Ayuso cede a la presión de los rectores y les plantea una subida del presupuesto de 47,3 millones

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, aprovechará la tramitación parlamentaria de los Presupuestos regionales de 2025, que no se aprobarán definitivamente hasta finales de mes, para atender en una mínima parte el llamamiento de auxilio de los seis rectores de las universidades públicas madrileñas. Si los gestores de los campus pedían un incremento de 200 millones de euros para lograr abrir cada día, la líder conservadora les ha comunicado este martes un aumento de apenas 47,3. Y con suspense. Primero, EL PAÍS avanzó, y el gobierno confirmó en un comunicado oficial, que la cifra era de 42. Luego, amparándose en “un error”, el ejecutivo rectificó y elevó el montante a 47,3. La nueva propuesta supone que el presupuesto de universidades pase de incrementarse en un 0,9% a crecer en un 4,2%, pese a que los rectores reclamaban que se elevara en un 18%. De los 47,3 millones, 20 irían a infraestructuras y los otros 27, previsiblemente, a pagar nóminas y gastos corrientes. Así, el nuevo planteamiento, que vincula parte de la financiación a la consecución de objetivos, no soluciona la asfixia económica de los centros educativos.

Los rectores han emitido un comunicado en un tono conciliador tras semanas de enfrentamiento, pero en el que entre líneas dejan claro que esto solo es un primer paso: “Siendo estas aportaciones presupuestarias imprescindibles y bienvenidas, aún resultan insuficientes para garantizar la sostenibilidad, asegurar la calidad, subsanar su crónica infrafinanciación tras 15 años sin subida real y abordar las inversiones necesarias en infraestructuras”. A su vez, se felicitan por el “compromiso de la presidenta para la elaboración a corto plazo, en el primer trimestre del año 2025, de un modelo de financiación plurianual que incluya financiación basal, singular y por objetivos”. En la primera quincena de enero tendrá lugar la primera reunión.

Una mirada al pasado sirve para contextualizar, por ejemplo, que los 20 millones que se repartirán en 2025 las seis universidades para sus infraestructuras son tan solo una pequeña ayuda. En 2007, la Complutense recibió 32 millones para ese mismo objetivo. En 2025, recibirá 3,3 millones para su campus con un millón de metros cuadrados construidos.

La posibilidad de modificar las cifras de las cuentas públicas, esbozada en público por la propia presidenta este lunes, llega en un momento clave. Este jueves se debaten las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, registradas por los tres partidos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) en la Asamblea y los profesores y alumnos de esos campus están llamados a concentrarse a sus puertas en señal de protesta. En consecuencia, al Gobierno regional le convenía llegar a esa sesión parlamentaria con una respuesta al argumento de que su decisión de aumentar en apenas un 0,9% el presupuesto de universidades, cuando se le reclama que creciera un 18%, esconde un plan para asfixiar poco a poco al sistema educativo público.

“Estamos en la época de los Presupuestos. Nos pasa con todo”, dijo el lunes Ayuso durante una entrevista en Antena 3, donde le preguntaron por las quejas de los rectores. “Siempre que haces Presupuestos, se necesita más”, añadió la presidenta, que el mes pasado acusó a la Complutense de estar “colonizada por la izquierda”. Y remató: “Estamos ahora mismo en negociación con todas las consejerías, incluida la de universidades”.

Así contextualizó esas palabras una fuente gubernamental de la confianza de la presidenta: “Hasta que no se aprueban en la Asamblea a finales de diciembre, los presupuestos están abiertos. Eso es lo que quería decir la presidenta en cuanto a que haya cierto margen [para cambiarlos y aumentar la inversión en universidades]”.

Un día después, este martes, el ejecutivo regional ha afrontado la jornada como una oportunidad para imponer su relato y limitar los daños reputacionales que está generando el choque público con los rectores. Así, Díaz Ayuso se ha presentado al almuerzo con los seis rectores de las universidades públicas acompañada por la plana mayor de su gobierno: el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín; el de Educación, Emilio Viciana; y la titular de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. Se trataba de transmitir la imagen de una presidenta arremangada ante el problema (”que coge el toro por los cuernos”, transmitió uno de sus colaboradores), con capacidad de escucha, y soluciones. Una estrategia comunicativa que ha arrancado este martes con un anuncio previo a la comida: el gobierno regional ha rectificado y se ha abierto a cofinanciar con el Estado el sueldo de 1.091 profesores.

Esa decisión ha llegado después de que EL PAÍS adelantara este lunes una carta de la ministra Diana Morant recriminando al gobierno de Ayuso que renunciara a recibir 169 millones del Gobierno central, con los que se cofinanciaría el sueldo de 1.091 profesores ayudantes doctor durante seis años; un “convenio trampa” ―según su consejero Viciana― que, sin embargo, están suscribiendo todas las comunidades.

¿Cómo pretende Madrid alcanzar ahora un acuerdo para firmar el programa María Goyiri y al mismo tiempo no desdecirse de sus críticas? La respuesta es modificando el gobierno, según un comunicado emitido por el gobierno que señalaba su intención de evitar que “se imponga” la prioridad de contratar en la categoría de profesor ayudante doctor, o que se retracten referencias que considera ideológicas, como las alusiones a la “oportunidad histórica” que ofrece la LOSU para estabilizar las plantillas.

Sin embargo, el ministerio no está dispuesto a dar a Madrid un trato distinto al resto de comunidades. Si el gobierno regional firma, como asegura que hará una fuente de la confianza de la presidenta regional, el departamento de Ciencia, Innovación y Universidades invertirá 169 millones en pagar los sueldos de 656 profesores ayudante doctor y la Comunidad otros 435 con un desembolso de 112 millones.

Una debacle fraguada durante quince años

La debacle económica actual se lleva fraguando quince años ―los rectores recuerdan que la partida que reciben para nóminas y gastos corrientes ha subido un 5% en este lapso, mientras sufrían un alza de un 34,9% de inflación― y, en los últimos años, los campus no solo han tenido que mudar provisionalmente su enseñanza a la red, sino que han sufrido una subida desbocada de la factura eléctrica por la guerra de Ucrania. A estos enormes contratiempos han frente con una partida específica de Bruselas y gracias a los 456,2 millones de euros ganados en sentencias al Gobierno de Esperanza Aguirre, que incumplió sus planes de infraestructuras. Ese dinero se ha acabado y los rectores escenificaron por fin su enorme indignación el pasado abril.

“Madrid, con el PIB más alto, no es precisamente la que más invierte en I+D. Necesitamos una financiación basal. No cubre los gastos de personal. Hay obsolescencia en todas las infraestructuras”, denunció en el acto entonces Ángel Arias, rector de la Carlos III. Entonces calcularon ―y los gastos no dejan de crecer― que necesitaban “para salvar los muebles” 200 millones de euros, un 18% más de la partida de 2024.

La cuantía madrileña de 200 millones cubre los mínimos para seguir abriendo cada día. Los rectores catalanes, también muy mal financiados, pero no en esta situación agónica, han pedido a Salvador Illa 400 millones. En Andalucía, mientras, todo parecía encaminado con un plan plurianual razonable, pero la Junta no ha pagado 50 millones comprometidos a sus campus.