La misteriosa ausencia de una firma deja a una decena de científicos sin financiación pública

La científica Elena Gómez Díaz se siente desde el pasado 9 de enero como el protagonista de la novela El proceso, el relato de Kafka sobre la pesadilla de un hombre ante un delirante laberinto burocrático. La investigadora es experta en el parásito de la malaria, una enfermedad que mata cada año a casi medio millón de personas, la mayoría niños del África subsahariana. Aquel 9 de enero, recibió un mensaje de la Agencia Estatal de Investigación, el principal organismo financiador de la ciencia en España. Gómez Díaz había pedido una ayuda de 200.000 euros para proseguir su trabajo en el laboratorio, pero había un problema.

Su solicitud de dinero, según advertía la agencia, estaba escrita con el tipo de letra Times New Roman, tamaño 11, como mandaban las normas, pero había utilizado una dimensión inferior en algunos pies de foto y en las referencias bibliográficas. El error debía ser subsanado para que su proyecto pudiera ser evaluado para su posible financiación.

"La visión que nos deja esto es de una ciencia tremendamente burocrática y desalmada", lamenta la investigadora Elena Gómez

El 14 de enero, Gómez Díaz volvió a enviar su dosier corregido al programa informático del Ministerio de Ciencia, esta vez con todas las palabras escritas en Times New Roman, tamaño 11. Sin embargo, el 12 de febrero recibió otro mensaje: su petición había sido rechazada sin llegar a ser estudiada, porque faltaba la firma electrónica del director de su centro, el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra del CSIC, en Granada. La firma, imprescindible, sí estaba en la primera solicitud. El equipo de Gómez Díaz se quedaba sin financiación.

“Nos encontramos en una situación dramática por las consecuencias que implica: despedir a personas y ver interrumpida tu actividad”, lamenta la científica. “La visión que nos deja esto es de una ciencia tremendamente burocrática y desalmada que deja a investigadores del más alto nivel en la cuneta”, sentencia. El 18 de febrero, el director de su centro, Mario Delgado, presentó un recurso alegando que no firmó porque no le apareció ningún documento pendiente de firma en la aplicación informática del Ministerio de Ciencia, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Nueve investigadores del CSIC se han quedado sin financiación por una misteriosa falta de firma similar, según fuentes del organismo, que ha presentado recursos en todos los casos. Para el CSIC, podría tratarse de un error informático. Pero el director de la Agencia Estatal de Investigación, Enrique Playán, sugiere posibles despistes. “Para un investigador que se queda fuera, es una situación devastadora. Lo entiendo perfectamente”, subraya. “Pero nuestros informáticos pueden verificar si un documento estuvo [en la aplicación informática] para ser firmado y, por las circunstancias que fueran, el representante legal no lo firmó”, señala.

"Si pueden demostrar que hubo un error por parte de la agencia, les daremos la oportunidad de ser evaluados", afirma el director

Playán, un experto en regadíos que hasta hace medio año era un investigador más, detalla que la agencia ha recibido unas 6.400 solicitudes de toda España para optar a estas ayudas, las más importantes para la ciencia española. Son los llamados proyectos de Generación de Conocimiento y de Retos de Investigación, con una inversión de 359 millones de euros. Casi la mitad de los solicitantes recibirán financiación. Y solo 16 investigadores han presentado recursos, según recalca Playán, incluyendo a la decena de afectados por la enigmática ausencia de la firma electrónica. “Si pueden demostrar que hubo un error por parte de la agencia, les daremos la oportunidad de ser evaluados”, apunta.

Francisca Martínez, investigadora del CSIC en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, se encuentra en la misma situación. Solicitó financiación para continuar sus investigaciones sobre el impacto del cambio climático a través del estudio de sedimentos marinos. “Mi proyecto también fue excluido por el tamaño de letra del pie de las figuras y, una vez presentada la subsanación, por no haberla firmado el representante legal”, explica. “Creemos que es una situación tremendamente injusta que no debería repetirse. Al menos, que nuestro caso sirva para tomar medidas y que la evaluación de la ciencia en nuestro país no se base en criterios tan absurdos y ridículos como el tamaño de letra de un pie de una figura”, critica.

Javier Oroz se incorporó el año pasado al Instituto de Química-Física Rocasolano, en Madrid, procedente del Instituto Max Planck de Biofísica Química, en Gotinga (Alemania). Investiga los mecanismos moleculares del alzhéimer. “Se me pidió subsanar mi solicitud de proyecto por el tamaño de letra de dos pies de figura y, si no recuerdo mal, de la bibliografía”, expone. El relato coincide de nuevo. “El director de mi centro no recibió alarma alguna de requerimiento de firma”, asegura Oroz.

La agencia estudia caso por caso para ver si la culpa es de un error informático o de un despiste de los directores de los centros

La química Aitana Tamayo cometió el error de utilizar el tipo de letra Calibri, en lugar de los permitidos Arial o Times New Roman, aunque respetó el tamaño 11. “Al realizar la subsanación de la memoria, el representante legal no firmó. Por lo tanto, se consideró que había desistido de realizar la subsanación requerida”, explica. Tamayo, del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, en Madrid, pedía financiación para intentar desarrollar dispositivos de liberación sostenida de fármacos a través de la piel.

El director de la Agencia Estatal de Investigación defiende las normas. “Si no pides un tamaño, todo el mundo pone una letra diminuta para meter más información que el vecino. Y eso no es justo”, advierte Playán. “En muchos aspectos de nuestra vida tenemos que rellenar formularios en los que caben unos determinados caracteres. Un tuit son 280 caracteres, ni uno más. Eso es lo que estamos buscando: que todo el mundo tenga la oportunidad de poner la misma información”, argumenta.

El geólogo Antonio Acosta ve demasiada rigidez en el sistema. Él pertenece al CSIC y pidió dinero para estudiar los elementos que componen la capa más superficial de la Tierra. A la hora de presentar su currículum, mezcló dos tipos de letra con el tamaño especificado por la agencia, pero una de las tipografías no estaba permitida. “Yo presenté un currículum con tres páginas y media”, explica. El límite legal eran cuatro páginas. “Al solventar el problema y presentar un currículum con un solo tipo de letra, el currículum final tenía la misma longitud: tres páginas y media. Nada cambió. Esto es un exceso de celo profesional del funcionario de turno, que no entendía el fin último de las normas de la convocatoria”, lamenta.

“Es como pegarte un tiro en el pie y, un segundo más tarde, caer redondo al suelo, pero seguir convencido del deber realizado porque apretaste el gatillo según viene descrito en un documento oficial de referencia”, opina.

Como en los demás casos, Acosta subsanó los errores, pero se quedó fuera porque faltaba la firma electrónica del representante legal de su centro, de nuevo el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Sobre esta misteriosa ausencia de firmas en una decena de expedientes, el director de la agencia es tajante. “No podemos fiarnos de la palabra de nadie, porque si lo hiciéramos estaríamos, con la mejor de nuestras voluntades, siendo arbitrarios”. Su organismo publicará de manera “inminente” su resolución definitiva, tras estudiar caso por caso para ver si la falta de firma fue un error informático o un despiste de los directores de los centros. El pasado viernes, Playán vio el resultado del primer expediente analizado por la agencia. No hubo error informático.