El suplicatorio: un paso necesario, pero no definitivo, para la entrega de Puigdemont a España

La concesión del permiso por el Parlamento Europeo (tras la presentación de un suplicatorio) para actuar contra Carles Puigdemont implicará la reactivación de la euroorden de detención por sedición y malversación contra el expresident, congelada por la justicia belga desde hace más de un año. Supone un paso imprescindible, aunque no definitivo, para que la justicia española consiga lo que lleva más de tres años persiguiendo: la entrega del expresidente catalán para juzgarlo por los delitos cometidos durante el desafío secesionista de 2017, por los que nueve líderes independentistas (incluidos varios miembros del Govern de Puigdemont) fueron condenados a entre nueve y 13 años de cárcel por sedición o malversación.

Pero el fin de la inmunidad del expresident no garantiza su entrega. La decisión quedará en manos de la justicia belga, que, por ahora, no ha dado la razón a España en ninguna de las decisiones que ha tenido que tomar sobre los líderes independentistas huidos. La última de ellas, el rechazo a entregar al exconsejero Lluís Puig, ha encendido de nuevo las alarmas en el Tribunal Supremo.

El instructor de la causa del procés en el alto tribunal, el magistrado Pablo Llarena, considera que las razones alegadas por Bélgica para no entregar a Puig discrepan de la interpretación de las normas europeas que hacen los tribunales españoles. Llarena teme que la justicia de ese país aplique esos mismos criterios al caso de Puigdemont, por lo que está decidido a pedir la intervención del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), mediante la presentación de una cuestión prejudicial, para que acote las posibilidades de rechazar la euroorden y fije criterios “estables” que le ayuden a decidir si mantiene, retira o dicta una nueva euroorden. Si el instructor acude al TJUE, el proceso quedará otra vez paralizado y Bélgica no podrá decidir si entrega o no a Puigdemont hasta que el tribunal europeo responda.