La coartada de la sedición

En un seminario organizado por FAES, aquel magistrado reaccionario de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo planteó el siguiente escenario: en un pleno de un Parlamento autonómico la mayoría de los diputados proclama la secesión del territorio español tras una votación, erigiéndose la región en Estado independiente. El ponente del seminario era el jurista Adolfo Prego, fechó la ponencia Derecho penal y defensa del ordenamiento constitucional el 31 de marzo de 2008 y se discutió dos días después con otros jueces y abogados.

Para empezar, Prego aclaraba que dicha proclamación no podría hacerse efectiva: la secesión estaba destinada al fracaso constitucional. Pero lo que profetizaba era algo previo, anterior al intento de materialización de esa independencia. Se refería, simplemente, a una proclamación tras una votación parlamentaria. “Un incidente gravísimo en la estabilidad política española y el mayor reto que pudiera sufrir el orden constitucional y el Estado de derecho”. A pesar de esa gravedad, ante un escenario como el que había imaginado, advertía de que el Código Penal no daba respuestas para castigar a quienes realizasen esa proclamación. “Nadie cometería ningún crimen si oficialmente proclamara en el boletín oficial de una comunidad autónoma su independencia y separación de España. Sin perjuicio de su ineficacia constitucional, no sería un comportamiento criminal”.

Según él, la proclamación de la secesión en el Parlamento autonómico no sería un delito de traición ni de rebelión ni tampoco de sedición. No era una rebelión porque no se habría producido un alzamiento violento. Tampoco sería un caso de traición, según argumentó, porque las modalidades de ese delito descansan en la hipótesis de un conflicto bélico entre España y una potencia extranjera. ¿Sedición? Pues según el magistrado conservador, tampoco. “Este es un concepto conectado con movimientos de masas que se desbordan en algarada callejera y tiene relación con la idea de motín, en el que se quebranta el orden público, pero no necesariamente el orden constitucional”. El Código Penal, por tanto, no podría responder a una situación como la que se produjo en octubre de 2017 en Cataluña.

Entonces, el fiscal general del Estado, además de por malversación, se querelló contra los líderes independentistas por rebelión, lo que tuvo inmediatas consecuencias para los acusados incluso antes de ser juzgados, y también se querelló por sedición. Ninguno de los dos tipos encajaba claramente con los hechos que ocurrieron durante esas semanas de nefasta revuelta institucional, afirmaba el viernes Ignacio Varela, de manera que el Tribunal Supremo tuvo que realizar “un admirable ejercicio de creatividad conceptual” para condenar al Gobierno de la Generalitat y a los líderes sociales tras más de dos años de prisión preventiva. La ironía del veterano Varela desvela uno de los ángulos muertos de la respuesta judicial y ejecutiva que se dio a una crisis constitucional que iba ensanchándose a la vista de todos. Mariano Rajoy y su Gobierno la gestionaron pésimamente, activando primero las cloacas desde el Ministerio del Interior y luego en función de las batallas intestinas entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal (como demuestra con brillantez El muro, de Lola García).

Pero a pesar de la gestión catastrófica de su partido, la posible reforma del delito de sedición ha sido la coartada que Alberto Núñez Feijóo ha encontrado para volver a bloquear la renovación del CGPJ. ¿Incentivos? Aparece como el garante de una unidad nacional que hoy nadie amenaza más allá de las palabras gastadas al precio de seguir desgastando al poder judicial del Estado sin que se note el cuidado. Bien es cierto que el Ejecutivo ha pospuesto meses y meses la discusión sobre la reforma del delito y ahora parece una concesión de urgencia a Esquerra Republicana para aprobar los Presupuestos. Posponer los debates no resuelve los problemas. Incluso peor. Inutiliza al legislativo. Lo cierto es que, hace dos años y medio, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, constituyó una comisión de juristas para estudiar el delito y proponer la disminución de la condena asociada o su modificación. Una oportunidad para adecuar la sedición a la realidad y consensuar soluciones a la crisis constitucional. Otra oportunidad perdida.