ERC intenta agilizar la reforma de la sedición desvinculándola de la negociación de los Presupuestos

Esquerra Republicana ha optado por un cambio de estrategia para facilitar que el Gobierno impulse la reforma del delito de sedición en el Código Penal, algo vital para el partido de Oriol Junqueras y Pere Aragonès y que debería facilitar el apoyo de los republicanos a los Presupuestos de Pedro Sánchez. Si el pasado viernes ERC ya omitió deliberadamente referirse a esta reforma al anunciar que no presentaría una enmienda la totalidad de las cuentas, este lunes los mensajes de los republicanos se han centrado en desvincular, al menos públicamente, la reforma del Código Penal de su voto a los Presupuestos. Con ello pretenden quitar presión pública al Gobierno de Sánchez sin dejar de recordar que para ellos sigue siendo necesario impulsar la reforma lo antes posible. Dentro de esta estrategia la dirección de ERC ha evitado valorar la propuesta de cambio que maneja La Moncloa de reducir a la mitad la pena máxima, asegurando que no entrará en una “subasta pública” y sin dejar de recordar que hay un compromiso de la mesa de diálogo entre Ejecutivos para que ese cambio se concrete antes de fin de año. “Mejor hacer las cosas, cuando se pueden hacer mañana, que no pasado mañana”, ha dicho el diputado Gabriel Rufián en una entrevista a TVE.

“La población está desconectada de estos temas y no está preocupada por si se reforma o no este delito. A la gente lo que le preocupa es pagar su hipoteca o ir al súper”, ha asegurado Rufián, en un intento de remarcar que la negociación de los Presupuestos tiene como centro los problemas de los ciudadanos. El apoyo a las cuentas, ha profundizado, llegará si hay una “mejora de los presupuestos socialmente y se avanza en el conflicto”. El diputado ha tomado así distancia de voces muy influyentes en el partido, como el exdiputado Joan Tardà, que pide que las dos cosas, presupuestos y reforma del Código Penal, estén vinculadas.

El PSOE lleva días instalado en ese mismo argumento. Para ellos, la reforma del Código Penal busca homologar las penas del delito de sedición con las de otros países comunitarios de nuestro entorno y no es una moneda de cambio. “Son dos cosas antagónicas”, ha sentenciado Pilar Alegría. La ministra de Educación y portavoz de la dirección socialista ha reiterado que la modificación de la legislación “es un compromiso de la legislatura” pero ha insistido en que para sacar adelante esa reforma hace falta una mayoría absoluta que “hoy por hoy no se da”.

En las filas republicanas gana peso la idea de que la presión en el calendario debe seguir pero de manera privada y recuerdan que la negociación presupuestaria es su máxima carta para lograr conseguir avances tanto en políticas sectoriales como en “avanzar en la resolución del conflicto”. Otra cosa es que, en este momento, un exceso de escenificación haga inviable que el Gobierno recorra un camino muy espinoso y con réditos no muy claros. En el PSOE temen el potencial desgaste electoral, con todas las casas de encuestas dando al PP por delante del PSOE, y eso explica la cautela.

“Lo que no haremos es entrar en una subasta pública de la reforma del Código Penal, estamos hablando de derechos y estándares democráticos”, ha asegurado por su parte Marta Vilalta. La portavoz de ERC no ha querido entrar a valorar la propuesta adelantada por EL PAÍS de rebajar la pena máxima del delito de sedición de 14 a 7.5 años de cárcel, algo que la ubicaría casi en el promedio de los países del entorno. Su disposición, ha dicho, es negociar este punto lejos de las cámaras y generar la confianza para que todo avance.

Vilalta ha puesto como ejemplo a Francia, Alemania o Suiza como países que han hecho reformar efectivas de ese delito, dejando caer que se trata de que sería la reforma que le gustaría a los líderes republicanos. Y ha recordado que entidades internacionales como Amnistía Internacional o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han aconsejado a España que reforme la sedición para que no parezca que se castiga la libertad de expresión.

El partido liderado por Oriol Junqueras se abrió a la reforma este año, después de que inicialmente pidiera su abolición directa. La última mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, el pasado mes de agosto, acordó que si hubiera algún acuerdo para avanzar en la desjudicialización del conflicto político catalán que necesitara reformas legales, estas se aprobarían en el Congreso antes de que acabara el presente periodo de sesiones. Un calendario que, de antemano, se solapaba con el trámite presupuestario. “Este debate debe trasladarse al Congreso y hoy por hoy no parece que tengamos esa mayoría necesaria para hacer esa reforma”, ha repetido Alegría.

El efecto sobre Puigdemont

La negociación es mirada con frialdad por parte de Junts per Catalunya. En una entrevista en Ser Cataluña, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha asegurado que su formación apuesta por la derogación. “La interpretación que hacemos de este delito es la persecución del independentismo. Lo que no se debería hacer es penalizara nadie por una manifestación pacífica”, ha asegurado. Dependiendo de cómo sea la reforma, el expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica, podría beneficiarse. Con todo, el también eurodiputado ya había dejado claro que se desmarca de cualquier posible pacto entre republicanos y socialistas.

En Comú Podem, por su parte, ha recordado que desde el primer día han reivindicado la reforma del delito de sedición para homologarlo al de otros países europeos. De hecho, la propuesta figuraba en su programa electoral y fue una de las banderas de Jaume Asens, cabeza de lista y ahora presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso. “Se podía haber avanzado desde hace tiempo. Es importante que PSOE y ERC, que no lo veían, defiendan la vía Asens”, ha dicho el portavoz de los comunes, Joan Mena.

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