El PP urge al Constitucional a resolver ahora asuntos clave

El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, encargado de negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial y del Constitucional, pidió este lunes al tribunal de garantías que se pronuncie sobre recursos relevantes contra leyes socialistas pendientes desde hace años. “También le digo al Tribunal Constitucional, si me lo perdonan, que ya podían ir dictando sentencia sobre esta ley del Gobierno (la de que prohíbe hacer nombramientos a un Poder Judicial con el mandato caducado), porque eso de que tengamos un Constitucional que cuando la situación política es conflictiva decide no reunirse para decidir sobre asuntos espinosos importantes nos tiene en una situación de impasse inexplicable. Hay leyes importantes que llevan años y años sin sentencia porque el tribunal no quiere mojarse, máxima independencia para el Constitucional, pero un tribunal que se moje un poquito también sería deseable”, declaró González Pons en Onda Cero.

El Constitucional ha decidido no dictar sentencias sobre esas leyes (aborto, educación y eutanasia, entre otras) hasta que no se resuelva la renovación del tribunal, pendiente desde julio.

La petición de González Pons causó este lunes malestar en el tribunal, que la interpretó como un intento de injerencia intolerable. Las críticas a las declaraciones del vicesecretario del PP llegaron en términos similares y con la misma intensidad desde el grupo progresista y desde el mayoritario grupo conservador.

Las fuentes consultadas de ambos sectores coincidieron en subrayar que a su juicio el tribunal no tiene por qué alterar su estrategia ni su calendario en la organización de las deliberaciones. Añadieron que los procesos internos de decisión responden a una dinámica que debe atender al principio de independencia del Constitucional y también el de oportunidad, criterio este por el que se deben rechazar las presiones ni atender a conveniencias políticas.

Ambos sectores del tribunal coinciden en que nada lleva a pensar que el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, vaya a cambiar ahora de prioridades al frente del tribunal. Explicaron que depende del presidente la confección del orden del día de los plenos, en los que no se incluyen desde hace un año —es decir, desde su toma de posesión— los asuntos con mayor carga política susceptibles de provocar enfrentamientos como los registrados con el debate de la sentencia sobre el estado de alarma frente a la pandemia.

Conservadores y progresistas coinciden en que su deseo es que se produzca una pronta renovación del tribunal. En ambos sectores se descarta que el órgano de garantías vaya a iniciar ahora una secuencia de fallos que anulen o ratifiquen las principales leyes de diversos Ejecutivos socialistas —eutanasia, ley de plazos del aborto, reforma educativa de la denominada ley Celáa— todas ellas recurridas por el PP.

El vicesecretario general del PP, sin embargo, se refirió este lunes al tribunal de garantías manifestando que “en el Constitucional no está el verdadero problema del bloqueo en las renovaciones, sino que el verdadero problema está en la ambición de Sánchez”.

Uno de los magistrados consultados afirmó: “Ahora menos que nunca tenemos que modificar nuestra hoja de ruta, porque lo último que puede hacer el tribunal es aparecer como aliado de estrategias de terceros o permitiendo que parezca que recibe instrucciones partidistas”. La misma fuente mostró su rechazo a que “ahora nos critiquen porque llevemos un año sin llevar al pleno lo que a ellos les gustaría que lleváramos, cuando ellos han dejado pasar cuatro años sin renovar el Poder Judicial”.

En el tribunal nadie defiende resolver ya los recursos contra la ley que prohibió al Consejo del Poder Judicial efectuar nombramientos. Las fuentes consultadas aseguran que no hay borrador de sentencia alguno y que los ponentes —Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, ambos del sector progresista— no tienen la menor intención de terminarlos en breve. Ni Xiol ni Balaguer han sido instados por el presidente del Constitucional para que presenten sus propuestas ni creen que vaya a pedírselo.