La derecha, contra los Presupuestos: más ideología que números

Las palabras, los juicios de valor y los de intenciones, y el sesgo ideológico y, sobre todo, el partidista se sobrepondrán con creces a los números en el debate parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Entre el miércoles y el jueves, el Congreso debatirá las siete enmiendas a la totalidad que presentan otros tantos grupos políticos con la petición de que las cuentas no se tramiten y sean devueltas al Gobierno. No menos de 190 diputados lo impedirán y el proyecto de ley empezará su andadura.

El Gobierno defenderá que son los presupuestos que necesita España en estos momentos, a pesar de que las previsiones de gasto e ingresos —sobre todo estas últimas— están en entredicho por la incertidumbre nacional e internacional en la que se han elaborado. El PP no se centrará en el contexto de crisis que asola a Europa, sino en que el Gobierno aprobará unos presupuestos inservibles por culpa de las cesiones que hará a quienes no quieren a España. En el debate, estas supuestas contrapartidas que citarán los populares, Vox y Ciudadanos serán identitarias y políticas, y no de la negociación, peliaguda y complicada, sobre demandas tangibles económicas y, sobre todo, de infraestructuras en Cataluña y el País Vasco.

Detrás de lo que se escuche este miércoles y jueves en el Congreso —donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevará todo el peso del debate en el que habrá muchos contra ella—, está el Presupuesto que se aplicará en España durante 2023. No obstante, habrá modificaciones a través de las enmiendas, fruto de la negociación con los grupos aliados y dentro del propio PSOE y con Unidas Podemos. Habrá forcejeo hasta el último minuto antes de la votación definitiva. “Se llama negociación”, señala La Moncloa con el apellido de que es “presupuestaria” y no de otras materias. Esa negociación, y el afán de que continúe, ha llevado a ERC, PNV y Bildu a propiciar que las siete enmiendas de devolución —defendidas por el PP, Vox, Ciudadanos, JuntsxCAT, CUP, Foro Asturias y los dos exdiputados de UPN— fracasen.

Los argumentos económicos del PP para justificar su rechazo tendrán el inestimable nutriente de las críticas del Banco de España y, sobre todo, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los populares contarán con ese aval técnico para rechazar las cuentas de 2023. El gobierno y la AIReF disienten respecto a las perspectivas de crecimiento real y la evolución de la inflación. Economía sitúa el crecimiento en un 2,1% y la autoridad fiscal, en un 1,5%. No ve este organismo, además, una estrategia a medio plazo. Sobre estas bases, el PP cree tener elementos para exigir al Gobierno que retire los Presupuestos.

Precisamente por la incertidumbre y la imposibilidad de ampararse en certezas, el Gobierno ha previsto dos posibles escenarios presupuestarios. Lejos de admitir las críticas por esa inusual doble previsión, lo valoran por la necesidad de estar preparados ante la eventualidad de una realidad inestable, siempre a peor. No cambiará el signo de la apuesta por las partidas sociales. Las necesidades son muchas y pueden ir a más, según evolucione la guerra en Ucrania y sus consecuencias para toda Europa.

No será la zozobra del invierno en Europa —asunto exclusivo del que, con diferencias, se debate en Europa, por la afectación directa sobre los ciudadanos— lo que sobresalga en el discurso de los defensores de las enmiendas de devolución. El apoyo al Gobierno de ERC, EH Bildu y el PNV —aunque a este último grupo el PP lo menciona menos— para que haya Presupuestos será lo relevante. ¿A cambio de qué? Los populares y el resto de los grupos de la derecha tienen ya su respuesta, que consiste en vincular el apoyo a los Presupuestos con el compromiso de Pedro Sánchez de modificar en el Código Penal el delito de sedición. Sobre el respaldo de EH Bildu, dirán que el Gobierno lo paga con el traslado a cárceles del País Vasco de presos de ETA. El Ejecutivo niega taxativamente que la negociación, dura y correosa con unos y otros, se haya salido o vaya a exceder del amplio contenido de demandas presupuestarias.

Es mucho lo que ERC quiere aún obtener de estos Presupuestos. Y lo mismo ocurre con el PNV y Bildu, con la seguridad de que serán los últimos de la legislatura. El Gobierno siempre ha apostado por la probabilidad de conseguir apoyos para las cuentas de 2023 por la imperiosa necesidad de las administraciones central y autonómicas de contar con un Presupuesto en medio de una crisis económica brutal.

La estabilidad del Gobierno español es una realidad que ayuda a que Sánchez pueda liderar debates y ser escuchado, resaltan en La Moncloa. La satisfacción del Ejecutivo, contenida por el reconocimiento de que la situación económica es grave y puede ir a peor, convive con la constatación de que la oposición del PP va por derroteros ajenos a las cuentas. Los populares se harán fuertes en la aseveración de que Sánchez no lleva adelante políticas socialdemócratas, sino de radicalismo populista. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, fijó estos reproches el pasado martes en el Senado. Con el añadido imprescindible de que Sánchez negocia con quienes no quieren a España y, por tanto, tampoco él quiere a su nación. Mucha ideología y pocos números.