“Parad de matarnos”

Si los pusieran en línea recta, los cuerpos compondrían un rastro de casi 700 metros de carne humana agujereada por las balas. Ocho de cada diez son negros. La mayoría, hombres y jóvenes. Esta es la imagen de los muertos producidos por la policía de Río de Janeiro solo durante el primer trimestre del año: 434 personas ejecutadas, casi cinco al día, el mayor número en los 21 años de registro del Instituto de Seguridad Pública.

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El 26 de mayo, los habitantes de las favelas de Río bajaron al “asfalto”, como llaman a la ciudad al pie de los cerros. Querían que los ricos y blancos que estaban en la playa de Ipanema, una de las postales más famosas de Brasil, los escucharan. Era domingo y pedían que los dejaran vivir. La protesta tenía nombre, estampado en una gran pancarta: “Parad de matarnos”.

La reivindicación debería provocar asombro. Sin embargo, en Brasil, lo que asombra es que pocos se asombran. La indiferencia es la expresión más brutal del racismo estructural del país. La sociedad brasileña convive con el genocidio de la juventud negra exactamente porque son los hijos de las madres negras los que mueren. Solo cuando una bala alcanza la cabeza de un niño que jugaba en la puerta de casa o que estaba en la escuela, se produce cierta conmoción. O cuando un pelotón del Ejército acribilla un coche con 80 disparos y mata a un hombre negro que llevaba a su familia a una fiesta y a otro que intentó ayudarlo, como sucedió en abril. Pero el espasmo de humanidad solo confirma la normalización del genocidio sistemático.

En este momento, el desamparo es extremo. En 2018, la policía de Río ejecutó a 1.534 personas. En todo Brasil, los asesinatos perpetrados por policías el año pasado han aumentado un 18%, totalizando 6.160 muertos, según el Monitor de la Violencia. En 2019, el número de personas ejecutadas durante los primeros meses ya indica un rastro todavía mayor de víctimas del Estado.

Si el Congreso aprueba el proyecto del ministro de Justicia, Sérgio Moro, la destrucción de cuerpos negros podrá alcanzar proporciones inéditas. Basta con que el policía alegue que mató tomado por “sorpresa, miedo o violenta emoción” para que el asesinato se considere “legítima defensa”. Para los especialistas en seguridad, es instituir la pena de muerte sin juicio. Pero a los especialistas no los escucha un presidente que tiene como marca registrada el gesto de disparar con los dedos ni un ministro que abusó de su cargo cuando era juez. Los movimientos sociales llaman a esta política “de matadero”. Los negros mueren como ganado humano en el mayor país de Sudamérica. Y el mundo finge que no lo ve.

Traducción de Meritxell Almarza.