La extrema polarización envenena la legislatura más incierta

Con una España malacostumbrada a la bronca política y a la crispación, uno de los principales problemas del país según el CIS, la polarización, ha sido algo más que la palabra del año. La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) ha elegido este término incluso por delante de la omnipresente y controvertida “amnistía” a los encausados del procés. Ese ambiente explosivo, que agrava la pésima relación entre los dos principales líderes del país, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se contagió a las campañas electorales de 2023, y saltó a la calle con el impulso del PP y Vox en las protestas frente a las sedes del PSOE por culpa de la futura ley de amnistía. Derecha y extrema derecha llevan ese malestar contra el llamado sanchismo como eje de su estrategia para las tres citas con las urnas en el primer semestre de 2024 (elecciones gallegas, vascas y europeas). El Gobierno, especialmente su sector socialista, confía en que el tiempo y el calado de nuevas medidas sociales juegue a su favor y que la España fuera de la M-30 madrileña sintonice mejor con una mayoría del país diversa, con fuerzas nacionalistas e independentistas que rechazan y temen la alternativa de un Ejecutivo de Feijóo condicionado por el apoyo ultra de Santiago Abascal, pero que no cejan en sus exigencias.

El 12 de enero de 2023 entró en vigor la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y abarató el de malversación con la intención de favorecer a líderes independentistas catalanes condenados o imputados por el proceso separatista. Aquella decisión, continuadora en su filosofía de los indultos concedidos a los líderes del procés para profundizar en un ambiente de concordia en Cataluña, también fue muy polémica y no tuvo apenas efectos prácticos sobre los dirigentes independentistas encausados y ahora, justo un año después, ya ni se menciona.

La posibilidad de una amnistía estaba entonces solo en el discurso reivindicativo de los independentistas catalanes y tardó unos meses en llegar. Sánchez la negó hasta las elecciones generales del 23 de julio, al igual que muchos de sus ministros. Todos la consideraban una medida inconstitucional, pero la asumieron tras comprobar que mantener el Gobierno pasaba por los siete votos clave de Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont.

Inestabilidad y precariedad. Nunca un Gobierno tuvo unos números tan ajustados desde las elecciones generales de 1977. La UCD de Adolfo Suárez ganó en 1977 y 1979 con 165 y 168 escaños. José María Aznar tuvo 156 en su primer Ejecutivo (1996). Pedro Sánchez partía de los 152 escaños del PSOE y Sumar, que le dejaban a 24 votos de la mayoría absoluta frente a un bloque de oposición estable de 171 votos (PP, Vox y UPN). Pero ahora el cisma de partida entre Podemos y Sumar rebaja aún más el listón del Gobierno de coalición progresista (147). Al presidente Sánchez no le sobra ni un voto en este escenario y está obligado “por convicción y por necesidad” a negociarlo todo con Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y ahora con Podemos.

La primera amenaza seria que afrontará le llegará precisamente de uno de esos aliados. Es un buen ejemplo del panorama minado que acecha. Junts pretende tumbar el primer decreto de la legislatura, aprobado este 19 de diciembre, con el argumento de que “pone en riesgo la amnistía”. La norma, con la que en principio se quiere dar un impulso a la digitalización de la justicia, recoge la suspensión de los procedimientos judiciales recurridos ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero de su aprobación depende además el cobro de 10.000 millones de fondos europeos. El Gobierno dispone de un mes desde su publicación en el BOE para que el Congreso lo convalide. El PSOE deberá salvar este primer gran órdago: si Junts vota no y PP y Vox hacen lo mismo, el decreto quedaría automáticamente derogado y se perdería esa partida. Todos los retos tienen su conexión.

Elecciones y campañas: 28-M y 23-J. Las elecciones locales del 28 de mayo y las generales del 23 de julio pasado, tan conectadas, tienen mucho que ver con el clima de polarización que sufre la vida política española. Los resultados del 23-J frustraron las expectativas generadas en Feijóo y su equipo, que ya se veían en La Moncloa. Cinco meses después, el PP no parece haber digerido ese fracaso. Sánchez y su partido protagonizaron un vuelco en el mes y medio transcurrido entre el 28-M y el 23-J. Sus movimientos para mantener el Gobierno pese a ser la segunda fuerza más votada contribuyeron a que se dirigieran contra el líder del PSOE todo tipo de cañonazos dialécticos.

