Administración leal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una reunión telemática con los líderes de los Ejecutivos autónomos para informar de las medidas adoptadas en el marco de la declaración del estado de alarma, así como para coordinar las próximas acciones destinadas a controlar la propagación del coronavirus. La totalidad de los participantes en este encuentro virtual mostró la disposición de sus comunidades a colaborar con el Gobierno central, en línea con las directrices aprobadas el sábado, y solo el lehendakari Iñigo Urkullu, el president Quim Torra y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, expresaron diferentes reservas. Los primeros, por considerar que la gestión prevista en la declaración de alarma invade competencias de sus respectivas comunidades; Díaz Ayuso, por la lentitud con la que, en su opinión, habría reaccionado el Ejecutivo de Sánchez.

La celebración misma de la reunión es la prueba de que la alarma no pone en cuestión la naturaleza autonómica del sistema español, sino que la reconoce como parte sustancial de las medidas excepcionales que la Constitución pone a disposición del poder ejecutivo para hacer frente a circunstancias como la actual. El argumento de que la declaración de alarma prevista por el artículo 116 equivale a una aplicación del 155 limitada a la sanidad y la policía obvia deliberadamente la diferente materia que regulan ambos preceptos, además de la radical disparidad de los procedimientos institucionales que establecen y de las consecuencias que conllevan para las autonomías. Invocar este argumento por ignorancia es grave, pero hacerlo por razones de propaganda política es tanto como confesar que se anteponen los avances del programa nacionalista al objetivo de controlar la pandemia. En otra coyuntura sería ventajismo; en la presente es, además, un síntoma de cortedad política que, a diferencia de Torra, Urkullu prefirió corregir de inmediato.

El desafío al que se enfrenta el país no permite prolongar por más tiempo la pueril estrategia de reclamar del Gobierno central medios de los que no dispone para, de este modo, poder transferirle la responsabilidad por el agravamiento de la situación que previsiblemente se producirá en los próximos días. El número de contagiados y fallecidos en Madrid hace de esta comunidad un indiscutible foco de atención, y en este sentido es comprensible que la presidenta Díaz Ayuso solicite ayuda urgente al Gobierno central. Pero lo que esta constatación de la gravedad exige es una cooperación leal entre Administraciones para promover soluciones, no una soterrada competición para transferir culpas. Por lo demás, una estéril competición en la que parece estar instalado el president Torra, como ratificó en su rechazo a suscribir una declaración conjunta.

La reunión celebrada ayer tendrá continuación la próxima semana, después de que el Consejo de Ministros apruebe mañana, como anunció el presidente el sábado, el paquete económico que acompañará la declaración del estado de alarma. También en esta dimensión los Ejecutivos autónomos tienen un destacado papel que desempeñar, en coordinación con el central. Hasta el momento, el sistema autonómico no ha demostrado debilidades o ineficiencias insalvables para hacer frente a la crisis del coronavirus, sino todo lo contrario. De ahí que las voces que lo ponen en cuestión desde la ultraderecha y desde el ultranacionalismo deban ser desautorizadas con la evidencia de los hechos: las Administraciones públicas están cooperando desde el inicio de la crisis como si fueran una sola Administración. Con lealtad al sistema autonómico y, también, con lealtad a los ciudadanos.