La Complutense: una universidad en los huesos

Una profesora asociada de 40 años, doctora en Ciencias Políticas, que prefiere mantenerse en el anonimato, abandonaba un momento la asamblea del miércoles para hablar con este diario. El salón de actos de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense se había quedado pequeño para acoger a todos los que querían reunirse para protestar por la falta de financiación de la universidad. A la investigadora en cuestión le podía la rabia: “Hay alumnos de mi clase que ganan más trabajando en el McDonalds que yo”, comentaba. Tiene un trabajo temporal, como el 49% de los docentes de las universidades públicas de España. Pero gana mucho menos que muchos de ellos. Y eso que posee el contrato con más horas lectivas de su facultad, 12 a la semana. Gracias a que ha leído la tesis doctoral ingresa 758 euros al mes, a los que debe restar los 260 de cotización de autónomos. Vive en Madrid y llega a final de mes porque completa su sueldo con otro de profesora en una universidad privada.

En la misma facultad, tres pisos más abajo del salón de actos donde se celebra la asamblea, un grupo de limpiadoras se emplea en tenerlo todo “decente”. Son siete. Hace 20 años llegaron a ser casi una veintena. A pesar de eso, les luce el trabajo. Les gustaría, incluso, que estuviera mejor, porque son perfeccionistas. “¡Cómo no vamos a tenerlo bien si es nuestra casa! ¡Pasamos más tiempo aquí que allí! Además, los chicos pagan sus tasas”, razonan. Prefieren no identificarse ni salir en la foto. La Complutense destinó en 2023 a labores de limpieza 16,3 millones de su presupuesto, 3,3 millones menos que en 2022. El recorte era necesario para cuadrar unas cuentas que nunca acaban de cuadrar: la guerra de Ucrania casi duplicó el gasto en gas para la calefacción (5,8 millones) y triplicó el de electricidad (9,1 millones).

La Universidad Complutense se ahoga económicamente y esto afecta a alumnos, profesores, personal administrativo y personal de servicios. Al sistema mismo. El año pasado arrastraba una deuda de 65 millones de euros con un presupuesto anual de 367 millones anuales. La asfixia financiera que experimenta, y que se refleja en ámbitos tan dispares como la falta de dinero para prácticas y salidas al campo o la eliminación de cafeterías, no es sino un ejemplo ―tal vez el más dramático― de la estrechez presupuestaria que padece el sistema universitario público español, y en especial el madrileño. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant aseguró el pasado 3 de diciembre que, si no media una reacción rápida, “las universidades madrileñas están abocadas a la desaparición”.

Tras una semana particularmente convulsa, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid finalmente acordó subir un 4,2% del presupuesto de 2025 para las universidades madrileñas. Los rectores habían denunciado un estado de abandono y la presidenta Ayuso accedió a destinar más dinero a los centros universitarios. Serán, en total, 47,3 millones de euros. Los rectores reclamaban 200 y aseguran que el monto concedido “resulta insuficiente tras 15 años sin subida real”. Un chat de profesores universitarios resume el sentir del profesorado ante la suma que aportará la comunidad: “Nos han tirado las cáscaras de los cacahuetes”. Un portavoz de la Consejería de Educación afirma que el Gobierno regional, que destina solo el 0,47% del PIB madrileño a las universidades, por debajo del 0,6% que se invierte en España de media y el 1,2% en Europa, “está trabajando en un sistema de financiación que se ajuste a las necesidades de cada una de las universidades madrileñas, incluida la Complutense”. Sin especificar más.

Cuatro presidentes y seis nobeles

La Universidad Complutense es un mastodonte de más de 100 hectáreas (unos 50 campos de fútbol aproximadamente). Pese a los tijeretazos presupuestarios, esta universidad histórica madrileña resiste desde el punto de vista académico: ha logrado mejorar sus parámetros en el ranking de Shanghái por áreas de conocimiento al clasificar 19 materias entre las mejores 300 universidades de las 5.000 estudiadas. En ella (o en un centro adscrito), han estudiado cuatro de los seis presidentes de la democracia española, la reina Letizia y la infanta Cristina. También siete de los ocho premios nobeles españoles han estudiado o han dado clases en sus aulas. Y durante generaciones ha servido de auténtico ascensor social a estudiantes llegados de capas desfavorecidas de la sociedad.

