Sumar o restar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este sábado declarará oficialmente el estado de alarma, a fin de hacer frente a la crisis generada por la extensión de los contagios del coronavirus. Acto seguido, compareció el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para anunciar su apoyo a la medida, así como a la eventual extensión que el Ejecutivo deberá solicitar al Congreso si la crisis no queda bajo control durante los próximos 15 días. En la misma línea que Casado se pronunció la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien, además de haber venido reclamando la declaración de alarma desde el pasado jueves, ha mostrado en todo momento su disposición a aprobar unos Presupuestos de emergencia para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria.

Las declaraciones que Casado realizó este viernes dejan en suspenso las duras críticas que dirigió al Gobierno el día anterior, y restablecen por ello la coherencia entre la actitud de los presidentes autonómicos del Partido Popular, que se han esforzado por coordinar sus acciones con las del Ejecutivo central, y la dirección nacional del partido, obstinada hasta ayer mismo en marcar distancias a destiempo. Proyectar el desacuerdo con el Gobierno sobre todos los frentes debe tener límites en cualquier circunstancia, pero más aún en la actual, puesto que la contención en la lucha política entre las principales fuerzas del país, cuando no la cooperación leal, es una condición imprescindible para reforzar las instituciones del Estado, todas las instituciones y a todos los niveles, en su credibilidad y en su eficacia. La prioridad, hoy, no pasa por denunciar los errores que se hayan podido cometer en la gestión de la crisis, sino por colaborar sin reservas para superarla.

La gravedad de la situación exige decisiones políticas igualmente graves, que en ningún caso pueden confundirse con excusas para evitar responder ante la oposición cuando llegue el momento ni, tampoco, para realizar cualquier crítica a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. La estrategia de alentar el temor de los ciudadanos para, atajándolo desde la demagogia, ganar apoyos a un programa inviable y ventajista no puede ser nunca la de un partido democrático, como ha venido a demostrar Vox. Al comenzar la crisis, sus dirigentes quisieron asociar la epidemia con la inmigración, y solo el desmentido que, desgraciadamente, han padecido en carne propia, les ha empujado a cambiar de registro e intentar instrumentalizarla contra la sanidad pública y a favor de la privada.

El éxito en el control de la pandemia y de sus efectos sanitarios, sociales y económicos debe ser de todos porque también sería de todos un fracaso que no cabe siquiera contemplar. España superará, sin duda, los efectos del coronavirus. Pero la profundidad y la duración de sus huellas dependerá de la capacidad para movilizar todas las fuerzas, y también de la rapidez con la que se haga. A partir de este momento, las medidas que adopte el Gobierno bajo el estado de alarma no se pueden juzgar por su popularidad o su impopularidad, sino por su necesidad y por el rigor en su aplicación, corresponda a la Administración que corresponda. Entre sumar o restar a esta tarea, los partidos políticos y sus líderes tienen que elegir dónde se colocan.