El PP condiciona la renovación del Poder Judicial a que el Gobierno ponga por escrito que “no reformará” el delito de sedición

El Partido Popular mantiene su nueva línea roja para acordar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años pendiente: no habrá pacto si el Ejecutivo no renuncia “por escrito” a rebajar el delito de sedición en el Código Penal. Es el motivo que alegó el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para cerrar la puerta a un acuerdo en la tarde del jueves, cuando el pacto estaba prácticamente hecho. “El Gobierno tiene en su mano que el PP se siente de nuevo a dialogar y tratar de acordar una reforma de la justicia. Solo necesitamos un gesto muy sencillo. Que Pedro Sánchez se comprometa por escrito, hoy mismo, a que no va a tocar el delito de sedición en España. La negociación estaba muy avanzada, si se puede retomar tiene que ser con este criterio”, ha afirmado el coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, en una conferencia de prensa, este lunes, en la sede del partido. En el cuartel general de los populares aseguran que las negociaciones están “paralizadas”, pero no “rotas”. El negociador del PP, Esteban González Pons, ha reconocido que se habían pactado ya los 20 vocales del CGPJ y ha hablado de “puertas cerradas, pero no con llave”. Aunque este órdago del PP a La Moncloa hace pensar que el órgano de gobierno de los jueces tendrá que seguir en funciones.

La dirección del PP considera que la intención del PSOE era, en realidad, la de “no llegar a un acuerdo” para la renovación del Poder Judicial con Feijóo para mantener el discurso de que el líder del PP “no es un hombre de Estado”. En Génova acusan al Gobierno de introducir la reforma del delito de sedición para hacerles echar marcha atrás. “Lo que pretende hacer el Gobierno es adaptar el Código Penal a sus necesidades del pasado; es decir, una reforma de la sedición con efecto retroactivo. Lo que está buscando es una amnistía total para los condenados”, ha añadido Bendodo, quien ha asegurado que hasta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no dio por sentado en la tribuna del Congreso, durante el debate de los Presupuestos, que la sedición se reformaría, no creían que las penas fueran a rebajarse. “El Gobierno no quiere pactar con el PP nada, ni esto, hace el paripé. Cuando ha visto que podía llegar el acuerdo, se ha sacado de la manga el delito de sedición porque sabe que el PP por ahí no pasa”, ha aseverado el coordinador nacional del PP.

Mientras, el Gobierno no quiere aún poner el foco en las posibles soluciones al bloque sine die del Consejo General del Poder Judicial que plantea el PP después de la ruptura de las negociaciones. El Ejecutivo está concentrado en estos primeros días tras el fiasco del pasado jueves en presionar al PP y en especial a su líder, Alberto Núñez Feijóo. En opinión del Gobierno, Feijóo ha cometido un error de libro y va a sufrir un gran desgaste por ello. Por eso en estas primeras horas ningún miembro del Gobierno quiere aclarar cuáles serán los próximos pasos. Isabel Rodríguez, la portavoz esquivó una y otra vez las preguntas en esta dirección en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y se encerró en una frase que es la que repite machaconamente La Moncloa: “El Gobierno cumplirá con la Constitución”.

El Gobierno sube el tono con el líder del PP pero toda presión parece inútil. La ministra portavoz aseguró que Feijóo “obedece a los más ultras” de la derecha y ha demostrado que “no tiene legitimidad para reclamar el cumplimiento de la Constitución cuando él mismo la incumple y se declara en rebeldía constitucional”. Rodríguez insistió al ser preguntada por los planes para reformar el delito de sedición en que “no hay ninguna novedad” en este asunto, que es un compromiso que el Ejecutivo y el presidente han repetido muchas veces si hubiera mayoría para lograrlo, y acusó al PP de “utilizar esto como excusa para mantenerse en la rebeldía constitucional”. Rodríguez llamó a Feijóo “este señor” y llegó a decir que después de lo que ha hecho con el Poder Judicial ya no se atreve a llamarlo líder de la oposición, porque no ha demostrado capacidad de liderazgo. Rodríguez se indignó además de que el PP está usando la palabra de Carles Puigdemont, que asegura que enviados del Gobierno le han ofrecido un posible indulto, como un referente. “Este señor [Puigdemont] lo que tiene que hacer es venir a España a cumplir con la justicia. Y lo que no es de recibo es que el PP utilice a Puigdemont como argumento de autoridad porque no sabe explicar su debilidad a la hora de cumplir la Constitución”.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado hacía tiempo que pretendía rebajar las penas del delito de sedición. De hecho, la portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en Antena 3, admitió la semana pasada que su partido desligaba las negociaciones para renovar el delito de sedición de los contactos que el Gobierno mantenía con sus socios para reformar la sedición. “Toda negociación es un tira y afloja. Es cierto que la negociación avanzaba. Lo que dijo Sánchez de que estaba preparado para firmar es falso, todavía quedaban cosas. Se habían acordado el nombre de los vocales y quedaba fundamentalmente ese modelo de elección para el futuro. El negociador socialista no se negó. Todo lo hace saltar por los aires por parte del Gobierno”, ha relatado Bendodo.

