Marlaska asegura que el pacto de PSOE y Junts no cede el control de fronteras, ni de los flujos migratorios irregulares

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes que en el pacto entre PSOE y Junts para la delegación de las competencias migratorias a Cataluña no hay cesión al control de fronteras ni a los flujos migratorios irregulares y que no se modifica “sustancialmente” la actividad que la Guardia Civil, la Policía Nacional o los órganos de la Administración del Estado venían prestando hasta ahora. Marlaska ha hablado por primera vez este lunes de este acuerdo que hace una semana puso en pie de guerra a sindicatos policiales y a asociaciones de guardias civiles, que lo consideran inconstitucional y fruto de decisiones que no responden a políticas de seguridad. El ministro del Interior ha pedido que se haga una “lectura sosegada” del acuerdo, registrado en forma de proposición de ley y que todavía tiene que cumplimentar un recorrido parlamentario, en el que se pueden producir modificaciones, y ha incidido en que tiene como origen “ir ampliando las capacidades de autogobierno” en los términos que el Estado español entiende para prestar el mejor servicio público a la ciudadanía. “No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de flujos migratorios irregulares”, ha explicado.

La gestión de las fronteras y las devoluciones son algunas de las cuestiones más polémicas del texto del acuerdo. Tras presidir el acto de homenaje con motivo de la conmemoración, mañana 11 de marzo, del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el ministro del lnterior ha detallado que tanto la Policía como la Guardia Civil seguirán haciendo las mismas funciones que desarrollan en las fronteras, una vez que se apruebe “la ley de delegación de facultades en esta materia”. “La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes”, ha enfatizado. Mientras, los Mossos, actuarán, según el ministro, en el marco de las competencias que reseñe la nueva norma.

Con respecto a los flujos migratorios irregulares, Marlaska ha incidido en que las expulsiones de personas en situación irregular se acuerdan y ejecutan por parte de los delegados del Gobierno. “Es la Administración General del Estado, la que no solo ejecuta la expulsión, sino también la que acuerda la expulsión”, ha dicho. El ministro ha diferenciado estos casos de las devoluciones, que según el texto asumiría la Generalitat, que afectan a las personas que tienen la prohibición expresa de entrar en España y no necesitan expedientes. “Son diferentes”, ha precisado. Las devoluciones se intentan llevar a cabo de forma inmediata cuando alguien entra de forma irregular en España. En Cataluña esto apenas ocurre y se limita al retorno de viajeros que tienen prohibida la entrada en el país. El acuerdo entre PSOE y Junts aspira a llegar a 26.800 efectivos de la policía catalana en 2032, desde los cerca de 19.000 actuales, y delegar en ellos la gestión de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), además de las devoluciones, que hasta ahora estaban en manos de la Policía Nacional.

Sobre las críticas de que el acuerdo no responde a motivos operativos o de seguridad, el ministro ha subrayado la importancia de gestionar “un país complejo”, “una Administración compleja” y “un país autonómico” en el que “ir desarrollando el autogobierno”. “Creo que eso es algo importante porque es una manifestación de ser más eficaces en la prestación del servicio público, eso siempre con cooperación y coordinación y nunca con confusión de competencias”, ha incidido.

Durante la mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reunido en el Congreso a una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para mostrarles su apoyo ante las protestas contra el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts en materia de control de fronteras, inmigración y extranjería.

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