Plan excepcional

El plan económico para combatir la crisis que adoptó ayer el Gobierno de España es excepcional. Porque se ha diseñado para afrontar una situación de excepción de peligrosos efectos recesivos. Porque el tamaño de los estímulos públicos carece de parangón en la historia económica de este país, lo que lo sitúa en el grupo de la vanguardia europea. Y porque ha sido presentado de forma convincente en la mejor comparecencia del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras un intenso Consejo de Ministros carente en esta ocasión de disonancias, como corresponde a la gravedad del momento.

Este plan amplía las medidas urgentes ya adoptadas y se constituye en la versión económica del estado de alarma sanitario. Lo que antes fueron aproximaciones deviene ahora un programa completo. De suficiente ambición como para conseguir el objetivo de afrontar una gravísima crisis económica, pero temporal, de forma que se garantice durante su duración el mantenimiento de las familias y la supervivencia del grueso de las empresas y de sus trabajadores, con independencia de su dimensión y fortaleza. Y por tanto, que cuando la economía rebote, pueda contar con la mayor parte de sus fuerzas intactas.

De acuerdo con ese objetivo, el programa se presenta como adecuado y asumible, aunque pueda ser completado y actualizado. Es adecuado porque es global, no deja aparentemente a ningún sector fuera de su foco: beneficia a todos los agentes económicos, como debía ser. A los sanitarios; a las empresas grandes y a las pequeñas; a los trabajadores fijos y a los temporales; a quienes deban ausentarse del trabajo para cuidar a familiares enfermos o dependientes; a los vulnerables por pobreza energética, de agua u otros servicios esenciales; a los deudores hipotecarios; y a los centenares de miles de trabajadores que están siendo ya objeto de expedientes de regulación de empleo: mejor temporales que definitivos.

Se trata de no dejar a nadie desprotegido, a diferencia de lo ocurrido con la Gran Recesión iniciada en 2008, que dejó a muchos en la cuneta. El carácter exhaustivo de los apoyos públicos, debe mucho a la complicidad entre Gobierno, agentes sociales, y otras administraciones y partidos.

Se presume suficiente en tanto que la cuantía de la liquidez dispuesta, en forma de avales públicos sobre todo a través del ICO, sin ser infinita, es inédita y extraordinaria: 100.000 millones de euros para avalar a las empresas que lo necesiten (y a las que se otorga además una moratoria clave de las cotizaciones sociales) superan ampliamente los gastos del Estado en un semestre; y ello sin contar con la autorización a los municipios de gastarse su abundante superávit, lo que, junto a otros fondos sociales autonómicos, puede contribuir a paliar la situación de los ciudadanos ya desfavorecidos.

El cálculo de que esos recursos permitirían movilizar una cantidad equivalente por parte del sector privado no peca de optimismo. La banca española cuenta con medio billón de euros en activos líquidos en disposición de ser usados: podrá disponer de una buena parte de ellos (para aplazar el pago de la hipotecas, por ejemplo), a lo que se ha mostrado favorable, gracias a la relajación de las condiciones ya decidida por el BCE, y en su caso por otras ulteriores que pudieran necesitarse.

Y parece claramente asumible desde la seriedad fiscal. Los cuantiosos recursos previstos para los avales alcanzan un 8% del PIB. Pero no es disparatado añadir ocho puntos a la deuda pública, que roza el 95%: aun así quedará por debajo de otras europeas, y será financiable con los bajos tipos de interés actuales.

En resumen, este plan es sólido, creíble, y susceptible de contribuir a preservar indemne a la economía española durante el grave bache que se avecina. Merece el apoyo general de la ciudadanía.