Un par de horas antes de la comparecencia de Bendodo, el negociador del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que en la primera reunión de Feijóo, Sánchez y los dos negociadores “se pactó que no se tocaría el tema de la sedición”, en referencia a la rebaja en este tipo delictivo por el que han sido condenados los líderes del procés, y que el pacto no estaba cerrado.

Tanto Pons como Bendodo han reconocido que las partes sí habían pactado una lista de 20 vocales. “Son nombres adecuados, correctos idóneos y son nombres despolitizados, pero desde el principio dijimos que esto no iba de nombres”, ha manifestado Pons sobre los aspirantes a ocupar un sillón en el Consejo General del Poder Judicial. “Son personas con prestigio y deben quedar a salvo de nuestras disputas políticas, son nombres aceptables todos”, ha añadido.

El dirigente popular ha manifestado su temor a que la situación judicial de España sea comparada con la de Polonia. “El informe del Estado de Derecho del próximo mes de julio, de continuar las cosas como están, puede equiparar la situación de España con la de Polonia o con Hungría, y en particular a Polonia en lo que respecta al Poder Judicial (…) Y esto puede ocurrir porque así lo advirtió el comisario [europeo de Justicia] Reynders en su visita a España”.

Pons ha repetido que la UE reclama a España que renueve el Poder Judicial y reforme su sistema de elección, pero ha invertido el orden de prioridades para su formación. “Mientras no esté garantizado que hay reforma, no se puede proceder a la renovación. O hacemos las dos cosas que pide la UE o estamos incumpliendo el informe del Estado de Derecho de la UE.”

El comisario europeo, durante su visita a España a finales de septiembre, subrayó la diferencia entre la “buena situación” de la justicia española y otros países con “problemas sistémicos”, entre los que citó a Polonia. Reynders, que visitó España para intentar desatascar el grave problema de la renovación judicial, habló de renovar y después reformar el sistema de elección de los vocales del órgano de Gobierno de los jueces.

El negociador del PP también ha enviado un recado al Tribunal Constitucional, al que ha reclamado que se pronuncie sobre la ley aprobada por el Gobierno que impide al Poder Judicial cubrir las vacantes del Tribunal Supremo cuando está en funciones. “Ya podían ir dictando sentencia sobre esta ley del Gobierno, porque eso de que tengamos un Tribunal Constitucional que cuando la situación política es conflictiva decide no reunirse para decidir sobre asuntos espinosos importantes nos tiene en una situación de impasse inexplicable”, ha manifestado Pons. “Hay leyes que llevan años y años sin sentencia porque el tribunal no quiere mojarse, máxima independencia para el Tribunal Constitucional, pero un tribunal que se moje un poquito también sería deseable”, ha añadido.

Como parte de su ofensiva, el Partido Popular ha registrado este lunes en el Congreso una batería de iniciativas en un intento de retratar a todos los miembros del Gobierno sobre los asuntos que creen que han provocado la ruptura del pacto. En concreto, el grupo parlamentario del PP ha solicitado la comparecencia de Sánchez para que “informe en el pleno sobre los acuerdos propuestos al fugado Carles Puigdemont para sortear su situación judicial”. El expresidente de la Generalitat publicó este domingo un artículo en las redes sociales mostrando su rechazo tajante a poder salir beneficiado con la reforma del delito de sedición, al tiempo que muestra su enfado al tener constancia, según especifica, de que el PSOE y ERC han abordado en sus conversaciones la necesidad de resolver su situación personal. El PP también ha pedido las comparecencias, en las comisiones correspondientes, del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y de la titular de Justicia, Pilar Llop, sobre los supuestos beneficios ofrecidos a los fugados y condenados tras el golpe en Cataluña.