La respuesta a los gobiernos de coalición que acordaron la derecha del PP y la ultraderecha de Vox en cinco comunidades autónomas y 140 ayuntamientos se produjo en el tiempo de descuento de la campaña del 23-J, después de la debacle de la izquierda en los comicios locales que barrieron a la mayoría de ejecutivos del PSOE y Unidas Podemos. Ya entonces el electorado conservador fue espoleado con un presunto “plebiscito al sanchismo” y un grito de guerra, “Que te vote Txapote”, que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, puso de moda y que tanto molestó a varias asociaciones de víctimas que tuvieron que recordar que ETA desapareció hace 12 años. La España periférica se convirtió en el séptimo de caballería para la remontada de Sánchez y acudió a su rescate en las generales de julio: PP y Vox solo lograron 8 de los 48 escaños en Cataluña y 2 de los 18 diputados en Euskadi.

La impotencia de Feijóo para disfrutar de algún aliado ante el fantasma de la presencia de Vox a su sombra ha permitido a Sánchez seguir gobernando, pero en un escenario más difícil: lo hará en medio de una enorme fragmentación, con un Gobierno más necesitado que nunca de todos sus socios y para casi todo, con apoyos tan impredecibles como los de Junts, capitaneados desde Bruselas por Puigdemont, y contra otra amenaza a su izquierda: desde la investidura ha perdido incluso los votos seguros de cinco diputados de Podemos seguidores de Pablo Iglesias tras su escisión de Sumar.

Vandalismo y Vox. El contrapeso territorial del PP a la potencia de fuego que otorga La Moncloa es apabullante, con una España autonómica dominada por el partido asentado en Génova 13, que gobierna en 12 comunidades, 30 capitales de provincia y el 40% de los ayuntamientos de todo el país, además de disponer de mayoría absoluta en el Senado para torpedear y retrasar cualquier plan. El PP ha optado por una estrategia de confrontación en la que se ha dejado arrastrar por Vox para convocar manifestaciones contra la amnistía en calles y plazas de toda España en el último tercio de año. Muchos de los asistentes confluían luego en Madrid en concentraciones promovidas por Vox y grupúsculos de extrema derecha, franquistas y neonazis, ante la sede estatal del PSOE en la calle de Ferraz. Las casas del pueblo vandalizadas rondan las 200, mientras los señalamientos a los cargos socialistas no remiten en una polarización que ha tenido como último episodio la renuncia al acta de dos concejales socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona, señalados, según el PSN, para no votar la moción de censura contra la alcaldesa de UPN.

“Hay una polarización asimétrica; aquí no hay sino gente que insulta y gente que somos insultados. Partidos que son asediados y líderes políticos que instan al asedio de esas fuerzas políticas”, resaltó Sánchez esta semana en su balance de final de año tras verse unos días antes con Feijóo en el Congreso. El líder de la oposición se negó a acudir a La Moncloa para no reconocerle ninguna autoridad y tratarle como un interlocutor más y no como a un presidente legítimo.

Catálogo de insultos. El PSOE, coincidiendo con ese nuevo desplante de Feijóo, fabricó un vídeo para emitir en sus redes sociales en el que enumeró algunos de los insultos proferidos contra el presidente del Gobierno desde las filas populares: caudillista, felón, corrupto, cobarde, déspota, ególatra, adanista, débil, sectario, irresponsable, frívolo, populista, inmoral, trilero, dictador, radical, golpista, matonista... Feijóo, que cuando hace casi dos años fue propulsado a la presidencia del PP para relevar a Pablo Casado dijo que no venía a insultar a Sánchez sino a ganarle, llegó a frivolizar en recientes fechas con que el jefe del Ejecutivo de España podría padecer de algún tipo de “tic patológico”, por unas risas extemporáneas que el presidente profirió en un debate. Miguel Tellado, lugarteniente de ataque elegido por Feijóo como nuevo portavoz en el Congreso, bromeó con que el presidente debería irse de España “en un maletero”.

