El Sahel se desangra

La Conferencia de Donantes sobre el Sahel central, la zona de las tres fronteras entre Malí, Burkina Faso y Níger, que se celebra este 20 de octubre debe dar respuesta a una crisis compleja sin precedentes y a una de las más graves urgencias humanitarias a nivel mundial. ¿Será de nuevo una cita de promesas incumplidas o se alcanzarán compromisos financieros y políticos a la altura de la crisis que sumerge a esta región en un círculo vicioso?

Desde hace varios meses, el personal de nuestras organizaciones que trabaja en esta zona afronta con gran consternación cómo se degrada día a día la situación humanitaria y sus peticiones suelen quedarse en papel mojado. En el conjunto de la región, más de 13 millones de personas necesitan asistencia urgente: alimentos, agua, refugio, acceso a salud o a educación. En Burkina Faso, a principios de 2019, unas 82.000 personas tuvieron que huir de sus hogares por la violencia y hoy hablamos ya de más de un millón, una cifra que no deja de aumentar. Esta violencia afecta sobre todo a los niños y niñas, en una región en la que el 50% de la población tiene menos de 15 años. La infancia es la primera víctima del hambre, con un tercio de las muertes asociadas a la desnutrición. Este año, en el Sahel central, más de seis millones y medio de personas sufre una crisis alimentaria aguda debido a la violencia y la inseguridad. A ello debemos añadir los múltiples incidentes que han afectado a los actores humanitarios presentes en la región y que suponen una amenaza en el acceso a la ayuda humanitaria para la población civil, ya de por sí en una trágica situación.

Cierre de más de 4.000 colegios

Este desmoronamiento tiene múltiples causas: la violencia de los diferentes grupos armados frente a la población civil violando así el derecho humanitario, las sequías y las inundaciones recurrentes exacerbadas por el cambio climático y la covid-19 que ha contribuido a amplificar la crisis alimentaria ya existente. Estos elementos se añaden a fragilidades estructurales, debilidades en términos de gobernanza, sobre todo de los servicios sociales básicos como el acceso al agua, la salud y la educación, y a una falta de recursos necesarios con respecto a las necesidades estimadas.

En Burkina Faso, por ejemplo, las zonas que reciben a más personas desplazadas huyendo de la violencia tenían ya unas tasas de acceso a agua inferiores a la media nacional, y ya de por sí muy mermadas con una degradación media de un 20% en el último año. En la región, ocho millones de niños y niñas no estaban escolarizados antes del cierre de los colegios, impuesto para atenuar la propagación de la covid-19.

A este contexto extremadamente complejo se une también la dificultad de acceso a las zonas afectadas por los conflictos, lo que limita drásticamente la posibilidad de reforzar los servicios básicos o la respuesta humanitaria indispensable para las poblaciones más vulnerables. Las zonas directamente afectadas por los ataques de grupos armados han visto destruidas sus infraestructuras y el Estado, ante las amenazas recibidas, ha dejado de proveer a la población de servicios básicos. Entre 2015 y 2019, más de 430 colegios han sido atacados en el Sahel central, lo que ha provocado el cierre de más de 4.000 colegios.

En estos cinco últimos años, la respuesta de los Estados se ha basado fundamentalmente en la seguridad, sin un acompañamiento en inversiones suficientes destinadas a la protección social

En estos cinco últimos años, la respuesta de los Estados se ha basado fundamentalmente en la seguridad, sin un acompañamiento en inversiones suficientes destinadas a la protección social. Las familias más pobres apenas tienen un reconocimiento legal, lo que impide que sus derechos sean reconocidos. Intentar solucionar la crisis centrándose únicamente en la seguridad, enmascara otras causas que también es necesario atender, relacionadas con el aumento de las injusticias, la denegación de derechos, la discriminación o una gestión desigual de los recursos.

Por el respeto del derecho internacional humanitario

En este sentido, la Conferencia de Donantes del 20 de octubre debe romper con la tendencia a la financiación tardía e insuficiente y adoptar un compromiso fuerte y decidido para que el foco sea el futuro de la población civil de la región. Los planes de respuesta humanitaria en el Sahel central cuentan con mucha menos financiación de la necesaria. Para 2020, suponen solo un 39% de media. Para responder a las necesidades crecientes y a un contexto cada vez más complejo, esta región necesita un aumento de la financiación, pero sobre todo financiación flexible y duradera por parte de los donantes actuales y futuros.

Asimismo, la repetición de los ataques hacia el personal humanitario en estos últimos meses debe llevar a los Estados a tomar acciones decididas encaminadas a un mayor respeto de los mandatos humanitarios y especialmente su acceso a las poblaciones más vulnerables, incluidas las zonas fuera del control del Estado. Acceder a zonas de guerra necesita que la acción humanitaria se reconozca como neutral, independiente e imparcial por parte de la población y las partes implicadas en el conflicto. Esto requiere poder dialogar y sensibilizar a las partes implicadas conforme al derecho internacional humanitario.

Y por último, es necesario que los Estados del Sahel y los actores principales del desarrollo se comprometan a llevar a cabo una política ambiciosa para fortalecer el acceso a los servicios sociales básicos en las zonas afectadas por la crisis. Este acontecimiento internacional debe igualmente poner en el centro de las respuestas para el Sahel central la protección de la población civil, la justicia y la rendición de cuentas.

Olivier Longué es director general Acción contra el Hambre; Franc Cortada, director general Oxfam Intremón; Andrés Conde, director general Save The Children.

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