La legislatura más dura

La primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno ha confirmado que entramos en la legislatura más dura desde la recuperación de la democracia. A la fragmentación parlamentaria se une el enfrentamiento en dos bloques tras la declaración de guerra que este sábado oficializaron las derechas al Ejecutivo de coalición de izquierdas que presumiblemente saldrá el martes del Congreso, el primero desde 1977. Las derechas, encabezadas por Pablo Casado, han anunciado movilizaciones callejeras y todo tipo de actuaciones judiciales, incluida la amenaza de una acción penal por prevaricación contra Sánchez, para tratar de derribar a un Gobierno del que pronostica nada menos que la “ruptura de la soberanía nacional y de la España constitucional”.

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El líder de la oposición, acosado electoralmente por un Vox crecido, ha marcado la pauta de la legislatura con un discurso catastrofista, marcado por la patrimonialización descarada de España y de la Constitución, que no desmereció a los de las peores etapas de oposición de Aznar y Rajoy a González y Zapatero, respectivamente. Casado proclamó que lo único que pretende es derribar al Gobierno PSOE-UP cuanto antes. Quizás por eso no presentó propuesta alguna ni siquiera ante el conflicto catalán, que fue en la sesión de investidura y será esta legislatura el eje de su agenda de agitación política.

Es verdad que la credibilidad de Sánchez está tocada por sus virajes estratégicos y políticos. Pero hoy no hay otra opción de Gobierno que la que presumiblemente saldrá el martes. “Es lo que han votado los españoles”, dijo a Casado y a Inés Arrimadas, que pretende ilusoriamente una rebelión de los barones socialistas contra Sánchez cuando Ciudadanos ni siquiera se abstiene.

Este sábado pudo comprobarse cómo la desmesura de las derechas contribuye a unir al bloque progresista. Además, el ambicioso programa socio-económico de PSOE-UP, centrado en superar la desigualdad generada por la recesión, carece de alternativa. Del acierto en su desarrollo depende la ampliación de sus apoyos sociales. Tampoco tiene alternativa su propuesta de encauzar el conflicto político en Cataluña, recogida en el acuerdo con ERC. Las derechas confirmaron que solo ofrecen repetir el ensayado artículo 155 de la Constitución.

Con fuego cruzado, entre las derechas y el independentismo más radical, Sánchez se va a adentrar en un camino incierto: el diálogo para encauzar el conflicto catalán. Es muy complicado. Sánchez no va a convencer a los líderes independentistas de que dejen de serlo. Pero ofrecer diálogo desde el Gobierno central, dentro de la legalidad, puede cambiar la imagen del electorado nacionalista catalán hacia España. Puede rebajar la tensión con un desarme verbal. Y si la inteligencia política predomina sobre la vía judicial puede tener efectos sobre un sector incorporado al independentismo en los últimos años. Es una apuesta arriesgada. Pero no presenta alternativa.