Midiendo el progreso de nuestras ciudades

La creciente urbanización es una de las tendencias que ha caracterizado la dinámica demográfica y económica de los últimos cien años. En España, dicho proceso se desarrolló, en los años de la posguerra, de forma mucho más rápida y menos planificada que en otros países de nuestro entorno. Los primeros ayuntamientos democráticos se enfrentaron así con gravísimas carencias en las infraestructuras básicas y en los equipamientos colectivos, así como en la configuración urbanística de sus municipios, en los que, además, buena parte de su patrimonio histórico y cultural había quedado seriamente dañado.

Y, con carácter general, el desarrollo del Estado social y de derecho, descentralizado conforme al modelo autonómico, ha supuesto una profunda modernización de los espacios urbanos, en contraste con el progresivo abandono del mundo rural.

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Cuarenta años después, las ciudades y pueblos de España se enfrentan a nuevos retos, como consecuencia de las transformaciones sociales, económicas, ambientales y tecnológicas, a escala global y local.

El cambio climático, el envejecimiento de la población, el incremento de las desigualdades y la aparición de nuevas formas de pobreza y de inseguridad ciudadana, la precariedad en el empleo, la desafección de segmentos crecientes de la población respecto de las instituciones democráticas, el uso de internet, la incorporación de la digitalización y de la robótica en un número cada vez mayor de actividades económicas, la presencia creciente de emigrantes procedentes de culturas diferentes... constituyen retos que no pueden ser abordados en solitario por ningún Gobierno nacional, y mucho menos por un Ayuntamiento de forma aislada. Resulta imprescindible la cooperación entre los diferentes niveles de la Administración, así como el diseño de políticas europeas acordes con la envergadura de los desafíos antes mencionados.

La Agenda 2030, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas por parte de todos los Gobiernos del mundo, supone la primera hoja de ruta a escala global que integra las dimensiones económica, social, ambiental e institucional de los desafíos del siglo XXI. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abarcan desde la erradicación de la pobreza y del hambre, a la reducción de las desigualdades, al empoderamiento de la mujer y la lucha contra cualquier forma de violencia de género, al acceso universal a la educación, a la sanidad, a la protección social y a condiciones dignas del trabajo, al agua potable y a la energía limpia... contemplando, con todo el rigor que merecen, los límites biofísicos de nuestro planeta, que exigen la preservación y restauración de la biodiversidad terrestre y marina, la mitigación y la adaptación al calentamiento global, incluida una mayor resiliencia frente a sus efectos, así como el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la paz y el acceso a la justicia, y que propician el establecimiento de las necesarias alianzas dentro y fuera de las fronteras nacionales.

La Red española de Desarrollo Sostenible ("filial" de la correspondiente red de Naciones Unidas SDSN, dirigida por Jeffrey Sachs), acaba de presentar el primer informe sobre el cumplimiento de los ODS por parte de 100 ciudades españolas (incluyendo todas las capitales de provincia y las ciudades de más de 80000 habitantes).

Se trata de un ejercicio todavía incompleto y de compleja interpretación (dada la inexistencia en algunos casos de datos estadísticos a nivel local, así como de la dificultad de evaluar el desempeño de un Ayuntamiento en tareas que son competencia de otros niveles de la Administración), pero que permite aproximarse a la realidad de la adecuación de las políticas municipales a lo establecido en la Agenda 2030.

Ninguna ciudad cumple con el ODS 8 (trabajo decente), como consecuencia de una legislación estatal que favorece los salarios bajos y la precariedad en el empleo

De los resultados de este primer informe cabe resaltar algunas conclusiones. Por ejemplo, en las ciudades con renta per cápita más alta se observan mayores desigualdades socioeconómicas (lo que nos aleja del ODS 10), lo que reafirma la evidencia de la escasa idoneidad del PIB como indicador del progreso, desde un enfoque holístico. En sentido opuesto, los datos sobre acceso a la sanidad (ODS 3) y a la educación (ODS 4), alcanzan valores más altos en las áreas más desarrolladas, en las que se dispone de más y mejores equipamientos colectivos.

Se pone asimismo de manifiesto que ninguna ciudad cumple con el ODS 8 (trabajo decente), como consecuencia de una legislación estatal que favorece los salarios bajos y la precariedad en el empleo, en todo el territorio nacional.

Llama la atención que el ODS 5 (igualdad de género), aparezca como el segundo peor puntuado (después del ODS 10) en el conjunto de las ciudades evaluadas, a pesar de que este fue el único ODS en el que España había aparecido con una valoración claramente favorable en el Índice nacional de los ODS de 2016; esta circunstancia puede responder a un cierto retroceso en esta materia durante los últimos dos años, difícil por otro lado de evaluar, cuando se utiliza como indicador los datos correspondientes a las denuncias por violencia de género.

Con carácter general, las puntuaciones de la mayoría de las ciudades estudiadas resultan bajas en los ODS asociados a elementos que definen la sostenibilidad del ámbito urbano (innovación, infraestructuras, calidad del aire, urbanismo, acceso a la vivienda...). Ello indica cuanto recorrido queda por delante para dotar a las ciudades españolas de una mayor resiliencia ante los cambios tecnológicos, sociales y ambientales.

En los ODS 1 y 2 (erradicación de la pobreza y del hambre), cuyas metas se consideran en España próximas a su cumplimiento, se aprecia la falta de suficientes datos municipales sobre personas sin hogar o sobre ciudadanos afectados por la malnutrición o la obesidad.

En todo caso, el informe permite también identificar las numerosas áreas en las que se requiere un mayor esfuerzo estadístico a escala local, así como la elaboración de nuevos indicadores de progreso especialmente relevantes para la realidad española (por ejemplo, en lo relativo a la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, y la deficiente provisión de servicios públicos de ayuda a la dependencia y a la educación infantil).

El informe coincide en el tiempo con la asunción publica del compromiso de implementar los ODS, por parte de todas las Administraciones españolas, tal como se puso de manifiesto recientemente en la presentación del examen voluntario de nuestro país ante Naciones Unidas, incluyendo el nombramiento de una Alta Comisionada para la Agenda 2030, directamente dependiente de la Presidencia del gobierno. La especificidad del proceso de despoblación del medio rural, además, ha propiciado la creación de una instancia gubernamental para el estudio y las propuestas relativas al reto demográfico, de extraordinaria incidencia en los ámbitos no urbanizados.

Comienza, por lo tanto, la puesta en marcha de nuevos instrumentos de gobernanza, que comportarán necesariamente la mejora en las herramientas de medición del progreso en todos los territorios, urbanos y rurales, de España.

Cristina Narbona es presidenta del PSOE y miembro de la Red Española para el Desarrollo Sostenible.