juan Carlos I. En el verano de 2020, el Gobierno y el PP llegaron a un nuevo acuerdo para renovar el consejo. El PP se negó más tarde a pactar con el PSOE por los ataques del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, a Juan Carlos I cuando este abandonó España por el escándalo de la investigación de sus presuntas irregularidades fiscales.

Movimiento unilateral del Gobierno. En octubre de 2020, el Gobierno en coalición registró una propuesta de reforma de la ley para poder renovar el Consejo con mayoría simple del Congreso. Terminó desistiendo ante las críticas que recibió la iniciativa.

Podemos debe quedar fuera de la negociación. Ese mismo otoño, Casado pasó a exigir que el partido de Pablo Iglesias fuera excluido de las negociaciones.

Que pasen las elecciones catalanas y que no haya indultos. En diciembre de 2020, el PP manifestó su voluntad de acuerdo tras los comicios catalanes si Unidas Podemos seguía quedando fuera y el Gobierno no indultaba a los líderes independentistas.

2021

El Gobierno impulsó una segunda reforma que impedía al Consejo aprobar nombramientos mientras está en funciones para presionar al PP y que accediera a la renovación.

Veto al juez del caso Gürtel. En marzo de 2021, el Gobierno y el PP volvieron a sentarse. Casado rechazó el pacto ante la entrada del juez José Ricardo De Prada, juez del caso Gürtel.

El modelo debe cambiar y los jueces elegir a los jueces. En abril de ese año, el PP planteó una nueva exigencia: un cambio del método de elección de los vocales del CGPJ para que fueran elegidos en exclusiva por sus pares.

No sirve solo el estudio del cambio de modelo. En septiembre del año pasado, Casado exigió que se registrara una ley con el cambio de método de elección de los vocales. Ya no le servía, dijo, que la reforma se estudiara en el Congreso. En secreto, sin embargo, el PP y el Gobierno terminaron firmando en octubre de ese año un pacto para reformar la Ley del Poder Judicial al objeto de renovar el Tribunal Constitucional y ganar tiempo para seguir negociando el órgano de gobierno de los jueces. Ese acuerdo nunca se hizo público y tampoco se anunció. EL PAÍS desveló el 16 de agosto del 2022 el documento firmado.

2022

Casado es defenestrado como líder del PP y sustituido por Alberto Núñez Feijóo en un congreso el 2 de abril de 2022.

Que pasen las elecciones andaluzas. Feijóo se reunió con Sánchez y ambos acordaron retomar las conversaciones. El PP puso poco después una primera condición temporal: que sea después de las andaluzas de junio.

Más medidas. Feijóo renunció a reclamar un cambio de método de elección como exigía Casado, pero sí pidió un “acuerdo global” que incluyera reformas de “regeneración” de la justicia.

Movimiento unilateral del Gobierno. En junio, el Ejecutivo registró una proposición de ley para que el CGPJ pudiera nombrar solo a los dos magistrados del Constitucional pendientes de renovación, mientras el Gobierno nombrará a otros dos que le corresponden.

Debe retirarse la ley sobre el Constitucional. El PP pasó entonces a exigir al Gobierno que retire esa reforma para poder pactar. En julio se produjo la última reunión de los negociadores, que terminó sin acuerdo porque el Ejecutivo no dio marcha atrás. El PP hizo público un documento de siete páginas con sus propuestas.

EL PAÍS revela el pacto escrito de otoño de 2021. El acuerdo, según el texto desvelado por este periódico, consistía en una reforma de la ley del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del CGPJ. Funcionaba como salvaguarda mientras no llegaba el pacto global. Es decir, se trata, precisamente, la reforma que ahora ha promovido el Gobierno unilateralmente y el PP le exige que retire. La dirección del PP primero dijo desconocer ese texto y luego admitió que lo conocía.

El PP exige al Gobierno renovar el Constitucional y el CGPJ al mismo tiempo. En septiembre, el CGPJ inició el proceso para nombrar al tercio de magistrados del Constitucional con el mandato caducado que le corresponden y que podía abordar gracias a la reforma aprobada por el Gobierno. El PP exigió al Gobierno “abordar la reforma del Poder Judicial y, bajo unos requisitos mínimos de independencia, la renovación conjunta del TC y del CGPJ”. Esto es, el Gobierno tiene que renunciar a nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden y a los dos que corresponden al CGPJ, una operación que en paralelo el PP está tratando de cortocircuitar con una rebelión de los vocales conservadores del Consejo.

Lesmes dimite. El bloqueo sin salida llevó al entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, a dimitir de su cargo el 10 de octubre por “respeto a los jueces españoles”, que, según aseguró en su comunicado, “esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y el funcionamiento de la justicia entera”.

Sánchez y Feijóo reanudan las conversaciones. Solo un día después de que Lesmes anunciase su dimisión, el presidente del Gobierno y el líder PP se reunieron en la Moncloa en un “último intento” de llegar a un pacto. Desde entonces, las negociaciones se intensificaron y el pacto, hasta este jueves, era inminente. Una semana en la que además el Gobierno aceleró las conversaciones con sus socios para reformar el delito de sedición.

Feijóo da un portazo al acuerdo. El presidente del PP anuncia, en la tarde de este jueves, un día antes de que el acuerdo se formalizase, que cierra la puerta a un pacto para renovar el Poder Judicial. La excusa argüida por Feijóo fue no ceder a “este PSOE” que estaba negociando, por otro lado, la rebaja del delito de sedición. Las presiones de su partido, en concreto de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, forzaron el frenazo en seco.