Los ayuntamientos presumen de ODS

En el circo que rodea la gestión y aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), algunos actores han logrado demostrar por qué esta agenda es algo más que una vistosa solapa en la chaqueta. Sus acciones transforman políticas y prácticas reales, definiendo una poderosa narrativa del progreso común y espoleando la conformación de alianzas improbables.

Este blog les ha hablado, por ejemplo, del modo inspirador en que algunas universidades y empresas han utilizado los ODS como un vehículo para apuntalar el interés común en materia de energía, salud o alimentación. Pero tal vez el impacto más duradero provenga del escalón más a pie de calle de la administración pública: el de los ayuntamientos. Desde el lanzamiento mismo de los ODS, los responsables de la política municipal se han apropiado de una agenda que afecta tanto al bienestar de los ciudadanos como a su responsabilidad ante ellos.

Pocos esfuerzos parecen más justificados. El 80% de la población nacional se concentra ya en espacios urbanos. La gestión de lo local determina los derechos de las personas y los límites del planeta en un punto reconocible para los ciudadanos. El desgraciado zarandeo de Madrid Central demuestra lo sensible que puede ser la sociedad ante las frivolidades del populista de turno. Las competencias de los municipios tal vez no alcancen a servicios básicos como la salud y la educación, pero todos hemos comprobado la capacidad de estas instituciones para multiplicar o minar las políticas que impulsan otras.

Hace algo menos de un año, la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) publicaba el informe “Mirando hacia el futuro: Ciudades sostenibles”. En él se ofrecía una fotografía de esta realidad, basada en el análisis de todas las ciudades españolas de más de 80.000 habitantes, capitales de provincia y áreas metropolitanas. Treinta y seis de estas ciudades no mostraban ni uno solo de sus indicadores en rojo. La mayoría destacaba en objetivos como la salud, el agua y saneamiento, la seguridad o la fortaleza de sus instituciones. Pero también demostraban debilidades estructurales en asuntos como el trabajo digno y el crecimiento económico, reflejo de las debilidades de todo un país.

El informe de REDS es el tercero que su paraguas internacional -la iniciativa SDSN- publica en todo el mundo, tras Estados Unidos e Italia. Su propósito es acompañar la actividad de los ayuntamientos, ofrecerles orientación y calibrar la eficacia de los esfuerzos realizados. Porque el camino recorrido permite empezar a pergeñar lo que está funcionando y lo que no. En un evento organizado en Nueva York la semana pasada en el marco del Fórum de Alto Nivel de la ONU, los alcaldes de Soria y Sevilla trasladaron a los actores internacionales algunas de las lecciones aprendidas en estos años, empezando por el reconocimiento de que no habría Agenda 2030 en España en ausencia del entusiasmo municipalista que aportan espacios como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los desafíos no son menores. Las entidades locales están obligadas a realizar un esfuerzo para el que a menudo carecen de músculo presupuestario y flexibilidad legal. Administraciones y administrados ganaríamos mucho si los trabajadores municipales tuviesen la formación y oportunidad para escapar de sus nichos profesionales y vincular diferentes áreas de las políticas públicas que afectan al desarrollo sostenible (salud, planificación urbana y movilidad, por ejemplo). O para desarrollar iniciativas con actores diversos sin quedar atrapados en la maraña burocrática de la contratación pública. Hoy esta transversalidad y flexibilidad siguen siendo una quimera en demasiados lugares.

Frente a las dificultades, proliferan la imaginación y la voluntad. Las estrecheces son compensadas por soluciones creativas y mancomunadas que podrían ser replicadas y llevadas a escala en otros lugares: los presupuestos participativos, la generación local de energía o el rediseño urbanístico. Por eso se proponen crear un banco de buenas prácticas que facilite esa proliferación del conocimiento. O espolear la creación de alianzas y foros de diálogo entre ciudades dentro y fuera de nuestro país, dando nuevo sentido a la cooperación municipal al desarrollo y apalancando el esfuerzo de otros actores públicos y privados.

La onda expansiva de esta revolución es impredecible. El foro Local 2030 promovió hace unos meses en Sevilla un compromiso que vincula a gobiernos de Europa, África y América, entidades locales, empresas, ONG y universidades. La Diputación de Barcelona acaba de anunciar la creación de una Oficina de ODS liderada por una de las alcaldesas de la provincia. Mientras tanto, una coalición formada por REDS, ISGlobal, la Universidad Politécnica de Madrid (ITD), la SEGIB e Iberdrola construye plataformas iberoamericanas que conecten y multipliquen las experiencias de diferentes ciudades.

Cuando llegue 2030, estos alcaldes y otros muchos podrán mirar atrás y reconocer el valor de los ODS más allá de la fanfarria retórica que los acompaña. La vida de sus conciudadanos se habrá transformado en aspectos cotidianos y tangibles de los que depende en último término la felicidad de las personas: el tiempo de desplazamiento que robamos a nuestras familias, la calidad del aire que respiramos, la protección frente a un mal golpe hipotecario, la participación en los asuntos comunes, el privilegio de caminar segura a cualquier hora del día. Parecen cosas pequeñas, pero nos va la vida en ellas.

[Este artículo ha sido escrito con la ayuda de Leire Pajín.]