El PSN entrega la Alcaldía de Pamplona a EH-Bildu. El epílogo de este periodo de ira y fuego ha sido el cambio en la Alcaldía de la capital navarra. Joseba Asiron (EH Bildu) relevó a Cristina Ibarrola en el primer pacto en el que el PSOE ha facilitado el gobierno de una institución a la izquierda abertzale en contra de lo que Sánchez prometió numerosas veces. “España no gana una alcaldía progresista, gana una alcaldía reaccionaria y pierde un partido de Estado”, arremetió Feijóo, que tildó al Gobierno de Sánchez como el “más débil, con menos palabra y con menos crédito ético de la historia democrática”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya le había marcado el paso un día antes: “No hay mayor indignidad que a Sánchez le aplaudan los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna”. La autora del “me gusta la fruta”, la justificación a la que recurrió con sarcasmo tras referirse a Sánchez en el debate de investidura como un “hijo de puta” desde la tribuna de autoridades del Congreso, es la dirigente del PP que más lejos ha ido en sus descalificativos contra el presidente: “Ha decidido destrozar la democracia, vamos camino de la dictadura”. Feijóo no ha querido frenar esos arranques y ha recuperado a Cayetana Álvarez de Toledo entre sus arietes en el Parlamento.

Reacciones diferentes ante la violencia política. Hay otras diferencias en las actuaciones de los partidos ante momentos de especial virulencia. El PSOE exigió y logró la renuncia de Daniel Viondi a su acta de concejal madrileño y de sus cargos orgánicos después de que este edil diera tres toques en la cara al alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida. Ese comportamiento contrasta con lo que Vox ha hecho con su concejal y diputado nacional Javier Ortega Smith tras encararse con un concejal de Más Madrid y lanzarle una botella de agua. Vox sigue defendiendo a Ortega, que será reprobado estos días por la corporación y ha sido cuestionado por Almeida y Feijóo. No por Abascal, que hace unas semanas acudió a la toma de posesión de Javier Milei en Argentina y declaró al diario Clarín: “Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa. Un político que no tiene escrúpulos tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados. Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies”. Se trata de un ejemplo más de los decibelios de la política que rebasan la burbuja política y mediática del Congreso y del Senado. Sus efectos se han reproducido en territorios como la Comunidad Valenciana, donde el vicepresidente Vicente Barrera (Vox) se enfrentó a un diputado socialista en un pleno y le golpeó en el pecho.

Elecciones, campañas y pocos pactos. El registro en el Congreso de un texto consensuado por el PP y el PSOE para la reforma del artículo 49 de la Constitución y sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” es una gota de paz en el océano de la embarrada tirantez que persiste entre los dos grandes partidos. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado por el PP desde hace más de cinco años, pondrá a prueba hasta dónde llegan las ganas reales de acuerdo de esas dos formaciones políticas mientras España prosigue en un estado electoral perpetuo con elecciones gallegas el 18 de febrero y los comicios vascos previstos para marzo o abril. El remate serán las europeas del 9 de junio, con circunscripción única para todo el país.

Demora de la amnistía hasta las campañas. Feijóo ha anticipado que piensa tomarse la revancha en las próximas citas con las urnas, utilizando como test recurrente la “traición” de un presidente que ha vendido España a los independentistas concediendo la amnistía a sus dirigentes. El líder popular avisó y cumplió: usará todos los instrumentos políticos, institucionales, judiciales y sociales a su alcance, en la calle, en los parlamentos y hasta en Europa, para que la tensión ni se relaje ni caiga en el olvido. El primer elemento de combate será su mayoría absoluta en el Senado para frenar la ley de amnistía. La justicia podría colarse en esta batalla por distintos frentes y en cualquier momento.

La tramitación de la polémica proposición de ley de amnistía, registrada por el PSOE y pactada con Junts y ERC, se aprobó finalmente a primeros de diciembre, ahora está en su fase de enmiendas y entre enero, febrero y marzo superará sus primeros pasos para llegar al Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta y la frenará al menos dos meses. La idea del PSOE es no tocar apenas el texto registrado, porque entiende que está lo suficientemente afinado para superar el filtro de los recursos que llegarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal Constitucional. En estos meses, el Ejecutivo debe presentar sus primeros Presupuestos de esta compleja legislatura, y componer mesas de negociación con sus distintos socios, algunos enfrentados y con intereses contrapuestos en Cataluña y Euskadi, donde se medirán todos como competidores.