El Congreso aprobará sacar a Franco del Valle de los Caídos

El pleno del Congreso debatirá y, probablemente, aprobará el martes pedir al Gobierno la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Se trata de una proposición no de ley presentada por el PSOE, que no es de obligado cumplimiento ni ejecutiva, pero que tiene valor político y simbólico, porque será la primera vez que lo aprobará el pleno del Congreso. En marzo, la Comisión Constitucional aprobó un texto igual, pero ahora será el pleno de la Cámara. Entonces, solo el PP se opuso, por lo que la repetición de aquella votación garantiza la aprobación.

El texto que presentaron los socialistas pide “proceder a resignificar la función del Valle de los Caídos para que deje ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertido en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación —en su caso— en un sitio no preeminente del edificio”.

El texto se remite a un informe del Ministerio de la Presidencia del 29 de noviembre de 2011, elaborado a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La proposición no de ley que se somete al pleno exige una serie de medidas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica que, en su opinión, quedó frenada en 2011 con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Se dejaron de dotar presupuestariamente estas medidas (en especial las relativas a la localización de fosas), se suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y se han frenado los procedimientos para certificar las todavía escasas declaraciones individuales de reparación, entre muchos otros ejemplos. El Gobierno del Partido Popular, en definitiva, acabó eliminando la partida presupuestaria para darle efectividad con el increíble argumento de que, en situación de crisis económica, se ‘suspendía’ la aplicación de la ley; una partida que en el último Presupuesto con un Gobierno socialista fue dotada con 6,25 millones de euros y que desapareció en el Presupuesto de 2013”, asegura.

El texto insta a recuperar esas partidas presupuestarias y a “impulsar la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura, aplicando de forma plena y no arbitraria la ley, y evitando así toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento de que los símbolos y monumentos públicos han de ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”.

También incluye “promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas” y “estudiar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana”.