Última ocasión

La estrategia adoptada por el Partido Socialista para lograr la investidura de su candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido la sesión parlamentaria que comienza este sábado en la última ocasión para explicar ante los diputados, como también ante los ciudadanos, uno de los puntos cruciales de su programa: la política que se dispone a seguir en Cataluña. El documento suscrito con Esquerra Republicana no puede quedar fuera del debate que tendrá lugar en la Cámara, máxime cuando ha sido redactado de tal modo que lo más sustancial es lo que no dice, no lo que aparece expresamente. Ante un documento como este, conviene recordar la evidencia constitucional de que es el candidato a la presidencia quien está obligado a explicar con claridad qué se dispone a hacer desde el Gobierno, no los ciudadanos a deducirlo a partir de la prosa enfática de un acuerdo sin el cual no habría investidura, y que, por ello, tiene que ser debatido por el Congreso como parte del programa que se vote.

La parálisis que ha padecido el país no puede dejar paso a una estéril disquisición escolástica acerca de qué es lo que han querido decir los redactores de un compromiso que, por una parte, ha despertado esperanzas que podrían revelarse infundadas, y, por otra, ha provocado reacciones lindantes con la sobreactuación como la ofrecida por la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas tanto como por el Partido Popular de Pablo Casado. Las soluciones que requiere el problema creado por los independentistas al imponer su programa por vías de hecho no pasan por establecer una nueva relación entre las palabras y su significado, sino por aflorar la realidad de fondo y por abordarla desde las instituciones y los procedimientos existentes. Y aflorar la realidad no consiste en decir de un conflicto que es político, sino en designar con precisión entre quién y quién se desarrolla, y por qué se ha producido.

Para los independentistas se trata de un conflicto entre ellos, erigidos en portavoces de la totalidad de Cataluña, y el Estado, del que desgajan las instituciones autonómicas que gobiernan. Para los socialistas, en cambio, ha sido hasta ahora un conflicto entre ciudadanos de Cataluña partidarios y opuestos a la secesión. No es esta sin embargo la lógica a la que responde la mesa contemplada en el documento suscrito con ERC. Ni tampoco la “validación democrática” prevista para las decisiones adoptadas por dos instituciones del Estado que, si actúan dentro de sus competencias constitucionales, no necesitan reconocerse mutuamente la legitimidad ni tampoco ratificar mediante un voto directo el mandato representativo recibido de los ciudadanos. Si el candidato socialista no ofrece más explicaciones acerca de cuál es el contenido de esas decisiones, más que constitucional o inconstitucional, la fórmula acordada con ERC es, sencillamente, peligrosa.

El hecho de que el documento haya sido duramente contestado desde parte del independentismo y desde la oposición al inminente Gobierno de Sánchez no pone de manifiesto las virtudes del justo medio, sino los riesgos de fractura política y social que puede provocar. Nada se ganaría con proyectar la que padece Cataluña sobre el resto del país, y más desde un Ejecutivo que nace frágil y que puede resultarlo aún más si no comparece ante el Congreso con todas las cartas boca arriba.