La exhumación del dictador: una cuestión de justicia

Con la reciente muerte de Jacques Chirac se le recordaba por haber sido el primer jefe de Estado francés que, en 1995, reconoció la responsabilidad de su país en la deportación y exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, algo eludido por todos sus predecesores de la V República. En España, el actual Gobierno en funciones tiene el mérito de haber acordado la exhumación del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos cuarenta y cuatro años después de su fallecimiento y cuarenta y uno de la aprobación de la Constitución.

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Ahora celebramos la decisión del Tribunal Supremo que por unanimidad desestima el recurso interpuesto por los familiares del dictador y da el visto bueno al acuerdo del Gobierno sobre la exhumación de sus restos y el traslado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Hace poco más de un año, en la anterior legislatura, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó con solo dos votos en contra el Real Decreto-ley que modificaba la Ley de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida comúnmente como “Ley de Memoria Histórica”.

Dicha norma habilita al Gobierno para proceder a exhumar y trasladar los restos del dictador del Valle de los Caídos, una medida imprescindible e inaplazable para cumplir lo dispuesto sobre la retirada de símbolos franquistas y evitar exaltaciones antidemocráticas en dicho lugar. Estos restos se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, aun cuando esté confiada su administración a la comunidad benedictina, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. Conviene recordar que el Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. Donde sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista, José Antonio Primo de Rivera, algo incompatible con lo preceptuado por la Ley de Memoria Histórica que prevé que en ningún lugar del Valle “podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. Los restos de miles de víctimas de la represión, por contra, son anónimos y fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares.

La exhumación de los restos mortales del dictador debe ser la primera medida que exprese el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo responsable de las atrocidades cometidas bajo su régimen dictatorial y de sus víctimas en un lugar religioso. Fe católica, por cierto, que muchas de las víctimas no profesaban. No se trata por tanto de abrir heridas en la sociedad española sino de acabar con injusticias y cumplir con la legalidad internacional en materia de derechos humanos, en particular el derecho de las víctimas a la reparación.

Conviene recordar que el Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador

La exhumación de los restos del dictador está igualmente justificada en la proposición no de ley aprobada por el Congreso en mayo de 2017, sin ningún voto en contra, que insta al Gobierno a resignificar la función del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco y con lo establecido en una disposición adicional de la Ley de Memoria Histórica, que estipula que el Valle de los Caídos debería convertirse en un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y a consecuencia de la represión política posterior. Esta es la razón por la que el Tribunal Supremo en su sentencia afirma que “no resulta desproporcionado, arbitrario ni contrario al principio de igualdad” que el Gobierno, tras reformar la citada ley, elija el caso de Franco como el primero para empezar a cumplir la norma.

Hay, por lo demás, un cierto consenso en Europa de repudio a los regímenes fascistas y a su exaltación, lo que convierte a nuestro país en una anomalía democrática dentro de nuestro entorno geográfico mas cercano, por citar los ejemplos de Italia y Alemania. De ahí que el Parlamento Europeo adoptara una resolución en octubre del año pasado sobre el auge de la violencia neofascista en Europa, en la que alude expresamente a la decisión de “exhumar los restos de Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, conjunto monumental conmemorativo de la guerra y lugar de peregrinación de la extrema derecha”.

Ignacio González Vega es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.