Feijóo en el desfiladero

La decisión de Alberto Núñez Feijóo de bloquear de nuevo la renovación del CGPJ mantiene a la cúpula del poder judicial en manos de un único partido —el PP— desde hace nueve años, incumpliendo todos los plazos previstos por la ley y la Constitución. La confirmación de que esta vez tampoco será posible el acuerdo para renovar el órgano de gobierno deja a la justicia española en situación de emergencia y a nuestra democracia con un grave daño reputacional, porque la primera tarea exigible a los partidos democráticos es el normal funcionamiento de las instituciones. El CGPJ lleva cuatro años con el mandato caducado. Ninguna discrepancia política, ningún desacuerdo legislativo, ningún interés particular está por encima de la obligación de hacer funcionar el sistema democrático con las reglas establecidas y con los interlocutores que los españoles han votado en las urnas. Feijóo no puede elegir con qué PSOE cumple la Constitución y con cuál la incumple. Felipe González le recordó este sábado que “primero cumples la ley, y luego propones reformarla”, para no desestabilizar la democracia. El liderazgo del político gallego parece caminar por un estrecho desfiladero vigilado por el ala radical de su partido y su corte, que le conminaban a no pactar. Y no pactó. Esta vez con el argumento de la reforma del delito de sedición en el Código Penal —el Gobierno se había comprometido desde hacía tiempo a su reforma, y ERC le urge a concretar—. Se puede discutir la inoportunidad de la coincidencia de ambos debates en los momentos finales de la negociación, pero el liderazgo consiste en distinguir las piedras y el camino.

Tras la ruptura de Feijóo, Bruselas ha vuelto a exigir acabar con la anomalía de una cúpula judicial petrificada desde el año 2013 con grave quebranto además de los intereses de miles de ciudadanos pendientes de múltiples causas, en particular en el Tribunal Supremo. Sin la renovación por el procedimiento que la Constitución contempla, ninguna de las soluciones alternativas es fácil ni está exenta de contraindicaciones. Pero la emergencia a la que este bloqueo aboca al sistema democrático español obliga al Gobierno y a las demás fuerzas políticas a explorarlas. Algunas se han apuntado estos días. Remitir a las Cortes para su votación en pleno la lista ya consensuada antes de la ruptura, aunque sin el PP, no saldría adelante y conllevaría el riesgo además de que haya vocales que se retiren en estas circunstancias. Otra vía es la propuesta de Podemos de una modificación exprés de la ley que permita que la elección de los vocales del CGPJ en segunda vuelta requiera únicamente de mayoría absoluta, y no los tres quintos del Congreso que exige ahora para la primera vuelta. El Gobierno la tanteó hace meses para acabar renunciando a ella por las reticencias de Bruselas. Una solución de emergencia para aliviar la logística judicial sería una habilitación transitoria y limitada para que el CGPJ pudiera nombrar a los magistrados del Supremo necesarios para cubrir las bajas del último año y medio. Sin descartar que el propio Consejo se decida a dignificar la institución con alguna iniciativa que obligue al desbloqueo. Fue la dimisión de Carlos Lesmes la que propició el último intento de acabar con este espectáculo.

Donde no debería haber ningún problema es en la renovación del Tribunal Constitucional. Rotas las negociaciones, el Gobierno puede nombrar a los dos magistrados que le corresponden, y el CGPJ tiene plenas facultades para completar el proceso que acabe con la interinidad en el tribunal de garantías.

Es el momento de apelar a la responsabilidad de quienes se sientan concernidos por la salud de las instituciones que sostienen nuestra democracia.