Junts amenaza con tumbar el primer decreto de la legislatura porque “pone en riesgo la amnistía”

Junts amenaza al Gobierno con el primer gran órdago de la legislatura. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anticipado este miércoles que el partido de Carles Puigdemont se opone al decreto sobre la transformación digital de la justicia aprobado la pasada semana por el Gobierno, el primero del actual mandato. La aprobación de esa norma fue una de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para desembolsar una partida de 10.000 millones de euros de fondos europeos con destino a España. Junts alega, entre otras cosas, que el contenido del decreto podría facilitar la suspensión de la aplicación de la ley de amnistía a los encausados por el procés una vez que esté aprobada.

El real decreto ley aprobado la semana pasada recogía compromisos adquiridos con Bruselas para 2023 y que se habían quedado pendientes por el adelanto electoral. De su aprobación antes del 31 de diciembre dependía que España pudiera cobrar la cuarta partida de los fondos Next Generation, por lo que el Ejecutivo optó por aparcar las leyes en las que se iban a incluir y regular esas medidas mediante dos reales decretos —cuya tramitación es más rápida—, uno aprobado antes de las elecciones y otro, el martes 19 de diciembre. Este último es el que Junts amenaza ahora con votar en contra, una decisión que, según Nogueras, ya ha sido comunicada al PSOE.

El decreto ya está en vigor y ahora el Gobierno dispone del plazo de un mes desde su publicación en el BOE para que el Congreso lo convalide. En caso de no obtener los apoyos necesarios, la norma quedaría automáticamente derogada, la hipótesis más verosímil en caso de que la formación independentista catalana llevase a cabo su amenaza.

La norma, por ahora de carácter provisional, recoge medidas de eficiencia digital y procesal que, en muchos casos, están ya extendidas en la práctica habitual de los tribunales, pero que hasta ahora no tenían una regulación, que era lo que pedía Europa. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Nogueras argumenta su rechazo en diversos aspectos, como que el decreto invade competencias de la Generalitat o contempla modificaciones del servicio público de justicia “sin aportar recursos”. La portavoz de Junts también se refiere a una crítica habitual de los grupos políticos, incluidos los aliados parlamentarios del Ejecutivo, a los reales decretos: lo que ella denomina su carácter “macedonia”, es decir, que incluye una miscelánea de medidas sin conexión temática.

Pero la principal objeción de Nogueras se centra en el único artículo que cita expresamente en su tuit, el 43 bis, que, asegura, “pone en riesgo la aplicación de la amnistía”. Este artículo establece que cuando un tribunal presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe suspender automáticamente las actuaciones sobre ese procedimiento hasta que la justicia europea resuelva. Además, añade que cuando un juez tenga sobre la mesa un asunto que pueda verse afectado por una cuestión prejudicial presentada por otro tribunal puede optar también, si “estima necesaria” la decisión del TJUE, por dejarlo en suspenso a la espera de lo que responda la instancia europea. Esto supone que si, como es previsible, alguno de los tribunales que tendrán que aplicar la amnistía acuden al TJUE para que aclare si la ley respeta el derecho comunitario, la medida de gracia no podrá aplicarse del todo hasta que la justicia europea dé una respuesta. El líder de Junts, Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017, está entre los principales potenciales beneficiarios de la amnistía.

En la práctica, este artículo del decreto ley no cambia nada porque, aunque ese asunto no estuviera regulado hasta ahora en una norma específica, la jurisprudencia está muy asentada, tanto en el derecho europeo como en el comunitario, y los tribunales siempre dejan en suspenso los procedimientos cuando hay planteada una cuestión prejudicial que le afecte. Esta suspensión está además recogida en el artículo 23 del Estatuto del TJUE y así se ha aplicado, por ejemplo, con la euroorden dictada contra Puigdemont y el resto de líderes independentistas fugados de la justicia española, que ha quedado en suspenso durante meses porque el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial. También es jurisprudencia extendida que los jueces que tuvieran sobre la mesa asuntos sobre los que otro compañero haya preguntado al TJUE dejen ese procedimiento en suspenso. Pero toda esa jurisprudencia no estaba plasmada, hasta ahora, en una ley española.

Este artículo estaba incluido en el proyecto de ley de eficiencia procesal, que pasó el filtro en la pasada legislatura en la comisión de justicia del Congreso sin que ni Junts ni ningún otro grupo lo cuestionara. El partido de Puigdemont sí puso reparos a que todas las medidas que incluye la norma aprobada la semana pasada se regulasen vía real decreto, por lo que el Gobierno se ha comprometido a tramitarlo como ley una vez que esté convalidado. Fuentes socialistas se mostraron este miércoles confiados en que la convalidación del real decreto no está en riesgo y que todas estas objeciones serán aclaradas con Junts para evitar el serio quebranto que supondría la derogación de la norma en el Congreso y la pérdida consecuente de 10.000 millones de euros de fondos europeos.