El margen del Gobierno

Con la investidura del nuevo Ejecutivo, que presumiblemente llegará este martes, entramos en una nueva fase política en España. No solo por sus características (el primero en coalición desde 1977), sino también por la compleja gobernabilidad que tiene por delante. En todo caso, el debate pasa de interrogarnos sobre qué Gobierno, a Gobierno para qué. Bienvenido el cambio.

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Un Ejecutivo de coalición minoritaria entre PSOE y Unidas Podemos cierra la puerta a la geometría variable a izquierda y derecha. Salvo el viraje de Ciudadanos, quizá en alguna medida puntual, es improbable que los populares se sienten a la mesa con este Ejecutivo. Algo, además, reforzado por su pugna en la derecha con Vox, lo que les hará más rígidos en su tarea de oposición. Por lo tanto, la mayoría que apoyará la investidura, con regionalistas e independentistas, es la única que tiene el Gobierno para aprobar sus leyes. Y, por supuesto, para sus primeros Presupuestos Generales del Estado, de lo que dependerá que la legislatura se alargue, como poco, a los dos años.

A mi juicio, el Gobierno no tendrá demasiadas dificultades para aprobar aquellas medidas que impliquen cambios en la legislación ordinaria. Bien porque de nuevo abuse del real decreto ley, que se convalida después en el Congreso, bien porque las abstenciones son más baratas y le permitirá llegar a la mayoría simple.

Sin embargo, lo mollar de las reformas planteadas por el Gobierno, como la laboral o la educativa, sí que tendrán que superar más obstáculos. De un lado, porque requieren modificación de leyes orgánicas. Esto supone que no existe el atajo del real decreto y que el requisito es firme: una mayoría absoluta, un umbral por encima del de la investidura del martes. Del otro lado, porque llegar a esos apoyos requerirá armar una fórmula en el legislativo muy heterogénea y será un reto que amarrar votos por un lado no se los haga perder por el otro.

Por tanto, es fácil anticipar que aquellas reformas vinculadas a derechos sociales o culturales no deberían ser difíciles de tramitar, tales como revisar la ley de la memoria histórica, medidas feministas o derogación de la ley mordaza. Sin embargo, las medidas que impliquen cuestiones económicas, regulatorias y estructurales serán más complicadas porque, en materia socioeconómica, Coalición Canaria o el PNV ni mucho menos comparten el enfoque de Podemos o ERC. El mínimo común denominador será, sin duda, más estrecho.

Así, ahora que arranca este nuevo Gobierno, llega el momento en el que podremos poner parón al ciclo electoral –con permiso de Euskadi, Galicia y Cataluña– y empezar a hablar algo más sobre políticas concretas. De la eficacia del Gobierno en sacarlas adelante dependerá el devenir de la izquierda el próximo ciclo electoral.