Cambio de rumbo

El acuerdo entre el PSOE y Podemos para la acción del Gobierno durante la próxima legislatura recoge buena parte de las aspiraciones de quienes han considerado que la política de ajustes del gasto debe ser relegada y aspiran a un cambio significativo en la política económica. Una opinión definitiva del mismo dependerá del desarrollo de los aspectos generales que hay, que son muy significativos, y que se plasmarán en unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El pacto se manifiesta en una subida de impuestos muy localizada en las rentas más altas, la supresión de la reforma de las pensiones del PP que establecía una fórmula inoperante de sostenibilidad del sistema, una rectificación parcial pero significativa de la reforma laboral, un compromiso para subir el salario mínimo a 1.200 euros en 2024, y una intervención en el mercado de la vivienda, que incluye estímulos a la construcción de viviendas sociales en alquiler y conferir más poder a los ayuntamientos para que limiten las subidas de precios en zonas urbanas “especialmente tensionadas”.

La recuperación de la economía exigía restañar los daños de la crisis en las rentas más bajas. Es inaceptable mantener el salario mínimo a una distancia sideral de lo que pide la Carta Social Europea, la supervivencia del sistema de pensiones no podía cargarse a la congelación real de las revalorizaciones anuales, y la pésima política de vivienda de Rajoy no podía mantenerse sin comprometer la emancipación de los jóvenes. Un alineamiento básico de la política de rentas exigía una subida de impuestos, con el fin de conseguir recursos para financiar la acción pública. Dada la distancia entre la presión fiscal media española con la de la UE, mal se puede decir que “se mete la mano en el bolsillo” cuando se sube el marginal del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros al año o se establece un tipo efectivo mínimo del 15% en Sociedades.

Cabe hacer algunas observaciones. La clave hay que buscarla en la relación de los proyectos de recuperación social con los compromisos de Bruselas. Si el ajuste exigido es de 9.000 millones, difícilmente podrán iniciarse programas de vivienda o de transición energética, por ejemplo. Es factible que el Gobierno inicie una negociación con Bruselas para renegociar el calendario de los compromisos de estabilidad financiera.

A pesar de las subidas fiscales —que afectan a menos del 1% de contribuyentes y empresas—, no estamos todavía ante una reforma tributaria integral, ante un cambio que equilibre la carga fiscal entre rentas y establezca los incentivos necesarios en favor del cambio energético o la digitalización de la economía. Ello es tarea para más de una legislatura.