Ambiguo Bolsonaro

Las manifestaciones de extrema derecha celebradas en Brasil el pasado fin de semana contra las decisiones del Congreso y del Tribunal Supremo constituyen un preocupante indicio de nueva inestabilidad institucional en el país más grande de Sudamérica, que ha vivido una convulsa etapa en los últimos años.

Sin embargo, no son las protestas, celebradas en 350 ciudades del país, lo más preocupante porque el derecho de manifestación está recogido en la Constitución brasileña, sino la calculada ambigüedad de la Jefatura del Estado con un movimiento que aboga por el cierre tanto de las Cámaras como del alto tribunal, algo que atenta directamente contra los principios fundamentales en los que se basa la democracia brasileña.

Los manifestantes acusan a jueces y parlamentarios de boicotear la acción de gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ocupa el Palacio de Planalto desde el pasado 1 de enero. La alternativa que proponen es directamente la suspensión de actividades de ambos organismos amparándose en el razonamiento demagógico de que representan a la “vieja política”. Y a esta “vieja política” la acusan de ser culpable de la crisis económica e institucional que ha azotado Brasil en los últimos años y que se ha plasmado en importantes escándalos de corrupción, con el procesamiento de varios exjefes del Estado, la destitución de la primera mujer presidenta del país, el empobrecimiento de las clases medias y la pérdida de impulso del proyecto desarrollista brasileño.

Lejos de desmarcarse de una exigencia inequívocamente antidemocrática, Bolsonaro ha apoyado tácitamente las manifestaciones con afirmaciones como que “el pueblo está en las calles para defender el futuro de la nación”. No se trata solo de un ejercicio de oportunismo político, sino de una grave irresponsabilidad: Bolsonaro no es un político cualquiera en un mitin de campaña, sino el mismo presidente de la República. También es un acto de deslealtad hacia los millones de brasileños que no votaron al político ultraderechista, pero de los cuales también es presidente legítimo. Y hacia el sistema democrático brasileño, recuperado en 1985 tras una larga dictadura militar.

Tanto el Congreso como el Tribunal Supremo de Brasil están cumpliendo estrictamente con sus atribuciones constitucionales y lo mismo está obligado a hacer Bolsonaro. Acusar a ambas instituciones de estar haciendo ingobernable el país denota un desconocimiento básico del funcionamiento de los Estados democráticos modernos, que se fundamentan tanto en la separación de poderes como en el juego de contrapoderes entre estos. Un concepto que Bolsonaro debería haber aprendido antes de jurar la Constitución.