Cerco a la industria de la desinformación
La UE prepara una ofensiva contra el negocio del bulo
“La idea clave es: no mientas, polariza. Crea un repositorio de noticias. Explota cualquier agravio y resentimiento preexistente. Haz que todo sea ‘si no estás conmigo estás contra mí’. El otro bando no solo es parcial, sino que miente. Son malas personas. Tal vez incluso merezcan ser agredidos físicamente o encarcelados. En ese entorno, se puede vender una versión alternativa de la realidad, aunque no haya ni una prueba que la respalde y una montaña de pruebas que sugieren que no es cierta”. Así sintetiza el modus operandi de la industria de la desinformación uno de sus destacados estudiosos, el investigador del Centro de Filosofía e Historia de la Universidad de Boston Lee C. McIntyre.
Si con su ensayo de 2018 Posverdad (Crítica) narró la evolución de la factoría global de hechos alternativos hasta su impacto en el Brexit y la primera victoria electoral de Donald Trump, McIntyre desglosa en Sobre la desinformación (que la misma editorial publicará traducido en España a principios del nuevo año) diversas claves sobre cómo luchar por la verdad y proteger la democracia. Y lo hace mediante el análisis del negocio de la intoxicación, cuyo veneno hemos visto expandirse a lo largo del súper año electoral de 2024 que ha llevado a medio planeta a las urnas. Principales ganadores con la realidad alternativa: el reelegido Trump y su gobierno de milmillonarios, con el dueño de X (antes Twitter), Elon Musk, ungiendo a los seguidores de su red social: “Ahora vosotros sois los medios”.
Lo advirtió a principios de diciembre Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk: el año que termina hemos vivido “un tsunami de desinformación en todo tipo de plataformas, incluidas las redes sociales”. En el entorno europeo, Bruselas acelera la producción legislativa en su contra. La Ley europea de libertad de medios, muchas de cuyas medidas se incluyen en el Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno español, será de obligado cumplimiento en los Estados miembros a partir de agosto de 2025. Ya operan la Ley de Servicios Digitales y el Código Europeo de Buenas Prácticas en Materia de Desinformación. Y los propios medios deberán atender a señales de alarma como la que lanza el Instituto Reuters en su informe anual: el desinterés por las noticias alcanza un récord histórico global, mientras que en España el desapego sube ocho puntos respecto al año anterior y predomina una inquietud generalizada por la desinformación.
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