La hora de los ciudadanos

La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada este sábado en La Moncloa oficializó la declaración del estado de alarma adelantada la víspera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El anuncio incluyó la enumeración de un amplio catálogo de medidas excepcionales, de aplicación en la totalidad del territorio español, y dirigidas a coordinar los esfuerzos de las Administraciones e implicar a los ciudadanos en la contención del ritmo de contagios del coronavirus. Con esta drástica decisión, el Gobierno ha establecido el marco de acción imprescindible para enfrentar una de las mayores amenazas contra la salud pública conocidas hasta la fecha; a partir de este momento, la eficacia de este marco dependerá de que todas y cada una de las Administraciones, así como todos y cada uno de los ciudadanos, se reconozcan directamente interpelados por los objetivos fijados por el Ejecutivo, asumiéndolos como propios.

Las horas, días y semanas que se avecinan no serán fáciles, como lo demuestra la evolución de la enfermedad en los países que, como China o Italia, han pasado antes que España por la experiencia de su propagación masiva, con sus trágicas secuelas para las poblaciones de riesgo. El cierre de locales comerciales y de ocio, así como la cancelación de actos públicos de cualquier naturaleza, son imprescindibles para reducir el número de contagios, de acuerdo con la experiencia científica acumulada. También lo son las restricciones de la movilidad individual, que serán efectivas a partir del próximo lunes, dando tiempo a que los ciudadanos sorprendidos por la alarma fuera de su lugar de residencia puedan regresar a él. Nadie debería interpretar este plazo antes del confinamiento general como una oportunidad para apurar los últimos instantes de una cotidianeidad que ha dejado de serlo en hospitales y centros de salud, además de en algunos municipios severamente afectados y en numerosos hogares con personas enfermas. Hacerlo sería perder un tiempo decisivo en la contención de los contagios.

La declaración del estado de alarma realizada por el Gobierno no es solo una medida dirigida a la protección de la propia salud, sino también, y sobre todo, un enérgico llamamiento a la solidaridad entre ciudadanos. La diferencia entre la pandemia provocada por el coronavirus y otras amenazas a la salud pública es la facilidad y la rapidez con que se producen los contagios, provocando una demanda de atención médica masiva y sostenida en el tiempo que los servicios sanitarios no pueden atender.

A las dificultades para identificar y tratar a las personas más vulnerables ante la afluencia excepcional de infectados por el coronavirus se suma el hecho de que las necesidades sanitarias ordinarias del país deben seguir siendo atendidas, tanto a través de los servicios de urgencias como de los tratamientos continuados. Es pensando en estos ciudadanos cuyas vidas quedan en peligro, así como en los profesionales de la sanidad, como cada ciudadano debe medir las consecuencias de sus decisiones mientras dure la alarma.

Los tiempos inciertos en los que se adentra el país no deben ocultar que el horizonte que le aguarda sigue siendo la superación de esta crisis sanitaria sin precedentes. Pero tampoco que el coste será mucho mayor si se relativiza la amenaza y se considera que el Gobierno central y las demás instituciones del Estado se están dirigiendo a los ciudadanos, a todos y cada uno de nosotros, solo para prohibirnos ciertas acciones individuales. En realidad, al declarar la alarma nos están convocando a una tarea colectiva: reducir el riesgo para la vida de las personas más vulnerables.