Pedro Sánchez confirma que quiere cambiar la ley para renovar el Poder Judicial sin el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este viernes que el Ejecutivo de coalición tiene la intención de cambiar la ley en el Congreso para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP. El Gobierno necesitaría la mayoría absoluta de la Cámara baja, algo que podría lograr con sus socios de investidura. Sería una decisión inédita que provocaría una ruptura definitiva con el partido de Pablo Casado y generaría un gran impacto en el mundo judicial.

El Consejo lleva casi dos años en funciones tras dos negociaciones fallidas en las que el líder del PP se ha echado atrás después de que el pacto estuviera casi ultimado. Es la segunda vez que el PP bloquea durante casi dos años la renovación del Poder Judicial, y el Gobierno de coalición ha decidido que esta vez no va a esperar a que los populares se decidan y lo renovará usando su mayoría, sorteando la limitación de los 3/5 que figura ahora en la ley y que da así derecho de veto indirecto a la oposición. Esa mayoría de 3/5 se exige por la Constitución para 8 de los 20 miembros, pero la mayoría requerida por la ley para la elección de los otros 12, los del cupo de jueces, se puede modificar y allanar así el camino al menos a una renovación parcial.

Al término del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha advertido de que “si el principal partido de la oposición” bloquea la cúpula del órgano de gobierno de los jueces “cada vez que pierde las elecciones”, el “legislador tendrá que tomar una decisión”. Por ello, como adelantó EL PAÍS, el presidente ha sugerido que se valdrá de la mayoría parlamentaria que está dispuesta a promover la reforma que permita elegir nuevos miembros del Consejo sin el PP. “La mayoría de la Cámara tenemos que adoptar medidas para renovar el Consejo y nuestra voluntad es hacerlo”, ha afirmado el presidente. Las fórmulas legales para abordar esa reforma ya han sido estudiadas varias veces y requerirían una mayoría absoluta del Congreso, algo factible pero nunca sencillo.

Unidas Podemos es quien tenía más clara esta solución y lleva tiempo presionando al PSOE para que se decida a hacerlo. Los socialistas pidieron tiempo para intentar convencer al PP. En agosto, las negociaciones estaban casi ultimadas, con nombres encima de la mesa —incluso hubo un intento fallido de convencer a Manuel Marchena, que en noviembre de 2018 había retirado su candidatura después de que el PP sugiriera que gracias a su nombramiento iba a controlar “por detrás” la sala de Lo Penal del Supremo, para que aceptara la presidencia— pero Casado se echó atrás en el último momento.

Aun así, los socialistas pidieron más tiempo para ver si la formación de Casado rectificaba. Pero en las últimas dos semanas, la tensión entre el Gobierno y Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, por la ausencia del Rey en el acto de entrega de despachos de nuevos jueces en Barcelona, y la decisión de seguir nombrando jueces clave del Supremo pese a estar en funciones, han terminado de decidir a Sánchez para tomar esta vía que políticamente es muy delicada y no tiene antecedentes. “Cuando estás en funciones puedes hacer unas cosas y otras no, y el Poder Judicial, cuando está en funciones, podrá hacer unas y otras no”, ha señalado Sánchez mostrando así que estos nombramientos han sido la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que el presidente se decantara por la vía más dura para resolver el problema.

En el debate interno del Gobierno ha ganado así con claridad el sector que está a favor de modificar la ley con mayoría absoluta para poder renovar al menos los 12 vocales del cupo de jueces, cuyo sistema de elección no está claramente fijado por la Constitución con una exigencia de tres quintos del Congreso y Senado. Los otros ocho sí tendrán que ser elegidos con esa mayoría reforzada porque así lo determina la Constitución.

La reforma que propone Unidas Podemos, que hace meses que tiene claro que esta era la única solución, consta de dos patas fundamentales. La primera, el cese de los vocales y el presidente del Consejo cuando se cumplan los cinco años de su mandato, una medida que se aplicaría con efecto retroactivo al Consejo vigente, que debía haber cesado en diciembre de 2018. La segunda, que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no hagan falta tres quintos de los votos de las Cámaras sino solo la mayoría, lo que facilitaría la renovación sin el PP. En cualquier caso, esta es una reforma que llevará tiempo y generará una tensión importante, con lo que aún se podría resolver la situación si los populares cambiaran de idea y aceptaran un pacto con el Gobierno para renovar el Poder Judicial de forma consensuada, como se ha hecho siempre. Nada indica, de momento, que eso sea factible ahora en el PP, pero esta clara amenaza de renovarlo sin contar con ellos podría provocar algún cambio.

Reunión en Bruselas

Sánchez ha comparecido ante los medios tras una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno muy focalizada en política exterior. Sin embargo, en los márgenes se han debatido asuntos que han quedado reducidos en la agenda oficial o directamente fuera: desde los fondos de recuperación a los informes sobre el Estado de derecho en la UE. Precisamente, Bruselas esta semana resaltó que España necesitaba una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces. Sánchez confirmó sus intenciones de reformarlo ante el bloqueo en el que está instalado en la interinidad.

Otro de los asuntos que, inevitablemente, han acabado colándose en la agenda es la situación de la pandemia en Europa. A pesar de que España es el país que registra más casos de covid-19 en la UE, Sánchez ha afirmado que “todos los líderes” han mostrado su “preocupación” por la evolución de la enfermedad, puesto que la oleada “acaba llegado a todos los países”. Sánchez sí ha dicho que entre sus socios hay también “preocupación” por cómo se está usando la pandemia de forma “partidista”. El presidente del Gobierno advirtió a los “partidos tradicionales” que la “extrema derecha” será la única beneficiada de cualquier intento de usar la pandemia para polarizar la política española.

Sánchez no ha querido comentar el recurso contencioso administrativo presentado por la Comunidad de Madrid contra la orden del Ministerio de Sanidad de medidas restrictivas para frenar la pandemia en las ciudades con mayor incidencia. Aun así, el presidente ha avisado de que la región se halla en “un momento de extrema gravedad”. Y para ello se valió de números: el 42% de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas por pacientes de coronavirus y la comunidad concentra el 36% de los contagios y 33% de los fallecidos, cuando solo tiene el 15% de la población española. Sánchez recordó que la decisión fue tomada en el Consejo Interterritorial, por lo que a su juicio no invadió competencias. Y remacho: “No perdamos de vista la gravedad de la situación”.