Horizonte posible

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expuesto este sábado el programa sobre el que la Cámara habrá de pronunciarse el domingo en primera vuelta y, previsiblemente, también el próximo martes, cuando la aritmética parlamentaria ya comprometida podría poner fin al bloqueo que llevó a la repetición electoral. En su discurso, Sánchez perfiló dos ejes preferentes de acción gubernamental, relacionados con las medidas necesarias para superar los efectos sociales de la crisis y con la tensión territorial en Cataluña.

La sola reanudación de la actividad del Congreso, tras ocho meses de silencio parlamentario, ofrecía una ocasión inmejorable para recuperar una cierta contención, siquiera procedimental, en el estéril clima de crispación y de enfrentamiento que domina la vida pública en España. Sin embargo, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, la dejó pasar, optando por una réplica en la que reincidió en el error de confundir la crítica política con la descalificación personal. Es innegable que Sánchez afronta un problema de credibilidad política, por sus anteriores contradicciones, pero, al consagrar a él la totalidad de su intervención, recurriendo, además, a una retórica insultante, Casado fracasó en ofrecer aquello que tenía al alcance de la mano como segunda fuerza más votada: exigir precisiones sobre el programa del candidato, a fin de capitalizar su papel al frente de la oposición y ejercer con eficacia el control parlamentario que le corresponde.

La prioridad social que Sánchez estableció en su discurso responde a una dramática realidad provocada por la crisis de 2008 cuya solución no puede postergarse por más tiempo, y, precisamente por ello, no cabe enarbolarla como bandera sin dotarla simultáneamente de los recursos que precisa. La corrección efectiva de la desigualdad, con la que Sánchez se comprometió con rotundidad, exige una determinación equivalente para no limitar la búsqueda de ingresos adicionales al aumento del IRPF de las rentas más altas o la subida del impuesto de sociedades, tal vez relevantes a efectos de imagen pero insuficientes a efectos económicos.

Sánchez se comprometió a conducir el diálogo con Esquerra Republicana de Catalunya en el marco de la Constitución, una mención que no aparece expresamente en el documento hecho público esta misma semana. Era la pieza imprescindible que faltaba en una operación cargada de riesgo, pero que un nuevo Ejecutivo está legitimado para intentar siempre y cuando no la reduzca a una mera declaración formal y no pierda de vista que cualquier solución pasa también por el acuerdo con las fuerzas de oposición. La manera de sortear los obstáculos no es ignorando a los partidos que los interpongan, sino colocándolos ante la alternativa de aceptar la eventual salida alcanzada dentro de la Constitución o afrontar el coste político ante los ciudadanos. El hecho de que el portavoz de ERC explicitara su rechazo frontal a la violencia y a la imposibilidad de alcanzar sus objetivos políticos sin diálogo y pactos, es decir, renunciando a la unilateralidad, reduce también la ambigüedad del documento acordado.

La primera jornada de la sesión de investidura alternó momentos de auténtico debate con otros de simple cruce de descalificaciones, que, no por estar protagonizados por políticos, son políticos en sí mismos. Cuatro años de parálisis son demasiados para un país cuyos ciudadanos siguen padeciendo los efectos de la crisis económica, y en el que los daños que el independentismo ha infligido a la sociedad catalana amenazan con extenderse hasta el último rincón. Imaginar un acuerdo para abordar desde el consenso ambos problemas es por ahora un horizonte inalcanzable. Pero debatir en el Congreso, desde la razón y desde el respeto, no debería serlo.