El Gobierno justifica la ausencia del Rey en el acto de Barcelona: “Nuestra obligación es proteger la Monarquía”

La tormentosa polémica por la inasistencia del Rey al acto que celebra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este viernes en Barcelona —la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces— no tiene visos de amainar. Con parte de la carrera judicial en pie de guerra, el Gobierno se ha visto obligado a salir a defender que Felipe VI no acuda al acto. Tras hacerlo este miércoles la vicepresidenta Carmen Calvo con un escueto “hay decisiones que están muy bien tomadas”, le ha tocado el turno este jueves al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que acudirá precisamente al evento: “Hay todo un paquete de razones que han aconsejado tomar esta decisión”, ha dicho en una entrevista en la Cadena SER, donde ha añadido: “Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la Monarquía lo es”.

“Quien tenía que tomar esta decisión la ha tomado. Esa decisión se ha tomado sopesando muchas variables. Lamento que no esté el Rey presidiendo un acto que para mí es muy emotivo. Creo que, en la ponderación de bienes, hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y sin duda la Monarquía lo es”, ha detallado Campo, que ha insistido en que no se puede “sobredimensionar” este tema.

Pero la decisión de que Felipe VI no acuda al acto, al que ha asistido todos los años desde que asumió la Jefatura del Estado, ha sentado realmente mal en una buena parte de la carrera judicial. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves que el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, haga mañana una mención a la ausencia del Rey en su discurso ante los nuevos jueces. Según fuentes del Consejo, en esta alusión, Lesmes “fijará la posición” del órgano de gobierno judicial ante esta polémica. La Comisión Permanente, que este jueves ha tratado del asunto en su reunión, prefirió no redactar un comunicado oficial, como ha hecho en otras ocasiones.

Seis de los veinte vocales del Consejo —María Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández Martínez, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán—, sí han difundido un comunicado a título individual sobre este asunto. En él “lamentan profundamente” no contar con la presencia de Felipe VI en Barcelona, y recuerdan que el hecho de que el Rey acuda tanto a la apertura del año judicial como a la entrega de despachos de los nuevos jueces “no solo es un motivo de orgullo para las juezas y jueces españoles", sino que es “el símbolo del valor que la Justicia tiene en un Estado de Derecho”. Este grupo de vocales dice que las “circunstancias que impiden la presencia del Rey” —sin explicitar más— les lleva a “reafirmar” su “admiración y respeto” a la figura del Monarca como “símbolo de la unidad y permanencia del Estado”.

Las principales asociaciones cargaron este miércoles contra la iniciativa y recalcaron la “necesidad” de que el Monarca presida la entrega de despachos. “Exigimos al Gobierno que aclare las verdaderas razones de la ausencia del Rey”, lanzaba la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo más numeroso.

Nadie ha dado, de momento, explicaciones sobre las razones que han provocado la inasistencia de Felipe VI. Ni el Gobierno ni la Casa del Rey. Fuentes del Poder Judicial detallaron que el Monarca había confirmado su presencia la pasada semana y que este martes, sorpresivamente, comunicó que no asistiría a la cita. “La explicación, hasta donde yo sé, es que no puede hacerlo porque no cuenta con la autorización del Ejecutivo”, apuntó este miércoles José María Macías, vocal del CGPJ. Como recuerdan en el órgano de gobierno de los jueces, los actos del Rey “están siempre refrendados” por el Gobierno. Todos sus discursos, sus actos oficiales y viajes reciben el visto bueno de La Moncloa.

Desvincula indultos de Presupuestos

El ministro de Justicia también ha aprovechado este jueves para desvincular el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado del anuncio que hizo este miércoles en el Congreso de que la semana que viene empezará a tramitar las peticiones de indulto a los presos del procés. Los independentistas han recibido con frialdad esta noticia, puesto que la tramitación de este tipo de expedientes es una obligación del Ejecutivo. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, recordó este miércoles, tras las duras reacciones de la oposición, que “el Gobierno no puede no tramitar lo que está obligado a tramitar” y que el ministro de Justicia tiene plazos para tramitar los expedientes y que si los incumple incurre él mismo en un delito.

“Es una obligación legal”, ha añadido Campo esta mañana. El ministro ha considerado “normal” que anunciase en el Parlamento el inicio de este trámite y ha apostillado que el proceso “tiene meses por delante”. “La imaginación da para mucho”, ha contestado cuando se le ha preguntado directamente si el anuncio estaba relacionado con la negociación de los Presupuestos. También se ha referido al proyecto de reforma del delito de sedición, que está estudiando Justicia, del que ha dicho que “todavía está elaborándose”, que se llevará al Consejo de Ministros y después abrirá debate en el Congreso y el Senado. "Es fácil decir que a corto plazo no vamos a tener una modificación del Código Penal en materia de sedición. El ministro ha asegurado que todavía no se han planteado una “duración de las condenas”. “No hay ningún texto escrito. Le puedo asegurar que no. En mi otra vida soy penalista y sé a quién le estoy encargando, que es a mí mismo, que haga el primer borrador”, ha detallado.

Dentro de la carrera fiscal, el terremoto lo provocó este lunes el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas, quien denunció haber recibido presiones de dos compañeros para que abriera una causa penal contra el Ejecutivo por las querellas presentadas por particulares por la gestión de la pandemia del coronavirus. La inspección fiscal ha decidido abrir un expediente de información para “averiguar y analizar estos hechos” a la vista de su “gravedad”. “Me preocupa, como ministro de Justicia, este ambiente dentro de la Fiscalía”, se ha referido Campo este jueves.