Pero desde hace 15 años vive inmersa en una crisis económica que se agrava cada año. Un ejemplo: en 2007 recibió 32 millones de euros para arreglar o acometer infraestructuras; en 2025 le tocará repartir en su megacampus seis millones (tras subirse 3,7 tras las protestas de los rectores). Otro: en estos 15 años la inflación ha subido un 34% y las partidas que reciben las universidades madrileñas solo un 5%. Un tercero: el pasado año se matricularon en sus grados 47.500 estudiantes de grado, cuando hace una década sobrepasaba los 54.000. De forma que es la Universidad de Sevilla la que recibe más alumnos de carrera. Esta pérdida de matriculaciones se refleja en la contabilidad: Los más de 7.000 alumnos menos equivalen a dejar de ingresar 9 millones de euros. Para colmo de males, de los nueve centros adscritos, cinco se están dando de baja, de forma que el pasado curso se inscribieron 2.094 alumnos menos en grado (35%) y 99 en máster (22%) que en 2015. Dos de ellos, CUNEF y Villanueva, se han constituido como universidades privadas

Rommy Arce, secretaria de organización de CGT resumía el estado de la cuestión en esa Asamblea celebrada en la facultad de Políticas del viernes: “El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, anunció en junio un recorte de los gastos totales de un 30%, del que los sindicatos nos enteramos por la prensa. Y eso va a afectar a todo: a la compra de libros, a la de revistas... En la Complutense hay 26 facultades, 28 bibliotecas, 28 centros de investigación y cinco colegios mayores que hay que mantener. Y ya sabemos, para empezar, que las ITE [Inspección Técnica de Edificios concebida para calibrar el estado de conservación de los inmuebles ] de 2025 no se va a poder pasar”.

Campanas de madera

En la facultad de Ciencias Químicas, el profesor titular Jon Sanz Landaluze, al mostrar las instalaciones, echa mano del sentido del humor: “Como seguimos como en los 70, cuando se inauguró el edificio, aquí vienen muchas productoras a grabar series de época”. Luego se pone serio: muchas de las campanas de extracción de los laboratorios son de madera y, por lo tanto, inseguras. Él ha elaborado una lista de necesidades urgentes: aún están las ventanas originales, que no cierran bien, la caldera también es de esa época y es preciso sustituirla; faltan rampas para discapacitados, han perdido repetidores de wifi, el apoyo para informáticos se ha reducido, el sistema de alarmas, deteriorado, salta cuando quiere y se pone a sonar y no hay espacio suficiente para acoger a estudiantes o profesores invitados provenientes de otros lugares.

Con el dinero recibido gracias a las sentencias ganadas al Gobierno de Esperanza Aguirre por incumplir su plan de infraestructuras (456 millones para repartir entre las seis universidades públicas madrileñas), hace cuatro años renovaron por lo menos el sistema eléctrico y pintaron y cambiaron los falsos techos de la facultad de Químicas. Pero los laboratorios son una máquina del tiempo (que lleva solo al pasado, naturalmente). Las poyatas (lugar individual de trabajo que consta de una mesa y de una estantería frontal para colocar el instrumental) son de la madera desvencijada que tenían hace más de 50 años, con encimeras de granito. El profesor Sanz Landaluce cuenta que los recortes practicados en los últimos años han sido grandes en partidas destinadas para reactivos o prácticas. Su departamento, concretamente, el de Química Analítica, ha recibido 58.000 euros este año para 30 docentes. Calcula que hubieran necesitado unos 100.000. Así que se buscan la vida como pueden: compran aparatos a plazos o reciclan otros, que aún funcionan, y que les han donado otros centros de investigación. Otros profesores desvían dinero de sus propios proyectos de investigación para comprar aparatos de aire acondicionado (la facultad no cuenta con un sistema integrado), armarios de seguridad para guardar productos peligrosos o tóxicos o, simplemente, mesas en las que trabajar.

Punto de no retorno

La catedrática de Física de la tierra y Astrofísica, Marisa Montoya, pertenece a la asociación La uni en la calle y esta semana impartió clase junto a la Asamblea de Madrid en señal de protesta por la falta de financiación. Ella trabaja en la Complutense, pero su frase se puede aplicar a cualquier universidad madrileña: “La universidad es un sistema complejo, parecido al hielo, que tarda muchos años en construirse y muy pocos destruirse”, aseguró. Comparó la degradación presupuestaria de la universidad con el cambio climático, apuntando que en los dos casos existe un punto de no retorno.

Este punto aún no ha llegado y la Complutense presenta signos de su mala salud de hierro: en 2015 se matricularon 6.875 alumnos en máster, este año lo han hecho más de 7.000. En los doctorandos demuestra su poderío en el terreno de la investigación: el año pasado contabilizó 6.294, más que las 41 universidades privadas españolas juntas (6.185).

