La ruptura de Feijóo une al PSOE

Cada sentencia de Felipe González es un aldabonazo en el cuerpo y en el alma del PSOE, el partido del que fue líder entre 1974 y 1997. A veces, a modo de puñetazo en el estómago; en otras, en forma una inyección de moral y de reafirmación de estar en el lado correcto. El expresidente del Gobierno entre 1982 y 1996 se ha puesto con nitidez de parte del actual presidente y líder socialista, Pedro Sánchez, en su defensa de renovar de una vez el órgano de gobierno de los jueces sin supeditar esta renovación a la renuncia del delito de sedición. Esa disyuntiva planteada por Alberto Núñez Feijóo es rechazada por Felipe González y la inmensa mayoría del partido, incluidos los líderes territoriales, tanto los más apegados a Sánchez como los más alejados. Feijóo ha unido al PSOE y con ganas. En esta ocasión el espantajo de cesiones a los independentistas no ha tenido el menor impacto interno.

Llegará el momento de afrontar la reforma del delito de sedición, con una disminución de las penas para quienes incurran en ese hecho delictivo. Y no habrá entusiasmo en muchos socialistas. Pero el trueque, chantaje, excusa, trágala, según denominaciones de dirigentes socialistas, que ha planteado el PP para el nuevo parón en la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), les resulta inadmisible. Si la negociación para la renovación hubiera comenzado en las últimas semanas y, en medio, hubiera emergido la reforma del delito de sedición, los populares hubieran podido poner el grito en el cielo con alguna credibilidad. “La negociación lleva cuatro años, con muchas vísperas de acuerdos, y, al final, siempre dan marcha atrás”, señala un dirigente territorial, que utiliza expresiones no muy diferentes a las de sus compañeros, consultados por este periódico.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, nada proclive a inhibirse de manifestar opiniones que puedan ir en sentido contrario a lo que hace o dice Pedro Sánchez, critica y rechaza la ruptura unilateral del PP en esta negociación. “Se puede tener la opinión que sea sobre el independentismo, pero eso no lo tiene que pagar ni el Tribunal Constitucional ni el Consejo General del Poder Judicial. Hay que cumplir y ser formales y el PP tiene la misma obligación del resto de separar intereses electorales de los intereses institucionales”. Esta reconvención de Page a los populares, formulada el viernes en Guadalajara, se nutrió de otros argumentos que espetó contra el PP. “Ellos creen que hacen daño al Gobierno, pero se lo hacen al Poder Judicial y a España”.

Cumplir la ley. Este fue el argumento central de Felipe González, esgrimido este sábado en Sevilla en la conmemoración del 40º aniversario de la victoria en las urnas del PSOE y suya. “Si a alguien no le gusta una ley, tiene todo el derecho a cambiarla; a lo que no tiene derecho es a incumplirla. Es fácil de entender: primero la cumples y luego propones que se cambie, pero no me la salto y la condiciono a no sé qué, a otra cosa. Eso no sirve para estabilizar la democracia ni mejorar la convivencia”. Estas frases de González quisieran cincelarla en plata tanto la dirección socialista como buena parte de la militancia.

En esta ocasión, en un asunto tan delicado como es el romper una negociación porque el Gobierno supuestamente va a favorecer a los independentistas, tal como lo agita y expresa el PP, escuchar la voz de González contra quien elabora esa miscelánea, es puro bálsamo para el socialismo. El hilo identitario del partido, muchas veces debilitado o roto, en esta ocasión recorre la organización y a sus líderes territoriales, manteniéndose tenso. Fue el presidente castellano-manchego quien dejó en el aire una afirmación sin su desarrollo. “Todos sabemos por qué no quieren renovar el consejo…”. Ese “por qué” es motivo de consideraciones en esta ruptura y en las anteriores, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. Estos últimos han hecho un auténtico ejercicio de contención, sostenido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para mantener la paz con el PSOE ante su aceptación de la exigencia del PP de ni mencionar a jueces bien vistos o cercanos a Unidas Podemos, como Victoria Rosell. En la izquierda, tras lo ocurrido estos cuatro años, se empieza y concluye el relato en la negativa de la derecha a perder el poder en el CGPJ y en el Tribunal Constitucional. Ni ahora ni en mucho tiempo. Así será, si no hay un vuelco, hoy por hoy inverosímil.

Con Alberto Núñez Feijóo no parece que se cumplirá la legislación vigente. La interinidad de los miembros del consejo es ya de un cuatrienio, sin que haya formalmente un instrumento legal para que los vocales del órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado desalojen sus despachos. Otra anomalía a la que contribuye el poder político, en este caso el PP, que facilita que vocales conservadores y progresistas sigan ocho en una tarea en la que desde hace un cuatrienio correspondía a otros. Y mientras, las asociaciones judiciales claman por la renovación sin que se les escuche.

Si el PP consigue una mayoría para gobernar tras las elecciones de diciembre de 2023, habrá renovación. Aunque el PSOE incurriera en la incoherencia de imitar al PP y la bloquease –se asegura que no–, a efectos prácticos sería indiferente en el equilibrio interno porque seguirían al mando los conservadores en virtud del bloqueo para la renovación. De esto sí que se habla en las agrupaciones del PSOE y en los argumentarios que reciben. Y sus conclusiones les mantiene unidos.