Un contexto político complejo

La intención del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de avanzar en su agenda reformista se encontrará con un contexto político y económico complicado. Estos son los principales desafíos a los que se enfrentará el Ejecutivo, junto con la gestión de la covid-19.

Presupuestos y reconstrucción. El plan del Gobierno, que se ha trabajado estos días con los demás socios, es que el proyecto de los primeros Presupuestos Generales del Estado de la coalición para 2021, aprobados en el pleno del Congreso el pasado 3 de diciembre, pase ahora por el Senado sin cambios y pueda ser ratificado sin debate el 29 de diciembre. Y así, acabar el año con la ley clave para cimentar la reconstrucción del país tras la pandemia en vigor.

Son unos Presupuestos expansivos y con un porcentaje récord de gasto social que han concitado el apoyo de 11 partidos y casi 190 diputados. Y son las cuentas que deberán canalizar los cuantiosos fondos europeos que comenzará a recibir España en 2021 para salir de la crisis de la covid-19 y modernizar su economía, que se estiman en total en 140.000 millones. El único debate planteado al respecto, en este caso por la derecha de PP, Vox y Ciudadanos, es sobre quién y cómo se determinará la adjudicación de esas ayudas.

Cataluña. El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ha sacado adelante esos Presupuestos con el respaldo de los socios más o menos previsibles (PNV) y, sobre todo, gracias a los 13 escaños de ERC. La alianza con los independentistas republicanos catalanes ha servido para asentar la mayoría, dividir y distanciar la relación con los nacionalistas moderados en este caso de JuntsxCat, y situar en la agenda una solución distinta a la crisis política en Cataluña. El presidente Pedro Sánchez se comprometió hace un año a convocar una mesa de diálogo con el Govern catalán para enfocar las discrepancias desde la política, más que desde la justicia. Pero la cita se ha postergado por razones de conveniencia en Madrid y Cataluña.

Ahora se ha colado en medio la convocatoria de unas elecciones autonómicas el próximo 14 de febrero que pueden ratificar la actual senda o trastocar todo de nuevo. Los independentistas incrementan la presión al exigir soluciones a los políticos condenados y presos por su implicación en el proceso separatista del referéndum ilegal del 1-O antes de esa cita con las urnas. El Gobierno ha puesto en marcha un proceso para tramitar sus indultos o incluso una reforma de la consideración del delito de sedición en el Código Penal que tropieza con un apretado calendario, con la dura oposición de la derecha y con su negativa total a favorecer una ley de amnistía.

La Monarquía. El rey Felipe VI lanzó, en la Nochebuena de 2019, un mensaje de “confianza firme en España” en tiempos que “no son fáciles” y de “mucha incertidumbre”, en los que, a problemas globales, se suman aquí “otras serias preocupaciones: el deterioro de la confianza en las instituciones y, desde luego, Cataluña”. No ha sido un año fácil para Felipe VI, la Monarquía y la Casa Real. Sobre todo por el papel jugado en este curso por la figura tan cuestionada de su padre, el rey emérito.

En el Gobierno, además, conviven dos fuerzas con posiciones muy diferentes: el PSOE respeta totalmente el pacto constitucional y la monarquía parlamentaria; Unidas Podemos cree en la república y se ha fijado entre sus objetivos trabajar para conseguirla. Esas diferencias se habían mantenido congeladas hasta ahora, cuando ante las últimas revelaciones sobre comportamientos irregulares de Juan Carlos I, desde Podemos no disimulan nada sus pretensiones. La formación que lidera Pablo Iglesias se ha vuelto a aliar en el Congreso con otros partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas para intentar periódicamente montar una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I, pero también sobre la Corona. Eso sí, con la oposición a ese frente del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.