La asfixia de la universidad pública

Una enseñanza pública fuerte y bien dotada presupuestariamente es uno de los pilares del Estado de bienestar y garantía de la igualdad de oportunidades. En su defensa, estudiantes, familias, profesores y entidades de muy diverso tipo llevan meses convocando manifestaciones en diferentes capitales españolas. Decenas de miles de personas acudieron este domingo en Madrid a la convocatoria de una veintena de asociaciones y sindicatos, y, por vez primera, colectivos de las universidades públicas madrileñas. Las universidades públicas españolas se encuentran en una situación de supervivencia. Las siete catalanas suman 15 años de financiación “injusta”, según sus rectores; las nueve andaluzas siguen pendientes de recibir 29 millones de los 50 que pactaron con la Junta en junio; pero el verdadero drama lo padecen las seis madrileñas, y en particular la Complutense, el mayor campus presencial del país.

Tras el inédito gesto de los rectores madrileños de suscribir un texto conjunto contra su estrangulamiento económico, el Gobierno de Ayuso subió el presupuesto de los campus un 4,2% (47,3 millones). Los rectores reclamaban una subida del 18% (200 millones) solo para abrir cada día. Su alerta se traduce en sonrojantes hechos concretos: cierre de grupos, menos asignaturas optativas, recortes generalizados en el gasto corriente que alcanzan incluso a la compra de libros, pérdida de ayudas, instalaciones envejecidas que no se pueden reparar… La autonomía más rica de España es la que menos invierte por alumno.

Ayuso repite que las universidades públicas deben ser lugares “de ciencia y no de ideología”, expresión con la que parece considerar reprobable el debate político en los centros de conocimiento por excelencia. La que sí es ideológica es la acometida de la presidenta. Si su objetivo es la ciencia debería ser consciente de que la investigación y la transferencia de conocimiento, propias sobre todo de las universidades públicas, son las primeras víctimas de sus recortes.

La ley de 2023 marca como objetivo dedicar para 2030 el 1% del PIB a la universidad pública, lo que aún estará por debajo de la actual media europea (1,2%). Esa meta resultará imposible sin la aportación de Madrid, dada su relevancia económica y académica. España puede contar pronto con más universidades privadas que públicas, lo que está favoreciendo ofertas de baja calidad. Es momento de volver a recordar que un sistema público vigoroso es el mejor aval para el acceso equitativo a las oportunidades de la enseñanza superior. Ese sí es un objetivo de país en el que no debería interferir ninguna ideología ni los intereses económicos del sector privado que, por otro lado, tiene todo el derecho a desarrollarse. A los gobiernos autonómicos les compete que ese desarrollo no sea incompatible con el fortalecimiento de la universidad pública.