El Parlamento Europeo resucita el suplicatorio contra Puigdemont

El Parlamento Europeo pone de nuevo a funcionar la maquinaria para votar la retirada de la inmunidad del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, prófugos de la justicia española desde hace casi tres años, y europarlamentarios desde principios de 2020.

Hasta ahora, la pandemia había evitado que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, que es la que ha de valorar sus casos, pudiera ponerse manos a la obra. El reglamento del Parlamento exige que estos procedimientos, al afectar a derechos fundamentales, se desarrollen de forma presencial y a puerta cerrada, para garantizar la confidencialidad. Algo que se volvió imposible con la propagación del coronavirus en el mes de marzo, cuando el órgano europeo se vio obligado a introducir fórmulas de semipresencialidad.

Ante la parálisis, Adrián Vázquez, presidente de esta comisión y eurodiputado de Ciudadanos, exhortó a los servicios jurídicos del Parlamento a que valoraran fórmulas alternativas. El informe de respuesta, un documento confidencial fechado el 27 de octubre y al que ha tenido acceso este periódico, asegura de forma rotunda que estos procedimientos pueden llevarse a cabo: “Las reuniones híbridas son un formato adecuado para cumplir con la obligación de ocuparse de los asuntos de inmunidad en las actuales circunstancias creadas por la pandemia”. Con reuniones híbridas se refiere a aquellas que se desarrollan en parte de forma presencial y en parte de modo telemático. En otras palabras: es posible reactivar de forma inmediata los suplicatorios de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Tras recibir el informe, Vázquez ha enviado una carta a los coordinadores de la comisión de Asuntos Jurídicos sugiriendo una hoja de ruta para retomar las cuestiones sobre inmunidad (que no solo se refieren al caso de los políticos catalanes, hay numerosos asuntos pendientes desde marzo). En concreto les pide retomar “inmediatamente” estos asuntos “a través de participación remota” y con “estricta observancia a las recomendaciones, garantías y salvaguardas” emitidas por los servicios jurídicos del Parlamento, que se refieren a las comprobaciones que habrán de hacerse y a las personas que podrán estar presentes durante los interrogatorios. En la misiva, Vázquez les da a los coordinadores, que son los representantes de los grupos parlamentarios en dicha comisión, hasta el próximo martes a las 19.00 para plantear objeciones. Si expresaran reservas obligaría a abrir una negociación entre los grupos.

La jugada de Ciudadanos coloca al resto de los grupos políticos en una incómoda posición: ahora les toca retratarse en un asunto muy volátil. “Lo importante es que el reloj se ha puesto en marcha”, asegura Vázquez. Hasta la fecha, la pandemia había logrado que el Parlamento esquivase el espinoso asunto de Cataluña. Una situación que algunos preferían así: mientras estuviera dormida nadie tenía que pronunciarse. Pocos han peleado para resucitarla. Ciudadanos ha colocado esta mano sobre el tapete. Y al PSOE, por ejemplo, que cuenta con una vicepresidencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos, le obligará ahora a tomar partido: ¿serán capaces negarse a que los procedimientos sobre inmunidad sigan su curso cuando la opinión legal del Parlamento Europeo está de acuerdo en que se desarrollen?

“Lo principal es no meter la pata”, dice una fuente socialista. “No hacer un proceso cogido con pinzas para que sea impugnado mañana”. Se trata, en opinión de esta fuente, de que la comisión resuelva “con normalidad” y “en un contexto general”. “Nada de soluciones forzadas ad hoc”.

El abogado Gonzalo Boye, que ejerce la defensa de los políticos catalanes, no tiene muy claro que la propuesta vaya a acabar en buen puerto. “Ya lo veremos”, dice de forma escueta.

El asunto del suplicatorio se remonta a principios de año cuando, tras la aceptación de los tres políticos catalanes del acta de diputados europeos, el juez instructor del caso del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, inició una solicitud para que se levantase la inmunidad a los políticos prófugos de la justicia, un paso necesario para reclamar después su extradición. Se puso en marcha entonces un complejo procedimiento. En primer lugar, la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento, tras escuchar a las personas implicadas y estudiar la información que crea necesaria, deberá emitir un informe que recomiende aceptar o rechazar el levantamiento de la inmunidad. A continuación, el Parlamento deberá votar este informe en pleno; necesita mayoría simple para aprobarlo.

En cualquier caso, aunque sus colegas diputados decidieran despojar a Puigdemont, Comín y Ponsatí de su inmunidad esto no implicaría su extradición de forma inmediata a España. El asunto pasaría entonces a la justicia belga (en el caso de Puigdemont y Comín, asentados en Bélgica) y a la británica (en el de Ponsatí, asentada en Escocia), cuyos tribunales habrán de valorar la solicitud de extradición. Una decisión que tampoco es evidente. En agosto, por ejemplo, la justicia de Bélgica rechazó la extradición de Lluís Puig, otro de los exconsejeros catalanes huidos en este país y reclamados por el Supremo español. La decisión fue recurrida por la Fiscalía de Bélgica.