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Día Universal del Niño
Tribuna
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Treinta años de un tratado de derechos humanos revolucionario

La Convención sobre los Derechos del Niño exhortó a los gobiernos a cambiar leyes y políticas y a realizar inversiones para que millones de chicos y chicas en todo el mundo reciban atención sanitaria, vacunas, una nutrición adecuada para sobrevivir y desarrollarse y educación

Argentina ratificó la Convención en 1990 y le dio rango constitucional a través de la reforma de 1994.
Argentina ratificó la Convención en 1990 y le dio rango constitucional a través de la reforma de 1994.Unicef Argentina
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El 20 de noviembre la Convención sobre los Derechos del Niño cumplirá 30 años. Es el tratado de derechos humanos con más ratificaciones en la historia, un acuerdo revolucionario entre países que cambió la manera de concebir la infancia y la adolescencia en todo el mundo. Unos meses después de la caída del muro de Berlín, en un contexto de cambio del orden mundial, nace este acuerdo internacional que marca un antes y un después en la vida de las generaciones más jóvenes: a partir de entonces, los niños, las niñas y adolescentes dejan de ser propiedad de los adultos u objetos de asistencialismo, para ser reconocidos como sujetos de derecho. Son individuos, miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez. Hoy son 2.500 millones y representan un tercio de la población global.

La Convención es revolucionaria porque transforma vidas. En los últimos 30 años, exhortó a los gobiernos a cambiar leyes y políticas y a realizar inversiones para que millones de chicos y chicas en todo el mundo reciban atención sanitaria, vacunas, una nutrición adecuada para sobrevivir y desarrollarse y educación. Alentó a los Estados a protegerlos frente a la violencia, a erradicar el matrimonio infantil, los trabajos peligrosos y la explotación, a tomar medidas para disminuir el abandono escolar. Ayudó a promover la libertad de expresión y la participación social. Les dio voz a los adolescentes, especialmente a aquellos de los sectores más postergados, y comprometió a los Estados a escucharlos.

Son individuos, miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez 

A nivel nacional, Argentina ratificó la Convención en 1990, le dio rango constitucional a través de la reforma de 1994 y firmó sus protocolos adicionales. La sumatoria de esos compromisos brinda más herramientas para velar por el cumplimiento de los derechos. 30 años después, el país tiene una Ley de Protección Integral (26.061) y un Código Civil y Comercial que reconoce en los y las adolescentes una autonomía progresiva que los habilita a tomar decisiones personales sin mediación de los adultos. Por ejemplo, cómo manejar su apariencia física, decidir sobre las normas de convivencia en sus escuelas y asistir a consultas médicas de manera privada. A partir de los 16 años, además, en el país tienen derecho a votar y elegir a sus representantes.

Los aniversarios son momentos de balance que queremos aprovechar para visibilizar en que mejoramos, qué deudas aún están pendientes y cuáles son los nuevos desafíos que enfrentamos como sociedad. En las últimas tres décadas el país logró grandes avances, sobre todo, en la primera infancia. Entre otros, se duplicó el número de niños y niñas que estudian en el nivel inicial, disminuyeron los índices de mortalidad materno-infantil, se generaron leyes progresistas que se enmarcan en los tratados de derechos humanos a los que Argentina suscribió prácticamente en su totalidad.

En cuanto a las deudas, tal como señalamos desde Unicef durante la última campaña electoral, la que mayor impacto tiene en la vida de los chicos y las chicas es la pobreza, y sus consecuencias en múltiples derechos estipulados en la Convención. En los últimos 30 años no se pudo perforar el piso del 30% de pobreza en la población de menos de 18 años. En la actualidad, la mitad de las niñas y los niños son pobres: cambiar esta realidad debe ser la primera responsabilidad del Estado.

Y también es su responsabilidad, de la mano de las familias y de la sociedad, corresponsables en la garantía de derecho según lo establecido en la CDN, enfrentar circunstancias emergentes que ponen en riesgo a las niñas, los niños y los adolescentes: la falta de regulación de los contenidos digitales, la transición demográfica caracterizada por el envejecimiento, las migraciones, el cambio climático y la degradación del medio ambiente, son algunos ejemplos de ello. Que ninguna chica, que ningún chico se quede atrás. Sobre los desafíos presentes y futuros ellas y ellos tienen mucho para decir. Nuestro reto como adultos es escucharlos y construir con ellos un mundo mejor.

Luisa Brumana es representante de Unicef Argentina. 

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