Ofensiva del Gobierno para sacar adelante sus leyes sociales y acorralar al PP

”Tres años más de BOE”. Así es como ven el futuro los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, una vez superado el principal reto del difícil curso político de 2020: aprobar unos Presupuestos Generales del Estado nuevos que hagan olvidar los prorrogados desde 2018. Tras surfear su primer año en el poder concentrados en combatir la covid-19, el Ejecutivo pretende retomar y relanzar su agenda reformista con proyectos emblemáticos aparcados, “más verdes, feministas y sociales”. Y arrinconar al PP, enfrascado en investigaciones políticas y judiciales sobre sus pasados casos de corrupción.

Tres años más para promover desde el Consejo de Ministros y llevar al Congreso de los Diputados leyes y proyectos que definan una hoja de ruta “progresista, verde, feminista y de mayor cohesión social”. La confesión de esta pasada semana de Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE, la suscribe totalmente en este caso su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, pese a los evidentes y constantes problemas de encaje y coordinación observados en estos 12 meses del primer Gobierno de coalición en España. 2020 ha sido un año de tránsito, de gestionar la mayor crisis sanitaria de la historia por la covid-19, de conocerse, comprenderse y acoplarse entre los socios.

El Ejecutivo se plantea en 2021 una contraofensiva con sus reformas más emblemáticas. Y a la vez, impulsar una comisión de investigación del caso Kitchen —el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy— para acorralar al primer partido de la oposición.

El virus de la covid-19 ha trastocado todo este año difícil. También ha sido así con las prioridades del Ejecutivo ante la impuesta “nueva realidad”. Desde el inicio de la XIV legislatura se han aprobado 43 iniciativas legislativas, ocho leyes (una orgánica) y se han convalidado 34 reales decretos ley, la mayoría relacionados con el estado de alarma que provocó la pandemia y lo ha marcado todo. En los asuntos de fondo, sin embargo, se han apuntado solo intenciones.

En el ámbito fiscal se han aprobado las tasas Google y Tobin, pero sigue pendiente la revisión y armonización de todo el sistema tributario. Sobre la promesa de la derogación íntegra de la reforma laboral del PP, solo se ha eliminado por ahora el despido objetivo por falta de asistencia al trabajo. Y hay discusión ideológica entre varios departamentos sobre su alcance total, como está sucediendo también con la intención de mejorar ya más del 0,9% el salario mínimo interprofesional. En el ámbito social se dio luz verde al ingreso mínimo vital para las personas más desamparadas, pero su gestión se está mostrando compleja. En la justicia, el Consejo de Ministros aprobó la ley que cambiará la investigación de los enjuiciamientos criminales, pero sigue encallada la renovación de los cargos institucionales y del Poder Judicial, por el bloqueo del PP.

Hace ya casi un año, en su discurso de investidura como presidente, Pedro Sánchez abordó en 113 minutos, con 59 interrupciones de aplausos y 14 de abucheos, un ambicioso plan de cambios para el país en todos los sectores que se vio drásticamente interrumpido en pocas semanas tras la irrupción de la pandemia. Desde la tribuna del hemiciclo, empezó proclamando que con la llegada del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos se rompía “el bloqueo al Gobierno progresista elegido democráticamente”, y acabó pidiendo a los demás partidos algo de “patriotismo para que la convivencia del país no se resintiese”. Habló de muchas leyes y propósitos que no se han llevado a cabo. El objetivo es retomar esa agenda ahora antes de que acabe 2020. Y relanzar esa hoja de ruta reformista en el Congreso en las últimas sesiones parlamentarias para ejecutarla durante 2021.

Esta semana se celebrará en el Congreso el último pleno ordinario y legislativo del año, con un orden del día denso y completo que englobará de diferentes formas todos los asuntos relevantes en marcha. La idea es culminar este periodo de sesiones el 29 de diciembre con la aprobación definitiva en un pleno especial del primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado de la coalición en el poder. En apenas una semana se ratificará, además, la reforma de la ley orgánica de educación (ley Celaá); se tomará en consideración el dictamen final de la Comisión de Justicia sobre la ley de eutanasia (España será el sexto país del mundo en regular el derecho a una muerte digna en casos especiales); y se abordarán la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la ley de cambio climático y la ley que regulará el Poder Judicial en funciones.

Último pleno del año

Este miércoles, el presidente hará su última comparecencia del año ante el pleno para explicar sus gestiones en tres consejos europeos clave en Bruselas y para hacer su primer balance de la última declaración del estado de alarma por la pandemia, en este caso en vigor hasta el 9 de mayo. También tendrá lugar la última sesión de control, en la que recibirá preguntas de un diputado canario sobre la crisis de inmigrantes, de otro de EH Bildu sobre la influencia en sus políticas de la patronal CEOE y otra genérica del líder de la oposición, Pablo Casado.

Entre el 22 y el 29 de diciembre se constituirá en el Congreso la comisión de investigación del caso Kitchen, que indagará sobre el comportamiento irregular de cargos de Interior de los Gobiernos de Rajoy para espiar al extesorero del PP. Esta comisión marcará la agenda política en los primeros meses de 2021, al tiempo que se celebrará en la Audiencia Nacional el juicio al PP por los papeles de Bárcenas.

En su balance del año, la socialista Adriana Lastra enfatizó la semana pasada: “Hemos llevado parte de nuestros compromisos al Boletín Oficial del Estado. Por delante tenemos tres años más de legislatura para seguir haciéndolo. Para construir un país más verde, cohesionado, feminista y con mayor justicia social. Sabemos, podemos y debemos hacerlo, y así lo vamos a hacer”.

Echenique, de Unidas Podemos, retomó el argumento de la “consolidación y estabilidad” lograda por la mayoría progresista en el Gobierno, “frente a la fracasada estrategia desestabilizadora de la derecha”. Pero apuntó tareas pendientes: reforma laboral, salario mínimo, igualdad y un Poder Judicial más plural.