El PSC sostiene que la reforma del delito de sedición no se plantea “en beneficio de nadie”

La reforma del delito de sedición que estudia el Gobierno de Pedro Sánchez ha topado también con Carles Puigdemont. El expresidente catalán, que lleva cinco años huido de la justicia, podría ser uno de los beneficiarios de la reforma —aunque no necesariamente se libraría de la cárcel por ello—, pero él insiste en rechazarlo. Èlia Tortolero, portavoz del PSC, ha afirmado este lunes que los socialistas catalanes son partidarios de rebajar las penas asociadas a ese delito para equipararlo a los estándares europeos, pero que, en cualquier caso, su posible modificación no está concebida ni pensada “en beneficio particular de nadie”. “No hay nada personalista ni se está pensando en nadie”, ha remarcado este lunes.

Con motivo del quinto aniversario de su huida a Bélgica, Puigdemont publicó este domingo en las redes sociales un artículo en el que mostraba su rechazo tajante a poder salir beneficiado de esa hipotética reforma del Código Penal. En esa carta, el expresident y ahora eurodiputado de Junts aseguraba que “gente del PSOE” le había visitado en Bélgica para trasladarle “expectativas de buen trato, vía reforma del Código Penal, y un indulto”, siempre que antes se entregara en el Tribunal Supremo. “Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo”, recalcaba. Tras afirmar que el de Cataluña es “un conflicto político” y que “las soluciones personales no lo resolverán”, Puigdemont mostraba su perplejidad de que se le cite a él como uno de los posibles beneficiados con la reforma.

“Ni busco ni quiero ese beneficio personal”, aseguraba el expresident al tiempo que expresaba su enfado al tener constancia de que el PSOE y ERC han abordado en sus conversaciones la necesidad de resolver su situación personal: “Ni lo he pedido ni lo he autorizado. ¿Qué buscan?”. Puigdemont cree que muchos estarían encantados de que se presentara en el Supremo, cumpliera tres años de cárcel y luego fuera indultado. “Para mi vida personal sería un alivio. Pero sería una renuncia política que no estoy dispuesto a aceptar y yo soy plenamente consciente de lo que representa”, concluía.

Preguntada este martes tras el Consejo de Ministros por si en efecto el PSOE envió emisarios al expresident de la Generalitat, tal y como aseguró este, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha evitado contestar. El grupo parlamentario del PP en el Congreso ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno para que explique “los acuerdos propuestos al fugado Carles Puigdemont para sortear su situación judicial”.

Tortolero, que ha comparecido como cada lunes en la sede del PSC, ha dicho que desconoce esa supuesta propuesta trasladada, según Puigdemont, por miembros del PSOE, y ha puntualizado que en todo caso esos contactos estarían “al margen totalmente de la actualización del Código Penal”. “El PSOE y el PSC trabajamos para que esa reforma sea una realidad con la mayoría que se necesita. No es una cuestión personalista. Trabajaremos para adaptar el Código Penal a la normativa europea sin que sea en beneficio de nadie en particular”, ha afirmado señalando, a preguntas de un periodista, su convicción de que la rebaja del delito de sedición será aceptada igual que ocurrió con los indultos a los nueve líderes del procés que cumplían penas de cárcel. “Solo falta ver lo que pasaba aquí cuando gobierna el PP y lo que pasa cuando gobierna el PSOE”, ha afirmado.

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha calificado de “anacrónico” el actual delito de sedición y lo ha considerado una “amenaza” para el derecho de protesta. También se ha referido a las palabras de Puigdemont. “Es una posición extraña, pero legítima”, ha opinado Asens en declaraciones a la SER, donde ha defendido que “de lo que se trata es de modificar un delito que no es propio de un código penal democrático”.

No es la primera vez que Puigdemont desliza su incomodidad respecto a las negociaciones entre el Gobierno y ERC. El febrero, el president Pere Aragonès y su predecesor chocaron precisamente por la petición del republicano de que el Gobierno retirara “las causas contra el president Puigdemont y el resto de los políticos exiliados”, en alusión a los prófugos. El propio Puigdemont y el entonces secretario general de Junts, Jordi Sànchez, no tardaron en responder que nadie podía negociar en nombre del expresident. El exlíder de la ANC pidió a Aragonès “no mezclar la mesa de diálogo con el exilio”. Después de nombrar a su nuevo Ejecutivo monocolor, Aragonès recordó que Puigdemont siempre ha pedido estar al margen de esas negociaciones.

Junts aboga por derogar directamente el delito de sedición. En todo caso, no están claros los efectos que tendría sobre Puigdemont la rebaja de las penas que pretende el Gobierno. Él no sólo está procesado por sedición sino también por malversación, y por tanto es probable que tuviera que entrar en prisión preventiva igualmente si regresara a España (aunque luego, si resultara condenado, su condena sería más baja que la que sufrieron los cabecillas del procés que fueron juzgados en 2019). Quien sí podría beneficiarse en una primera fase es Marta Rovira, secretaria general de ERC, huida en Suiza, pues a ella no se le acusa de otros delitos, de modo que una rebaja sustancial del tipo penal de sedición podría librarle de la prisión preventiva.

Por otra parte, en una entrevista a RNE y La 2, el consejero catalán de Universidades, el exsocialista Quim Nadal, ha abogado por regresar a “las esencias más puras del Estatut de 2006″, antes del “recorte” del Tribunal Constitucional, para “comenzar a construir un “autogobierno sólido” que permita “profundizar y avanzar” hacia la “autodeterminación” y la “amnistía”. Sobre la carta de Puigdemont, Nadal ha afirmado: “No me hace falta leerla para saber qué está diciendo. Me parece natural que lo diga, otra cosa es si eso sirve para alguna cosa o no”. El exlíder del PSC cree que las manifestaciones de Puigdemont buscan erosionar la vía de diálogo que abandera ERC, y ha criticado directamente el relato legitimista que defiende un sector del independentismo: “Han pasado cinco años, han pasado dos presidentes más. El presidente legítimo de Waterloo [la localidad belga en la que reside Puigdemont] es un episodio de hace cinco años”, ha enfatizado Nadal.

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