El Consorcio de Seguros ha abonado el 79% de las indemnizaciones por la dana, 2.308 millones, su mayor pago en 70 años de historia

El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública que gestiona el fondo de las aseguradoras para riegos extraordinarios, ha abonado el 79% del montante de las solicitudes de indemnización de los afectados por la dana del pasado 29 de octubre, lo que supone el pago de 2.305 millones de euros, la cantidad más elevada abonada en 70 años de historia del organismo.

El presidente del Consorcio y director general de Seguros y Fondos de Pensiones del ministerio de Economía, José Antonio Fernández de Pinto, ha ofrecido este lunes en Valencia estos datos actualizados hasta el pasado sábado con el objeto de mostrar que jamás se había hecho “un esfuerzo” tan grande, multiplicando por más de 15 el personal, para atender a las 190.000 solicitudes ya abonadas de las 243.000 solicitudes recibidas y rebatir las acusaciones de lentitud por parte de la patronal y de la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, del PP.

Fernández de Pinto, que depende del ministro de Economía, el socialista Carlos Cuerpo, he evitado entrar directamente en el debate político, pero a preguntas de los informadores, ha respondido a la consejera de Industria, Marián Cano, que esta misma mañana ha advertido de que ya hay cierres de empresas por la “lentitud en el pago” del Consorcio por los daños de las inundaciones que causaron 227 muertos. “Lo que constatamos, una vez más, es que el Consorcio está siendo el cuello de botella que nos está llevando al cierre y a restar competitividad a nuestras empresas”, ha subrayado Cano en un comunicado, enviado casi al mismo tiempo que se producía la comparecencia de los responsables de la entidad en la Delegación del Gobierno en Valencia.

El director general ha señalado que hay que ver “cada caso” para atribuir ese cierre a la entidad: si la empresa, primero, tiene “póliza contratada” o si le “cubre” solo “de determinada manera” por lo que no tiene derechos a cobrar esa indemnización. “Nosotros no percibimos ese retraso, no se puede ir más rápido”, ha afirmado. Ha añadido que se prevé pagar el 95% de las indemnizaciones en abril. Todos los días crece el número de reclamaciones.

A su lado, la directora general del Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodríguez Ponga, ha incidido en que no hay “cuello de botella” y que, tras los acuerdos con los 38 empresas aseguradoras, están trabajando “los siete días de la semana” para el consorcio 2.300 peritos y unas 10.000 personas en total (de las cuales 8.600 son profesionales de las aseguradoras). El coste final de las indemnizaciones se ha elevado a 4.500 millones de euros (un 3,2% del PIB de la provincia), de los 3.500 previstos inicialmente, una ampliación que obedece a la valoración de los daños causados en las empresas e industrias.

Rodríguez ha negado lentitud y ha recordado que la indemnizaciones están ligadas al tipo de póliza y hay daños que deben “madurar”, en el sentido de que se necesita tiempo para cifrar su coste real. Ha recordado que los recursos para esta siniestralidad extraordinaria (danas, terremotos... etc) proceden de los “recargos pequeños” que pagan los ciudadanos en los seguros (2,1 euros al año en el caso de cada vehículo o siete euros anuales por cada 100.000 del coste de una vivienda, por ejemplo). Este fondo se administra de manera “prudente y eficaz para que “vaya creciendo todos los años”. Y si se producen pérdidas se le imputan también al Gobierno, que las asume, han argumentado como réplica a la crítica de la Generalitat porque el Gobierno incluye entre sus ayudas el dinero del Consorcio.

Los directivos han puesto en valor este seguro extraordinario que no tienen otros países, como Alemania (un año después de sus riadas de 2021, solo habían cobrado indemnizaciones el 50% de los afectados, han apuntado), Portugal o EE UU, pero se precisa de un serie de “fases”, que se están “acortando lo máximo posible”, según ha reiterado Rodríguez, como la acreditación de los daños, las comprobaciones si se había pagado el recargo o de las cuentas corrientes, si no hay varias reclamaciones sobre el mismo bien o cuestiones, por ejemplo, el precio de una maquinaria nueva (que a veces demora el proceso por el fabricante). Los expedientes industriales son los más complejos.

En cifras, por clase de riesgo, se han realizado un total de 48.423 pagos por 711.234.860 euros por daños en viviendas y comunidades de propietarios; 109.777 pagos por 949.398.015 euros por daños en vehículos automóviles; 8.442 pagos por 373.441.743 euros por daños en comercios, almacenes y otros riesgos; 604 pagos por 19.918.017 euros por daños en oficinas; 2.375 pagos por 250.197.772 euros por riesgos industriales, y 14 pagos por 6.173.845 euros por obras civiles.

Por la siniestralidad de automóviles se ha pagado una media de 8.600 euros cada uno y se ha abonado el 81% de solicitudes, lo que corresponde a 115.000 coches (de 140.000), el 59% del número total de las solicitudes de las indemnizaciones, y el 23,3% de la estimación del montante global de 4.500 millones. Le sigue el apartado de 48.000 viviendas y comunidades de comunidades de propietarios, con el pago del 78% de las solicitudes, a una media 14.700 euros cada una, un 21% del importe total. Se han abonado 623 millones al tejido industrial, lo que representa un 27% del importe total y el pago de un 67% de las reclamaciones. Y se ha pagado el 71% de indemnizaciones de comercios y almacenes, que suman el 26,4% del coste total. Se estima que el tejido productivo (industria, comercios y oficinas) superará el 50% de las indemnizaciones totales.

Por municipios, el 95,4% del total de solicitudes registradas se localizan en la provincia de Valencia. Paiporta encabeza la lista de localidades con mayor volumen de solicitudes registradas realizados, con 23.399 peticiones y 257.618.317 euros indemnizados, seguida de Catarroja (22.076 peticiones y 223.097.926 euros), Algemesí (19.894 peticiones y 178.284.202 euros), Aldaia (17.527 peticiones y 162.311.748 euros), Alfafar (15.077 peticiones y 171.760.129 euros), València (12.798 peticiones y 117.470.851 euros), Benetússer (10.033 peticiones y 88.769.391 euros), Massanassa (9.849 peticiones y 118.501.211 euros), Sedaví (9.815 peticiones y 112.779.714 euros) y Picanya (9.257 peticiones y 101.013.207 euros).