Una obligación internacional

Unas semanas atrás publiqué en esta misma columna un texto titulado No es memoria: es justicia, donde sostenía que la llamada Ley de Memoria Democrática responde a una “obligación internacional”, en particular por lo que atañe al deber del Estado de localizar y exhumar a las víctimas del franquismo. Poco después recibí un correo electrónico de un amigo —un experto en derecho internacional humanitario (DIH) que trabaja como consejero jurídico para una organización internacional con sede en Ginebra—, en el que reforzaba y ampliaba esa afirmación elemental, pero a menudo olvidada. Sus observaciones son tan pertinentes que me siento obligado a glosarlas: primero, porque este tipo de argumentos apenas circula en el emponzoñado debate español sobre la cuestión; y, segundo, porque ellos muestran que no estamos ante una cuestión partidaria, de izquierda contra derecha (o al revés), sino que, antes que cualquier otra cosa, se trata de un asunto de respeto a la legislación internacional.

En su correo, mi amigo me explica que el DIH —conocido como derecho de la guerra o derecho internacional de los conflictos armados— establece numerosas obligaciones jurídicas que deben respetarse por las partes en liza, también al final del conflicto; una de ellas es la búsqueda de personas desa­parecidas: el DIH impone a los bandos de cualquier guerra, en efecto, deberes como la localización de tumbas o la necesidad de obtener información sobre el paradero de las personas extraviadas y de compartir dicha información con sus familiares, según acaba de hacer, por cierto, el Estado colombiano, que ha creado una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por ello, razona mi amigo: “No haber localizado las tumbas de quienes murieron durante la Guerra Civil, para exhumar sus cadáveres y entregárselos a las familias, es no sólo una injusticia, como bien señalas en tu artículo, sino también una flagrante violación de las obligaciones jurídicas de España de conformidad con el derecho internacional”. Pregunta legítima: ¿hacía falta una ley para cumplir con esas obligaciones? En un artículo publicado en El Mundo, el expresidente Aznar afirmaba que no. Pregunta obligada: entonces, ¿por qué todavía no ha cumplido con su deber el Estado? ¿Por qué no lo hizo el Gobierno de Aznar? Que no exista una respuesta satisfactoria a esos interrogantes constituye una prueba inequívoca de la necesidad de la Ley de Memoria. Por lo demás, mi amigo recuerda una evidencia histórica, y es que el paso de la dictadura a la democracia en España supuso hacer la vista gorda con muchas violaciones del derecho internacional, y no sólo respecto a nuestro asunto. “Sucede lo mismo con la ausencia de procesos judiciales para investigar crímenes de guerra”, escribe. Así que, con la ley internacional en la mano, la justicia española debería haber juzgado a los presuntos responsables de los crímenes de guerra cometidos por los franquistas, algunos todavía vivos tras la muerte de Franco; pero, como en la guerra los republicanos también cometieron crímenes —esto no es equidistancia: es un hecho—, en rigor debería haberse asimismo juzgado a sus también presuntos responsables. Es lo que tiene la ley: que es igual para todos. Durante la tormentosa Transición, después de 3 años de guerra y 40 de dictadura (o de 43 años de guerra), la clase política al completo y la inmensa mayoría de la población sintió que era imposible hacer del todo justicia y, al mismo tiempo, construir una democracia; y priorizó construir una democracia. Después de la tormenta todo el mundo es piloto, pero me pregunto qué hubiéramos hecho nosotros.

Así que ahora, con la democracia asentada en España, nuestra obligación consiste en terminar de hacer justicia (aunque ya sea tarde para hacerla del todo): ese es, o debería ser, el sentido profundo de la Ley de Memoria. Y por eso espero que, pese a haberse negado el PP de Feijóo a apoyar la ley, si llega al poder no la derogue, como ya ha anunciado que hará y como hizo en la práctica el PP de Rajoy. Además de un tremendo error moral y político, supondría un incumplimiento palmario de sus obligaciones internacionales.