La competencia con las privadas se dirime en otros ámbitos, como en la facultad de Medicina, que cuenta con los estudiantes más capacitados y que han obtenido las mejores notas, pero a la que su insuficiente financiación coloca muchas veces en desventaja. El decano, Javier Arias, cirujano, comenta que han tenido que reducir a 295 las 320 plazas que convocaban por falta de profesores de prácticas en los hospitales públicos. Estos, profesionales médicos que trabajan en hospitales, han sido copados por la universidad privada, que les ofrece incentivos económicos. De modo que, para no perder calidad en su enseñanza ―muy exigente en la facultad de Medicina de la Complutense, que coloniza siempre los primeros puestos en el MIR―, se ven obligados a renunciar a alumnos. “Hemos perdido hospital y medio”, se lamenta el decano.

Rodrigo Gonzalo, de 22 años, y Duna Boullosa, de 20, son alumnos de 10. Tanto, que entraron en el exclusivo doble grado de Derecho y Ciencias Políticas. Muy comprometidos, pertenecen a la Unión de Estudiantes Progresistas, un movimiento minoritario con sede en Derecho, la facultad conservadora por excelencia. Enumeran algunos de sus problemas: hubo grupos que tardaron en tener profesores al inicio de curso, el decano les explicó que no cuenta con los 100.000 euros necesarios para cambiar el sistema de alarmas contra incendios, la biblioteca solo abre hasta tarde cuando se acercan los exámenes por falta de personal. Tampoco hay dinero para sufragar becas a fin de comprar manuales. “Hay quien no puede estudiarlos porque no puede permitirse comprarlos”, explican.

Su día a día es muy diferente. Rodrigo dispone de todo el tiempo para estudiar. Y no tiene agobios económicos. El caso de Duna es distinto: trabaja de dependienta 15 horas a la semana para “no ser una carga” a su familia. Su madre, de la que depende, vive en Asturias y recibe una prestación social. Duna no puede pedir la beca del ministerio por un embrollo familiar. Se dispone a solicitar la ayuda que reserva la Complutense para alumnos en situación de riesgo de abandono de los estudios por razones socioeconómicas. Esta beca propia de la universidad cubre la matrícula (unos 830 euros en su caso). Cruza los dedos para que se la concedan este curso y que la beca siga existiendo en años posteriores. La dotación de estas becas, de hecho, se han incrementado este año ―algo realmente inusual― pasando de 904.000 euros a 1,17 millones. Pero presumiblemente, también subirá el número de solicitantes debido al incremento del precio de la vivienda en Madrid, una de las ciudades más caras de España para estudiar.

Penurias

Los zoólogos David Oropesa y Aida Vega son dos de esos doctorandos citados anteriormente. Se benefician de uno de los contratos predoctorales propios de la Complutense (1.180 euros al mes). Les preocupa que, dadas las apreturas económicas, estos programas desaparezcan o se queden en manos de benefactores externos. De hecho, el Banco de Santander ya aporta dinero para estas partidas. El relato de las penurias pasa de una promoción a otra. Por eso saben que el dinero llega tarde. Por eso David, un firme batallador de los derechos de los sordos y primer titulado universitario en su familia, no dudó en vender su moto para irse a Costa Rica tres meses para estudiar bosques de robles subtropical; era consciente de que los fondos para los vuelos y el alojamiento llegarían mucho después. Ahora, de vuelta en Madrid, confía en que le amplíen el contrato hasta los seis años. A su compañera Aida le comunicaron la semana pasada que la contrataban en la universidad, aunque ella había empezado el doctorado en julio. Se arriesgó a que no se lo concedieran porque tiene tan clara su vocación que se hubiese puesto a trabajar anillando pájaros para mantenerse mientras hacía la tesis.

Ambos comparten departamento con la profesora Beatriz Martínez Miranzo. Pero no por mucho tiempo, porque Beatriz tendrá que dejarlo el 31 de diciembre. Ese día finaliza el contrato denominado María Zambrano con el que esta experta en conservación de especies amenazadas volvió a la Complutense, donde se había graduado y doctorado, procedente de la Universidad Nacional de la Pampa (Argentina). Se adscribió a un programa de atracción de talento internacional del ministerio que, si bien no garantizaba la permanencia en la universidad, convenció a muchos investigadores debido a que pensaron que la universidad, tras interesarse por ellos y traerlos desde el extranjero, no les iba a dejar después en la estacada. En la Universidad de Granada ha sido así y algunos conseguirán afianzarse, pero la UCM ni se lo ha planteado por falta de fondos. Casi todos sus estudiantes acogidos a este programa deberán hacer las maletas y, a la vez, dejar más en los huesos una universidad herida.